Durante el último tiempo mucho se ha hablado, escrito y trabajado sobre la necesaria y profunda reforma al sistema político del país, una reforma de primer orden que remueva la estructura de las instituciones, a fin de modernizarlas y lograr una estabilidad a largo plazo y que permita un adecuado funcionamiento de la misma institucionalidad.

Es natural en las estructuras políticas adecuarse y transformarse a fin de cumplir sus objetivos y lograr una representatividad adecuada y un manejo de los recursos públicos que cumpla con los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y probidad.

Ahora, se habla de la reforma al sistema de partidos, de reformas a la justicia, reforma al sistema administrativo, etc., pero ¿y qué pasa con las Municipalidades?

En la Constitución de 1833, el modelo centralista administrativo del país se desarrolló dejando de lado la verdadera participación de las comunidades, otorgándole a la clase política la representatividad de los territorios a través de los intendentes, gobernadores, subdelegados e inspectores, quienes respondían directamente al presidente de turno (a través del Art. 122 y el Art. 127).

Esto, en palabras de Gabriel Salazar, creó una institución de ampulosa generación democrática, pero de solapada gestión subordinada, como un falso histórico que permitió mantener una institución antigua y poderosa como los cabildos, pero bajo un autoritarismo vertical en todos sus sentidos.

Hasta 1891, los municipios eran más que nada una institución dedicada a mantener a raya la soberanía popular, pero sin ningún reglamento o ley que ordenara la institución (recién en 1854 se dicta la Ley Orgánica), pero ese año, con la promulgación de la Ley de Comuna Autónoma, se crean las comunas y sus municipalidades.

Hasta ese momento los municipios eran, más que nada, un brazo de un Ejecutivo intervencionista pero, con la Ley de 1891, se transformaron en una verdadera forma de poder local efectivo, abriendo la puerta a una gobernanza municipal, especialmente a través de servicios públicos que necesitaban urgente los territorios.

Esto también transformó a los municipios en reductos de poder político partidista, donde el manejo de los recursos públicos quedo a disposición de aquellos elegidos para gobernar los territorios, por lo que comenzó la lucha descarnada por el control y manejo de las municipalidades y sus recursos.

Así se fueron consolidando como una plataforma política de los partidos, desarrollándose una especie de absolutismo municipal, donde los alcaldes “eran” el municipio, bajo cuyas ordenes la administración de los mismos se adecuaban a los intereses de quien ocupara la alcaldía, lo que se ha constituido como un pilar estructural de los municipios en Chile.

Y así se ha mantenido el sistema estructural municipal durante los últimos 133 años, más allá de las reformas y rearticulaciones a las que fueron sometidas durante la dictadura, no ha variado su sentido ni su forma de hacer/trabajar.

De hecho, la dictadura completó su trabajo de despolitización en las municipalidades, logrando que las redes sociales y comunitarias se alejaran de lo público, y bajo la lógica de la subsidiariedad los municipios se hicieron cargo de las obligaciones del Estado.

Para Verónica Valdivia, los municipios se transformaron en los ejecutores del neoliberalismo, corporizando la cultura, la salud y la educación y los servicios básicos. En suma, las municipalidades han profundizado los pilares de la dictadura y del modelo impuesto, no solamente a través de lo estipulado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, sino que en las mismas prácticas de gestión y administración municipal.

Hoy, que nuevamente hay elecciones ad portas, el análisis del sistema municipal del país arroja graves deficiencias, especialmente cuando los municipios se han transformados en focos corruptos de la administración pública. Miles de millones defraudados corruptamente, a través de maniobras que se vienen ejecutando desde los tiempos de la dictadura, a través de tratos directos, compras y licitaciones turbias que, aunque terminen muchas veces en los tribunales, parecen no tener fin.

Alcaldes, concejales, funcionarios, de distintos tipos y categorías utilizan los recursos públicos de las municipalidades en mantener el status quo de un sistema diseñado para ser corruptible.

Los municipios, que a duras penas cumplen con su rol público, terminan siendo cajas pagadoras de favores políticos de distinto tipo, no solamente personales, sino que a nivel de partidos políticos. No es novedad que los cambios de administración municipal traigan consigo innumerables despidos (neoliberales en la protección del trabajador) e innumerables nuevas contrataciones de miembros de partidos políticos y amistades, cuyo fin no es otro que pagar favores políticos y económicos.

Hoy tenemos más de 600 causas abiertas en los municipios por malversación de fondos, fraudes al fisco, negociación incompatible, contrataciones ilegales o fuera del marco normativo, etc., no como casos aislados, sino como ya parte estructural del sistema político municipal, y por ello vemos el desfile de autoridades en tribunales, intentando desligar responsabilidades personales y achacándosela al mismo sistema.

La reforma al sistema político municipal es urgente, no solamente como representantes directos del poder del Estado en el territorio, sino que también como administradores de los recursos públicos, que al parecer quedan bajo el absolutismo alcaldicio, que muchas veces puede ser legal, pero antiético.