Corte ordena fiscalizar a Enel por no refacturar deuda de $7 millones: Cliente demostró lectura errada en medidor
Durante casi dos años, un usuario del servicio eléctrico denunció que la empresa Enel Distribución Chile no emitía regularmente sus boletas de consumo.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, de forma repentina, en junio de 2023, la compañía le cobró más de $7 millones por consumos acumulados, sin ofrecerle alternativas viables para pagar esa deuda.
Frente a esa situación, presentó cinco reclamos ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), siendo acogido el primero de ellos mediante el cual se instruyó a Enel refacturar los montos utilizando el promedio de consumo de los tres meses posteriores a la normalización del servicio.
Pese a lo dispuesto por la autoridad, Enel no cumplió con esa orden y emitió una nueva boleta por $301.412, sin acreditar que la refacturación se hubiera hecho conforme a lo instruido.
En los meses siguientes, la SEC fue rechazando los reclamos posteriores del usuario y dando por cumplida la resolución original, lo que provocó nuevas acciones administrativas del afectado, incluyendo un recurso de protección.
En el proceso judicial, la propia SEC reconoció que la empresa no demostró haber cumplido con lo ordenado, y admitió que sus actuaciones posteriores, que validaban la respuesta de Enel, fueron erradas.
Ante ello, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección, considerando que la negativa de Enel a aplicar la refacturación conforme al dictamen del ente fiscalizador, y la falta de fiscalización efectiva por parte de la SEC, vulneraron derechos constitucionales del usuario.
La Novena Sala del tribunal –integrada por los ministros Hernán Crisosto, Mario Rojas y el abogado Jorge Gómez– ordenó dejar sin efecto todas las decisiones de la SEC posteriores al primer reclamo, y dispuso que el organismo verifique que Enel cumpla estrictamente con la refacturación instruida el 17 de agosto de 2023.
El fallo enfatiza que el rol de la SEC, según la Ley N°18.410, es fiscalizar la calidad del servicio eléctrico y proteger a los usuarios.
En este caso, la Corte concluyó que ambas entidades incurrieron en actuaciones arbitrarias, ya que la empresa no refacturó conforme a lo ordenado y la Superintendencia no exigió su cumplimiento, afectando el derecho de propiedad del recurrente.
