En Chile las tomas son una mezcla de habitantes sin vivienda, aprovechadores del sistema y otros tantos desconsolados que buscan un refugio para ellos y su familia. Ahora bien, esta realidad no es en ningún caso el espejo de Chile.

Nuestro país ha avanzado en las últimas décadas en materia de vivienda, acceso al consumo y modernizaciones respectivas, no obstante, las políticas públicas no han sido suficientes para cercenar una realidad donde necesitados y sinvergüenzas forman una sola “familia”.

Una ironía que obliga a separar la paja del trigo, al delincuente del necesitado y al aprovechador del carente. Tal es el caso de la megatoma de San Antonio, una que hoy por hoy se encuentra el ojo del huracán.

El reciente fin de semana hubo una serie de encuentros entre el Gobierno y los habitantes que dio como resultado la creación de las primeras 16 cooperativas que agrupan a cerca de dos mil familias interesadas en adquirir el terreno en cuestión. Gloria Maira, delegada ministerial del Minvu para la megatoma aludida, destacó la importancia de estas cooperativas como una vía legal para la compra de terrenos no habilitados para la vivienda.

Por su parte, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio es dueña del terreno desde el año 1997. El plan original era que el terreno fuera expropiado por el MOP para la construcción de un acceso a la comuna. Sin embargo, desde el 2019 una gran cantidad de personas llegó a vivir al predio.

Para algunos, nos encontramos indudablemente en una “toma”, para otros en un “campamento”. Por este último entendemos el asentamiento donde ocho o más familias, que habitan viviendas agrupadas o contiguas, se encuentran en una situación irregular de tenencia del terreno y carecen de acceso regular a uno o más servicios básicos de la vivienda (agua potable, energía eléctrica y alcantarillado o fosa séptica).

En cambio, las tomas tienen que ver con la tenencia irregular, pero no necesariamente carecen de servicios básicos ni cumplen con al menos ocho familias (pueden conformarse, incluso, solamente de una vivienda).

Cabe señalar que el fin último fue evitar a toda costa el desalojo de los pobladores de la toma en cuestión, por consecuencia, se apeló a los dueños del terreno y al ministro de la Vivienda, Carlos Montes, para tener una tregua frente al conflicto, diálogo que estableció la prórroga de seis meses consecutivos para evaluar la compra del terreno y la conformación de una Comisión Técnica para evaluar todo el proceso inscrito.

Sin embargo, el punto de inflexión no es meramente aquello, sino el trasfondo de las tomas, el sustento de estas y su reflexión social en pleno siglo XXI.

En esa línea Montes señaló en CNN Chile que actualmente hay 1.472 tomas en nuestro país. Un catastro del año 2024 del Minvu mostró que los campamentos crecieron un 31,3% desde el 2022. El catastro de asentamientos precarios del Minvu mostró que en el año 2022 había 1.091 campamentos en Chile, a los que hasta el año pasado se habían sumado 341, alcanzando los 1.432 en su totalidad.

Considerando esta realidad, se estima que el desalojo de la “toma” de San Antonio siempre fue algo complejo y de poca viabilidad, ella alberga a más de 10.000 personas con 4.136 viviendas que se levantan en 260 hectáreas del cerro Centinela y es visualizada como la toma más grande de nuestro país.

En este sentido, las preguntas son bastantes, las conjeturas son profundas y las aprensiones no se hacen esperar. Por tanto, a continuación me propongo inscribir algunas interrogantes a modo de reflexión política y social.

¿Por qué las llamadas “tomas” han ido al alza en Chile? ¿Qué efecto tienen estas en la inseguridad ciudadana? ¿Son estas símbolo de flojera, conformismo y oportunismo por cierta parte de la población nacional? ¿Cómo poder suturar la herida de la tan anhelada “casa propia” en Chile, considerando que ello forma parte de la ilusión de muchos y “oportunidad” de unos pocos? ¿Es Chile un país de sinvergüenzas que amenazan con quitarse la vida, hacer huelgas de hambres y otros tantos resabios de manipulación justificando las tomas en el territorio nacional? ¿El desalojo hubiese sido sinónimo de justicia social, o bien, de inconsciencia humana?

Estas y otras preguntas sugieren una reflexión solidaria y consciente. El espacio público no puede continuar “avalando” a sinvergüenzas que se albergan en tomas y campamentos por doquier, necesitamos construir herramientas que logren separar el trigo de la cizaña, al necesitado del aprovechador, al carente del utilitarista y al vulnerable del “loco pillo”, ese que, dicho sea de paso, habita como arena de mar en nuestro país.

Entonces, de esta forma, Chile caminará hacia un equilibrio de razón y reflexión, esa que ve en la llamada megatoma de San Antonio no solo un índice de pobreza y necesidad, sino también de aprovechamiento y múltiples sinvergüenzas infiltrados que desean tener casa usufructuando del patrimonio privado de un tercero y enarbolando la bandera del abuso territorial sin culpa alguna.

Una triste realidad que esperamos que durante los próximos seis meses, y tras el consenso de frenar el desalojo de la toma de San Antonio, se abra para dar pie a una discusión de fondo, a un tema país, donde campamentos y tomas sean tratados con profunda seriedad, no sacrificando sistemáticamente los recursos del Estado en pro de la sonrisa del “pueblo”. Necesitamos políticas públicas racionales y coherentes, de lo contrario, terminaremos “desvistiendo a un santo” para vestir a otro.