La Ministra en Visita Extraordinaria para causas de Derechos Humanos, Paola Plaza González, de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictó sentencia de primera instancia en el caso que investiga el secuestro y homicidio calificado de seis trabajadores y dirigentes sindicales de la empresa de electrometalurgia Elecmetal, ocurridos en septiembre de 1973, en Santiago.

También se sobreseyó a Patricio Altamirano Ortúzar, civil y gerente de la empresa Elecmetal en el momento de los hechos, quien previamente había sido señalado como responsable de los secuestros.

Según el fallo, las decisiones de sobreseimiento se basan en el fallecimiento de Valenzuela Romero durante el proceso y en el diagnóstico de enajenación mental de Altamirano Ortúzar, declarado judicialmente.

Francisco Ugás Tapia, abogado jefe del Estudio Caucoto Abogados y representante de la familia de Augusto Andino Alcayaga Aldunate, una de las víctimas, expresó que la sentencia fue recibida con sentimientos encontrados.

"Por un lado, valoramos que se haya dictado una sentencia definitiva de primer grado que resuelva este episodio denominado “Elecmetal". Pero por otro lado, nos embarga cierta decepción, porque aquí ha operado la impunidad biológica. Ello, toda vez que la muerte de Fernando Valenzuela y la enajenación mental de Patricio Altamirano nos han impedido tener Justicia en el ámbito criminal”. 

Ugás añadió que, a pesar de los 51 años transcurridos desde los hechos y de que el proceso criminal logró establecer la participación de ambos acusados, su expectativa era lograr una sentencia condenatoria en el ámbito penal, algo que no será posible debido al tiempo transcurrido y la situación de los imputados.

Así, el caso concluye sin responsables condenados por su implicación en estos crímenes, aunque la Ministra aceptó las demandas civiles de cinco de las víctimas, ordenando el pago de indemnizaciones por daño moral a sus familias.

Es importante señalar que la familia de Augusto Andino Alcayaga Aldunate recibió reparación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros Vs. Chile”.

Este es el único caso chileno resuelto por ese tribunal internacional en el que, en materia de crímenes de lesa humanidad, se ha afirmado la inaplicación de la prescripción extintiva de la acción civil, lo que constituye un precedente importante en la región para la protección de los derechos humanos.

Los Hechos

El 17 de septiembre de 1973, alrededor de las 10:00 horas, un grupo de Carabineros, dirigido por el capitán Fernando Galvarino Valenzuela Romero, llegó a la empresa Elecmetal, ubicada en Av. Vicuña Mackenna Nº 1550, en la comuna de Ñuñoa, tras un llamado de los ejecutivos de la compañía.

Fueron recibidos por un representante de los dueños de la empresa, quien los guió al interior del recinto en busca de seis trabajadores, todos dirigentes sindicales que habían tenido un papel destacado en la toma e intervención de la fábrica en octubre de 1972.

Los carabineros procedieron a arrestar a Augusto Andino Alcayaga Aldunate, contador general de la empresa y presidente del sindicato de empleados, junto con José Rosa Devia Devia, José Maldonado Fuentes, Miguel Alberto Fernández Cuevas, Juan Dagoberto Fernández Cuevas y Francisco Flores Flores, todos ellos miembros del sindicato de obreros.

Los seis fueron sacados de las instalaciones de la empresa.

Alcayaga y Fernández Cuevas se encontraban en las oficinas de la gerencia y fueron trasladados en vehículos policiales y uno proporcionado por la empresa.

Fueron llevados a la comisaría correspondiente y, entre el 17 y el 18 de septiembre de 1973, sus cuerpos fueron encontrados en la vía pública, específicamente en la Avenida Macul.

Ambos presentaban múltiples impactos de bala, algunos con extremidades mutiladas y señales de haber sido torturados. Los cuerpos fueron identificados en el Servicio Médico Legal.