Ciper desmontaría teoría de Fiscalía en Caso ProCultura: Gabriel Boric no habría recibido dineros públicos en su campaña
Un nuevo giro tomó este miércoles el Caso ProCultura, luego de que se conociera que la Fiscalía basó una solicitud de interceptación telefónica del Presidente Gabriel Boric en una supuesta confesión que vinculaba recursos estatales con su campaña presidencial de 2021.
Sin embargo, un reportaje publicado por Ciper ha puesto en duda el fundamento del Ministerio Público.
La petición, liderada por el fiscal Patricio Cooper, buscaba autorizar escuchas telefónicas al mandatario en el marco de la investigación por presunto financiamiento irregular a través de convenios estatales con la fundación ProCultura, cofundada por el psiquiatra Alberto Larraín, cercano al jefe de Estado.
Si bien el Juzgado de Garantía de Antofagasta rechazó la solicitud, su contenido generó fuertes repercusiones políticas.
“La plata se gastó en la campaña del Boric”, habría dicho Larraín, según una conversación interceptada por la PDI, citada como evidencia clave por el Ministerio Público. Esta frase fue mencionada en una grabación del 14 de octubre de 2024.
En ella, Lucía Bustamante, dueña de la imprenta Andros, relataba que Larraín se negó a pagarle una deuda, argumentando que el dinero ya había sido utilizado con fines electorales.
¿Fondos públicos o aportes privados?
El reportaje de Ciper desmintió la versión inicial del Ministerio Público. Según la investigación periodística, los fondos utilizados en los proyectos culturales vinculados a ProCultura no eran de origen estatal, sino provenientes de donaciones privadas.
Aportes hechos por Enel, Anglo American y Minera Candelaria bajo la Ley de Donaciones Culturales.
Además, las facturas emitidas por la imprenta Andros -por un total de $41,9 millones- corresponden a servicios realizados entre agosto y octubre de 2023, dos años después de la campaña presidencial de Boric.
Lo anterior, debilita el argumento de que los fondos fueron desviados a esa elección, como sugirió inicialmente la Fiscalía.
Además, el mismo reportaje señala que no hay evidencia en la carpeta investigativa que confirme que esos recursos terminaron en la campaña.
También se estableció que Bustamante fue proveedora oficial del Servel y trabajó formalmente para la candidatura del hoy Presidente, facturando cerca de $25 millones por material electoral, lo cual no constituiría en sí una ilegalidad.
