Una trabajadora migrante que estuvo empleada entre marzo de 2022 y marzo de 2023 demandó a su empleador porque, además de despedirla sin justificación, nunca le pagó sus cotizaciones previsionales, es decir, el dinero que debe depositarse para su jubilación, salud y seguro de cesantía.

A pesar de que un tribunal reconoció que hubo una relación laboral y que el despido no fue justificado, solo ordenó el pago de ciertos beneficios y rechazó la solicitud de la trabajadora para declarar nulo el despido.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, el problema surgió porque el tribunal consideró que, como el empleador nunca descontó de su sueldo el dinero destinado a sus cotizaciones, no se podía sancionar la falta de pago con la nulidad del despido.

Ante esto, la trabajadora presentó un recurso de nulidad en la Corte de Apelaciones de Santiago, señalando que la ley no exige que el empleador haya retenido fondos, sino que lo importante es que las cotizaciones se hayan pagado, cosa que no ocurrió en su caso.

Además, argumentó que su situación migratoria no debía influir en el reconocimiento de sus derechos.

La Corte de Apelaciones le dio la razón y anuló parte del fallo anterior. En su decisión, estableció que los trabajadores extranjeros tienen los mismos derechos laborales que cualquier trabajador en Chile, sin importar su estatus migratorio.

Además, dejó claro que los empleadores están obligados a pagar las cotizaciones previsionales durante toda la relación laboral, y si no lo hacen, el despido no tiene validez hasta que se regularice la deuda.

Monto total que deberá pagar el empleador

El fallo ordena el pago de las cotizaciones previsionales adeudadas desde marzo de 2022 hasta marzo de 2023, además de las remuneraciones desde el despido hasta que se regularice la deuda. Basado en lo establecido en la sentencia, los montos son los siguientes:

- Cotizaciones previsionales adeudadas: $1.029.600, que incluye los pagos obligatorios a AFP, salud y seguro de cesantía por los 13 meses trabajados.

- Remuneraciones impagas: $9.900.000, correspondientes a 22 meses de sueldo desde el despido hasta enero de 2025, momento en que se dictó el fallo.

- Total estimado a pagar: $10.929.600, sin considerar reajustes e intereses.

Estos valores pueden aumentar dependiendo del tiempo que tarde el empleador en cumplir con la sentencia, ya que la Corte ordenó que los montos sean reajustados y pagados con intereses.