Un grupo de 13 organizaciones, representantes de los pescadores artesanales de la Región del Biobío, acusaron una actitud "manotesca" de parte de una funcionaria de la Subsecretaría de Pesca y, además, piden derogar importante decreto que perjudica al rubro.

Fue a través de una carta enviada al ministro de Economía, Nicolás Grau, que los dirigentes le expresaron su malestar.

En concreto, acusan a la funcionaria de la Subpesca, Lilian Troncoso, de actuar de forma "matonesca y antidemocrática" durante la última sesión del Comité de Manejo Macro zona sur de Sardina y Anchoveta.

Reunión hecha por Zoom en la que la acusada habría tenido un cuestionable comportamiento digno de ser catalogada por las organizaciones como interlocutora inválida de discusiones futuras.

“Su actitud matonesca y antidemocrática no se condice con el espíritu de apertura y transparencia que el gobierno del presidente Boric ha promovido”, expresan los voceros.

En ese sentido, “no será considerada una interlocutora válida en futuros procesos de diálogo con la autoridad debido a su falta de imparcialidad y disposición resolutiva”.

En relación al decreto, piden la derogación del DS80 del 02/07/2029, documento que establece tarifas de certificación de desembarques de conformidad con el artículo 64E de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Dicha instrucción "afecta de manera directa y perjudicial a la economía de la pesca artesanal, uno de los sectores más golpeados en el último año", señalan las organizaciones.

Esto debido a que los desembarques experimentaron una disminución del 68% este 2024, en comparación al 2023.

Ya que este año se han registrado 172.177 toneladas de desembarques, mientras que en 2023 fueron 539.466.

Si las autoridades no derogan este decreto, desde las organizaciones no descartan la realización de movilizaciones "y otras medidas de presión necesarias para defender los derechos del sector".