En el marco de la evaluación ex-post del Programa Mujeres Rurales 2022-2024 (convenio INDAP-Prodemu), en Rimisp tuvimos la oportunidad de dialogar con mujeres que habitan territorios rurales de todo Chile.

Este programa único, destinado a mujeres rurales en nuestro país, tiene más de 30 años y se distingue por su enfoque integral, generando un gran impacto en el empoderamiento de mujeres rurales. Usuarias a lo largo de todo Chile valoran esta integralidad y declaran sentirse “transformadas” por la iniciativa.

En el año 2022 pasó de ser un programa de carácter social a uno de fomento productivo y, en línea con los criterios de rentabilidad social de las políticas públicas, hoy debe dar cuenta más que nunca de su eficacia. Específicamente, si logra o no el aumento de ingresos de las mujeres rurales.

Como pudimos dar cuenta, el Programa Mujeres Rurales pasa la prueba: el porcentaje de mujeres que tuvo producción aumentó significativamente y se triplicó el número de usuarias que comenzaron a percibir ingresos en el marco del programa. Pero el aumento de ingresos por sí sólo no refleja la contribución que hace el programa, especialmente en la disminución de las enormes brechas sociales, económicas y culturales que enfrentan las mujeres rurales, y que son la base para su desarrollo económico.

En este 8 de marzo atestiguamos medidas antidemocráticas a nivel mundial, opuestas a la focalización en segmentos de la población que se consideran “minorías identitarias” (por ejemplo, ser mujer rural). En concreto toman mayor visibilidad las voces que cuestionan el sentido, tanto de instalar el enfoque de género en el diseño de las políticas públicas, como de posicionar un horizonte de desarrollo con apellido “rural”.

Esta vez quisimos aportar dos evidencias a la reflexión. La primera, las mujeres no son una minoría y tampoco son minoría en el campo. En Chile las mujeres representan el 50,7% de la población total, y el 48,6% de la población rural (CASEN, 2022).

Además, se ha documentado el aumento de la proporción de mujeres en la pequeña agricultura durante los últimos años por diversos fenómenos de movilidad demográfica. Aun así, profesionales que implementan el programa recogen cuestionamientos respecto a estar atendiendo a una minoría en desmedro de programas con mayor alcance e impacto.

Y es que efectivamente, en términos de implementación, la iniciativa atiende al 1% de las personas que acceden a la oferta de programas de INDAP, y su presupuesto corresponde al 0,7% respecto del total de programas.

Entonces, aunque a nivel internacional exista consenso sobre el rol clave de las mujeres rurales para el desarrollo y la seguridad alimentaria (ver link), y la agenda pública nacional haga eco de esta evidencia; aspectos del programa, como su alcance y su falta de integración respecto a la oferta pública territorial, aún no lo reflejan.

La segunda evidencia es que ser mujer y ser rural no conforma una “identidad” que se refleje en una sola cosmovisión, prácticas o propósitos comunes. Existen situaciones comunes y barreras que afectan a las mujeres rurales en Chile, que deben ser recogidas por la política pública.

Por ejemplo, que la mayoría son mujeres de mediana edad y mayores que viven en condiciones de aislamiento geográfico, en general poseen educación formal básica, y tienen una alta dependencia de sus entornos familiares para movilizarse y acceder a servicios territoriales. Sin embargo, los modos de vida en la ruralidad son muy diversos.

La mayoría de las usuarias del Programa Mujeres Rurales, lejos de estar desocupadas, son multifuncionales: sus trabajos son esporádicos e informales, en compatibilidad con labores de cuidado a terceros y la administración del hogar.

Algunas mujeres son dirigentas sociales, un tercio son indígenas, otras son mujeres profesionales, artesanas, de residencia no permanente, micro-productoras, ayudantes de cocina, y otras recién llegadas al campo, con la necesidad de aprender a trabajarlo.

En consecuencia, el deseo de ampliar los ámbitos de su participación económica y productiva responde también a propósitos diferentes: autosustentarse, proveer recursos para sus familias, reconocerse como personas “capaces de aprender”, “salir de la casa”, “liberarse”, y también “rescatar saberes locales”, asociarse, innovar y mejorar su sistema de producción.

Junto con aumentar los recursos y cobertura a programas como éste, es crucial integrar criterios de rentabilidad social basados en la población específica a la que impactan, sus barreras y propósitos de desarrollo.

El enfoque de género es una herramienta de la política pública para eliminar barreras sistémicas. Las mujeres rurales como segmento clave de nuestra población, y no como minoría identitaria, representan entre otras cosas, un conjunto de oportunidades para avanzar hacia el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Junto a ellas y a quienes dan vida a programas como este, seguiremos trabajando para que, más allá de la corrección política, reconozcamos iniciativas exitosas y avancemos en la construcción de políticas públicas que las sustenten.