Un nuevo revés vive la relación de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) con la Contraloría General de la República luego que el ente fiscalizador liderado por Dorothy Pérez realizara recientemente un cambio en los criterios por medio de los cuales un empleado a contrata del sector público puede pasar a planta.

Se trata del polémico dictamen de la últimamente ratificada nueva contralora, que deja en manos de los tribunales el establecer la cantidad de tiempo en la que los trabajadores estatales pueden ganar la "legítima confianza" a través de la cual pueden renovar sus contratos.

Por esta razón es que la ANEF se ha declarado en estado alerta y junto a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) han convocado una serie de movilizaciones, una de ellas el día de la asunción de Pérez como nueva autoridad de la entidad controladora, para manifestar el malestar que existe en torno a la precarización y la inestabilidad laboral de los funcionarios fiscales.

Así fue también la jornada de este jueves, de carácter nacional, cuya convocatoria de acuerdo a la CUT fue de 60 mil asistentes en quince ciudades del país con funcionarios públicos de sindicatos municipales, de la salud, de los ministerios y otras reparticiones del Estado.

Los tres pilares del petitorio del sector público

Estas manifestaciones se dan justo un día antes de la reunión de los movilizados con los ministros Mario Marcel de Hacienda y Jeannette Jara del Trabajo, esto para discutir el petitorio presentado por la ANEF que, según el presidente de la asociación, consiste en tres ejes principales.

El dirigente de la agrupación, José Pérez, dijo al respecto que en primer lugar plantean "un reajuste general que tiene relación directa con recuperar poder adquisitivo y de ser parte del crecimiento del país, y todo lo que significa también el aporte a la ciudadanía... Como sector público lo hacemos todos los días".

"El segundo tiene que ver con rechazar categóricamente el dictamen de la contralora, que es un retroceso, un abandono de deberes y nos deja en una situación donde la estabilidad en el empleo es estratégica para funciones del Estado. Un Estado que precariza las condiciones laborales con esta condición de honorario y contrata", explicó.

Asimismo, el líder sindical agregó que "el tercer pilar tiene que ver con los componentes de la mesa de trabajo con el Gobierno, que tiene también un carácter estratégico. Son materias que (se) cruzan, como 40 horas para el sector público, teletrabajo en el Estado, incentivo al retiro, seguridad funcionaria, entre otras materias".

"Agradecemos a la ciudadanía la comprensión. Mejorando la calidad del servicio público, como creando la calidad de los derechos fundamentales, esto también levanta y dignifica el rol estratégico de la función pública del Estado para tener mejor a la ciudadanía", complementó.

"Es difícil de entender": la postura del Gobierno

Pero de cara al encuentro con las autoridades competentes, el titular de la billetera nacional, Mario Marcel, declaró en una entrevista radial que no ve justificación detrás de la paralización cuando aún no comienzan las negociaciones.

“Protestar por algo que planteó un sector de la oposición a través de una movilización que afecta al público en general, es algo que es difícil de entender (...) Uno puede entender que hay alguna movilización cuando fracasan las negociaciones", comentó.

Asimismo, el encargado de las arcas fiscales argumentó que "desgraciadamente en el sector público eso no está regulado, pero de todas maneras igual es como de sentido común, que es en esas circunstancias se pueden entender las movilizaciones de los trabajadores".

En esa misma línea, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, añadió que “la convocatoria a un paro antes de sentarse a conversar, la verdad, no le encuentro mucho sentido toda vez que estas conversaciones recién se van a empezar a producir”.

"Cada vez que se paraliza existe una ciudadanía que no puede realizar sus trámites o recibir los servicios adecuados. Haría un llamado a que si hay una molestia por palabras de la derecha en torno a la solicitud de reajuste de los salarios públicos, ojalá se los hagan saber a ellos, pero que no sea la ciudadanía los que tengan que asumir este costo", defendió la secretaria de Estado.

Esto último fue criticado por el líder de la CUT, David Acuña, que respondió que lamentan "que los ministros digan no entender por qué efectivamente los trabajadores y trabajadoras públicas llegamos a realizar un paro”, y que le llama la atención que “una ministra que fue dirigenta sindical no entienda la movilización”.

Para este viernes se espera el diálogo entre los voceros del movimiento y las cabezas de los ministerios que tienen directa relación con la realidad contractual de los empleados estatales y sus condiciones laborales, con el fin de avanzar en las negociaciones y lograr llegar a un acuerdo.