Hace unos días se conmemoró el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza y, sin duda, es fundamental reflexionar sobre los avances y desafíos que enfrenta Chile en esta materia.

Si bien el país ha logrado reducir significativamente la pobreza por ingresos, alcanzando un histórico 6,5% en 2022, esta cifra no refleja la compleja realidad que viven muchas de las personas que habitan nuestro país, particularmente aquellos pertenecientes a grupos de especial protección.

La pobreza multidimensional, que considera factores más allá del ingreso, sigue afectando a una parte importante de la población. Esta medida revela las carencias en áreas como educación, salud, vivienda y trabajo, proporcionando una visión más integral de la vulnerabilidad social. Es aquí donde los grupos de especial protección, como niños(as) y jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, personas mayores y personas migrantes, enfrentan mayores obstáculos para superar la pobreza.

La infancia sigue siendo uno de los grupos más afectados por la pobreza en Chile. Los niños, niñas y jóvenes no sólo experimentan privaciones materiales, sino que también ven limitadas sus oportunidades de desarrollo y bienestar a largo plazo.

Por otro lado, las mujeres, especialmente aquellas que son jefas de hogar y/o cuidadoras, enfrentan desafíos adicionales para superar la pobreza. La brecha salarial de género, la sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado y la discriminación en el mercado laboral son factores que perpetúan su vulnerabilidad económica.

El Estudio Nacional de Discapacidad y Dependencia del año 2022, refleja que el porcentaje de personas adultas con discapacidad disminuye en los tramos de mayores ingresos, observándose un porcentaje importante de personas con discapacidad en los primeros dos quintiles.

Es decir, se confirma que la discapacidad está vinculada a mayores niveles de pobreza, ya que la falta de recursos dificulta el acceso temprano a salud, terapias, apoyos, ajustes razonables y otras necesidades a lo largo de la vida.

Asimismo, las personas mayores constituyen otro grupo que requiere atención prioritaria. A pesar de los avances en la implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), muchos de ellos aún viven en condiciones precarias.

Finalmente, la población migrante también enfrenta desafíos significativos en términos de pobreza y exclusión social. La falta de redes de apoyo, las barreras lingüísticas y culturales, y la discriminación dificultan su inclusión y acceso a oportunidades laborales y servicios básicos.

Estamos convencidos(as) que para poder dar una buena batalla contra la pobreza, se requiere un enfoque integral que vaya más allá de las medidas económicas. Es necesario abordar sus causas estructurales, tales como la desigualdad en el acceso a la educación, la salud, la falta de oportunidades laborales dignas y a cosas tan básicas, como la información.

Asimismo, es fundamental fortalecer los programas sociales y promover la universalización de políticas clave que garanticen que todos y todas somos sujetos de derecho. En definitiva, fomentar una inclusión sociolaboral que sea más que -solamente- parches en formación y programas que sólo perpetúan los estigmas, estereotipando oficios y roles que pueden cumplir estas comunidades en nuestra sociedad.

Solo así podremos avanzar hacia una verdadera erradicación de la pobreza en todas sus formas y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos para todos y todas que somos parte de este tan hermoso, extenso y diverso territorio llamado Chile.