Durante los últimos días se oficializaron los resultados de un revelador estudio de Ipsos, empresa de investigación de mercados y opinión pública, que compartió los hallazgos de “Claves Ipsos” correspondiente al mes de octubre, materializada con el propósito de identificar las principales opiniones y comportamientos de las y los ciudadanos respecto a temas de interés para nuestro país.

En este contexto, se abordaron temáticas como la corrupción en Chile, la probidad de diversas instituciones y el impacto del Caso Hermosilla.

Respecto de la probidad en las instituciones del país, la que las personas consultadas asociaron a este concepto fue la Policía de Investigaciones (PDI), con 31%, dejando en segundo lugar a las Fuerzas Armadas (30%) y, en tercer puesto, a las empresas privadas y las iglesias e instituciones religiosas, ambas con 25%.

Paralelamente, las entidades que alcanzan 50% o más de asociación a corrupción corresponden a los partidos políticos (76%), agrupaciones secundadas por el Congreso (72%), municipalidades (62%), el Estado (60%), Tribunales de Justicia (60%) y las empresas estatales o públicas (50%).

Un caso distinto es el correspondiente a las fundaciones sociales, que vieron incrementada su imagen negativa asociada a la corrupción, lo que se tradujo en que escalaran de 38%, el 2023, a 43%, lo de desde la empresa de investigación de mercados se explica básicamente por el impacto del Caso Convenios.

¿Y el Estado?

Y al momento de revisar el actuar del Estado, revela el estudio, “la ciudadanía mantiene una postura más bien crítica”, contexto en el que “33% sostiene que el Estado sí posee los instrumentos necesarios para actuar con probidad y transparencia, tales como leyes, protocolos y unidades especializadas”.

Por otra parte, 31% cree que el Estado ofrece a la ciudadanía la posibilidad de revisar o fiscalizar cómo actúa, y de presentar denuncias en caso de ser necesario”.

Frente a las empresas privadas, 40% de los sondeados considera “que son responsables en el pago de sus compromisos con los proveedores, mientras que 36% opina que cuando hay un problema con un producto o servicio, sí se puede confiar en que actuarán correctamente”.

Y cuando el análisis se traslada al nivel de honradez de ciertos grupos, a quienes la gente ve como más honestos, los emprendedores y dueños de negocios pequeños (60%) lideran, siendo secundados por los dirigentes vecinales (31%) y los líderes de empresas (23%).

Y en una situación contraria se encuentran los catalogados como menos honrados, donde destacan “los funcionarios municipales (15%) y las autoridades de gobierno (14%)”.

Atendiendo a estos hallazgos, Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, recalca que “prima un escenario de desconfianza general en la sociedad nacional basado en la idea de falta probidad y comportamiento corrupto, tanto en instituciones públicas como privadas, así como en las personas que ostentan alguna autoridad o desempeñan cargos de liderazgo”.

“Los casos noticiosos de alta connotación pública, como caso Convenios y Caso Hermosilla, han contribuido fuertemente a este ambiente que se ha creado”, agrega.

52% confía poco o nada en entidades anti corrupción

De hecho, según recoge el estudio, tres de cada cuatro personas (75%) dice que hay mucha corrupción en el país, mientras que 71% piensa que hay un alto nivel de corrupción en el Estado.

A estos resultados se suma que 35% cree que hay corrupción entre las personas, y 39% lo ve de la misma manera en la empresa privada.

Incluso, el 52% confía poco o nada en la labor de las instituciones chilenas encargadas de combatir la corrupción, porcentaje que contrasta con el 23% de quienes confía algo o mucho en ellas.

“La mitad de las personas consultadas no confía en la labor que realizan las instituciones encargadas de combatir la corrupción en el país. Y esto es un agravante importante para la crisis de confianza. Probablemente una parte importante de esta desconfianza proviene más de la bajas sanciones y perdonazos que se han observado en eventos pasados, que en base al funcionamiento efectivo de estas instituciones”, dice Ojeda.

Caso Hermosilla

Ahora bien, otra revelación apunta a que los tres casos de corrupción más conocidos o recordados por los chilenos son: Caso Hermosilla (77%), Caso Penta (75%) y Caso Convenios (72%), mientras que el menos recordado de los episodios emblemáticos, es el Caso Cascadas (35%).

Sondeados los involucrados en el estudio respecto de cuál es el caso que más ha dañado la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y/o privadas, el protagonizado por el abogado Luis Hermosilla se posiciona como el que encabeza la nómina, con 56%, seguido del Caso Convenios y el Caso Penta, cada uno con 50%.

Por otra parte, el estudio detalla que en relación al Caso Hermosilla, “75% de la ciudadanía cree que afecta la confianza en la clase política en general”, mientras que otros estamentos afectados en su imagen, derivados de él, son jueces y Poder Judicial (74%) y Ministerio Público o Fiscalía (71%).

Y en el caso de los menos criticados en este ámbito, son los empresarios (56%).

A estos índices se suma que “59% de los chilenos sostiene que el Caso Hermosilla refleja el nivel de corrupción sistémico que se ha instalado en las instituciones del país”, mientras que sólo “8% lo ve como un hecho grave, pero aislado”.

Caso Hermosilla agravará percepción de corrupción

Sobre el impacto que tendrá este, 57% cree que hará caer la confianza ciudadana en la justicia a su más bajo nivel, y 53% piensa que se agravará la percepción de corrupción en Chile.

Pese al desalentador escenario revelado por este estudio, 47% confía en que lo sucedido “aumentará el escrutinio público y generará una mayor demanda de transparencia y probidad en las instituciones públicas y privadas”.

“El caso Hermosilla ha tenido el efecto de confirmar en la ciudadanía el nivel de corrupción que sospechaban que existía en todos los espacios públicos y privados", dice Ojeda.

Según plantea, "se observa como un hito que golpea fuertemente a diversos actores, pero con un importante foco en el sistema de justicia, tanto para el Poder Judicial como para el Ministerio Público. Y esto refuerza la idea de instituciones en el país que deberían ser parte de la persecución de la corrupción y su sanción, pero que no estarían a la altura de su misión o incluso serían partedel problema”.