La Defensoría de la Niñez expresó su preocupación por las modificaciones a la Ley de Migración y Extranjería aprobadas en general por la Cámara de Diputadas y Diputados, advirtiendo que podrían vulnerar derechos fundamentales de niños migrantes, particularmente en áreas como educación y salud.

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, manifestó que la nueva normativa podría infringir tanto leyes nacionales como tratados internacionales. "La solución a la problemática de los cupos y matrículas responde a una política pública educacional, donde no se puede incurrir en una discriminación arbitraria", señaló.

En este contexto, la institución ha enviado diversas recomendaciones a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, enfatizando que los menores en situación de movilidad humana deben tener los mismos derechos que cualquier niño en territorio nacional.

Una de las principales preocupaciones se centra en el acceso a la salud. La Defensoría adviertió que condicionar la atención médica al enrolamiento efectivo podría obstaculizar un derecho fundamental. "Excluir a los niños, niñas y adolescentes del derecho a educarse o de acceder a la salud, no solo es una discriminación por su condición de migrante, sino que también, el Estado de Chile no estaría cumpliendo su obligación constitucional", explicó Quesille.

Si bien el proyecto incorporó algunas sugerencias de la Defensoría de la Niñez, como considerar el interés superior del niño en casos de expulsión de padres o cuidadores, la institución mantiene sus reservas sobre otros aspectos que podrían contradecir la Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, así como la Convención sobre los Derechos del Niño.

"Cuando un niño o niña no está escolarizado se abre una posibilidad a que esté en la calle, y eso genera una condición de vulnerabilidad", concluyó el Defensor.