En abril de 2022 como equipo de investigación, hicimos un primer informe de observación en terreno en el entonces Dispositivo Transitorio Fronterizo de Colchane. En dicho informe, entregado a las autoridades regionales, denunciamos que había personas, incluidas adolescentes, retenidas en el “campamento” hasta por dos días sin comer.

Actualmente volvemos a ser testigos de esta situación, lo que fue igualmente denunciado en una columna de opinión de El Mostrador, el 16 de septiembre de 2024, cuando se anunció que niños, niñas y adolescentes (NNA) permanecían en el dispositivo más de 24 horas sin acceso a alimentación, a la espera de que sus familias puedan autodenunciarse ante la PDI.

Esta situación de violencia estatal hoy se encuentra naturalizada en la frontera de Pisiga. A pesar de que la PDI declare estar atendiendo más rápido a las familias que pasan por complejo, consideramos que mientras no exista un protocolo que regule el actuar de la totalidad de funcionarios/as policiales y la supervisión efectiva de su cumplimiento, prevalecerá la discrecionalidad como una práctica que cada vez pesa más en quienes atraviesan esta frontera.

Hemos observado en reiteradas salidas a terreno, en distintos momentos del año y en diversos horarios, incluso cuando el Complejo fronterizo declaró su apertura de 24 horas, que la PDI ejerce abuso de poder y violencia hacia las personas y familias migrantes al momento de atenderlas. Especialmente grave cuando se trata de niños y niñas, cuyas madres nos han manifestado abiertamente sus quejas ante los malos tratos de la PDI, que frecuentemente responde mal a las preguntas de las personas usuarias respecto de su trámite migratorio.

Esta relación violenta que establecen funcionarios/as de la PDI con la población migrante, responde a una realidad histórica de dominación y racismo hacia poblaciones indígenas que habitan la región transfronteriza de Tarapacá, como hemos evidenciado en varias publicaciones.

Es inaceptable que se siga replicando, pero lamentablemente se observa a diario, por ejemplo, en las reconducciones de personas bolivianas, las que pasan a llevar los principios de DD.HH. adoptados por la política migratoria chilena, ya que no se respeta la disposición de que solo pueden ser reconducidas personas solteras. Casos como estos no deberían ocurrir, sin embargo, hemos registrado testimonios en los cuales madres bolivianas con sus hijos/as o en estado de gestación señalan que se les ha informado que serán reconducidas, lo que es ilegal.

Esto se condice con la arbitrariedad que implica que el transporte desde la frontera hasta el Centro Transitorio de Lobito sea casi exclusivo para familias de nacionalidad venezolana. Esto da cuenta de un criterio discriminatorio ilegítimo que solo se puede entender como racista.

El actuar de funcionarios/as de la PDI es abusivo con la generalidad de la población extranjera en la frontera, lo que da cuenta de que no tienen la preparación adecuada para la atención con estándares en DD.HH., desconociendo muchas veces además la legislación migratoria. Por ejemplo, una madre boliviana con residencia temporaria al día fue retenida al momento de hacer unas consultas dentro del Complejo fronterizo, obligándola a auto denunciarse por no tener apostillado el permiso, a pesar de tenerlo legalizado, lo que es permitido por la ley.

Además, hemos recopilado además múltiples relatos de turistas que vienen con sumas de dinero en efectivo que superan el máximo determinado para la “bolsa de viaje” y son acusados de lavado de dinero, o se asume que tienen un vínculo con el crimen organizado, lo que ha llevado a familias enteras a vivir pesadillas burocráticas, por detenciones injustas, sin un criterio suficientemente fundado.

Esto desemboca en gravísimas situaciones, ya que, por miedo a enfrentar esta autoridad arbitraria, algunas personas prefieren esquivar los controles migratorios y cruzar la frontera por sectores inseguros, donde -con cada vez mayor recurrencia- se evidencian muertes en la frontera. Por lo mismo, se insta a las autoridades y a observadores de DD.HH. a velar por la vida de esta población, con especial atención de aquella que se encuentra en desplazamiento forzado y/o ha sido víctima de violencias en ruta, y requieren una acogida ad hoc, comenzando por transporte hacia la ciudad.

Como equipo de investigación del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá advertimos a la autoridad regional, así como a autoridades de la PDI que el incumplimiento de los estándares de DD.HH., de los derechos de los niños y niñas y de la legislación migratoria constituyen una vulneración grave de derechos que solo puede entenderse como violencia de Estado hacia la población migrante.

Es momento de hacerse cargo y tomar medidas que eviten que más infancias, mujeres y hombres migrantes sean castigados en nuestras fronteras, perpetuando criterios racistas en el actuar de las policías.