Cambiar de año para muchas personas es sinónimo de balances y evaluaciones y también para proyectar y planificar, lo que permite observar lo realizado y también marcar la ruta de navegación para el futuro.

Para organizaciones como APROFA, que tienen una larga trayectoria en temas específicos, como son la salud sexual y salud reproductiva, realizar este proceso es fundamental, no solo por lo que significa para nuestro quehacer institucional, sino que también, al ver el desarrollo de los hechos, nos da luces de cómo están siendo afectadas las personas para las que trabajamos.

En ese sentido, el 2024 terminó sin los resultados que esperábamos.  Al cierre de esta columna, aún no se ha presentado el tan esperado proyecto de ley sobre el aborto legal. Su importancia radica en la necesidad de continuar avanzando en la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, ya que las tres causales establecidas en la Ley IVE no son suficientes.

Sin embargo, confiamos en que la demora de su presentación se debe a que desde el Gobierno se está trabajando en un documento que contenga todas las claves necesarias para que sea un proyecto de ley eficiente, para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. 

Según las ultimas cifras conocidas al respecto, más de 300 niñas y adolescentes constituyeron la tercera causal, vinculada a un embarazo producto de una violación. Esto sin duda, es fundamental para entender por qué todas las personas de nuestra sociedad deberían estar de acuerdo, sin importar el partido político o la clase social, en que niñas, jóvenes y mujeres se enfrentan a situaciones límites, que las llevan a tomar la decisión de interrumpir un embarazo. No es un capricho, no es un nuevo método anticonceptivo, es la respuesta que debería entregar el Estado a aquellas personas que necesitan decidir sobre sus cuerpos, su salud y su bienestar.

Por otro lado, 2024 terminó sin presentar avances en que Chile exista una ley de Educación Integral de la Sexualidad (EIS), una cuestión cada vez más urgente. Las infancias y adolescencias continúan siendo privadas de una educación basada en evidencia científica, adaptada a las distintas edades y que proporcione herramientas para vivir una sexualidad basada en el respeto, libre de discriminación y violencia. 

Es urgente que nos centremos en esta temática, para así construir desde las bases una sociedad abierta a la equidad e igualdad, al entregar información e insumos para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados, así como para respetar a las personas, promover el consentimiento, conocer el propio cuerpo y aprender a identificar abusos, entre otros aspectos clave que solo contribuyen al beneficio del país impactando directamente en la salud pública y en atender las causas de una serie de problemáticas que no pueden ser abordadas sólo desde el tratamiento.

Ambas iniciativas son mínimas y esenciales para avanzar en materia de Derechos Humanos considerando el panorama mundial y también el contexto latinoamericano. Recordemos que nuestro país además ha firmado y ratificado tratados internacionales que incluyen recomendaciones sobre la implementación de la EIS y la despenalización de formas de comportamiento que pueden ser realizadas sólo por personas con capacidad de gestar, como es el aborto.

Sabemos que la coyuntura política podría no ser la más favorable para presentar propuestas de leyes cruciales y progresistas, especialmente cuando el conservadurismo avanza rápidamente con el menosprecio de los Derechos Humanos. Ese ha sido siempre el argumento, que no es el momento. Pero, si no es ahora, ¿cuándo?

Confío en que el 2025 nos brinde la respuesta.