Luego de que el jueves último, esto es el 5 de diciembre, se informara acerca de la incautación del teléfono celular de un asesor del Partido Socialista (PS), de parte de la fiscal Paulina Díaz, de la Fiscalía Occidente, en el contexto de la indagatoria derivada del Caso Audios, se han ido conociendo más antecedentes de esta situación.

De hecho, según detalla CNN Chile, fue al abogado Enrique Aldunate Esquivel, a quien se le requisó su smartphone, además de un computador por una eventual filtración de antecedentes contenidos en la carpeta investigativa.

Aldunate representa a los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, ambos del PS, querellantes en la causa que motivó una investigación alusiva a los responsables de haber vulnerado el secreto de la indagatoria.

Desvía la atención

Justamente en este contexto es que desde Acción cívica contra la corrupción, organización privada sin fines de lucro "que vela por establecer un sistema efectivo y transparente de detección, investigación y persecución de la corrupción", reaccionaron abogando porque la causa se siga investigando bajo los márgenes correspondientes.

"@Fiscaliadechile no está habilitada a traspasar su responsabilidad institucional a actores no estatales", comienza advirtiendo la entidad a través de sus redes sociales.

Adicionalmente, esta asegura que "la incautación del teléfono de un abogado querellante en el #CasoAudios desvía la atención pero, por sobre todo, amenaza la libertad de expresión de quien legalmente accedió al contenido de la carpeta investigativa".

"Esta información es de interés público y aplicar otro estándar es pretender silenciar a denunciantes y testigos con medidas intrusivas. No debemos olvidar que este caso se conoció precisamente por filtraciones que permitieron a la ciudadanía enterarse de este escandaloso caso de corrupción, lo que, en la práctica, emerge como un contrapeso real frente a la labor de instituciones en las que se desconfía", agrega el posteo de la entidad en su cuenta de X.