La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este martes que desde que cuenta con un sistema de vigilancia de bombardeos contra centros de salud ha verificado al menos 7.400 ataques perpetrados con total impunidad, pues no hay un solo caso en el que el responsable haya tenido que responder por sus actos ante la justicia.

El sistema, inaugurado a inicios de 2018 y que cubre 21 países en conflicto, da una idea de hasta que punto las instalaciones, vehículos y personal sanitario se han convertido en blanco de ataques, pero "no es exhaustivo", indicó a la prensa Rick Brennan, director de Emergencias de la OMS para la Región del Mediterráneo Oriental.

La frecuencia de los ataques es tan elevada que implica que ocurren tres al día y en el periodo citado han ocasionado la muerte de 2.400 personas, recalcó el representante de la OMS.

"De los 7.400 ataques que hemos documentado, ni una sola persona, ni una, ha sido procesada. El incumplimiento del derecho internacional humanitario en los conflictos actuales es increíble, así que pedimos una alianza mundial para la protección de la salud en los conflictos", comentó.

Sostuvo que el mayor número de ataques se han registrado en los dos últimos años en las guerras en Ucrania, pero sobre todo en Gaza, aunque también hubo numerosos ataques -por orden decreciente- en la República Democrática del Congo, Birmania, Siria y Afganistán.

"La diferencia entre este sistema de vigilancia de otros mecanismos de recopilación de datos sobre ataques a la atención sanitaria es que tenemos un sistema de verificación", explicó.

En cuanto a la impunidad, recordó que las autoridades nacionales son las responsables de tomar medidas para llevar a los responsables ante la justicia. "Por supuesto, a veces alguna de las partes en conflicto puede ser gobiernos y tener reticencias", señaló.

Brennan opinó que la comunidad internacional también tiene responsabilidad en ese sentido y los países podrían aplicar en estos casos el principio de jurisdicción universal, el cual confiere competencia a un Estado para juzgar y sancionar al autor de un delito grave definido por el derecho internacional, independientemente de su nacionalidad (o de la víctima) y del lugar en el que se cometió.

Aclaró que ese papel no incumbe a la OMS, que tiene como responsabilidad documentar y crear conciencia en torno a este grave problema, pero "no es un mecanismo legal, ni está dentro de nuestro mandato".