Hace unos días, se dio a conocer la decisión de la Fiscalía Nacional Económica, alusiva a su acusación de cinco personas por planificar una colusión para evitar competir en el mercado de los casinos, contexto en el que, según esta entidad, los presidentes de Enjoy, Marina del Sol y Dreams, junto a dos gerentes de la última de estas empresas, acordaron no competir entre ellos por un total de 14 plazas de casinos sometidas a concurso entre los años 2021 y 2022.

Como Marina delató, no será multada, aunque arriesga permisos de operación, un tema que, en diálogo con El Desconcierto, aborda Juan Ignacio Carrasco, socio del Estudio de abogados Peritum y abogado tributario experto derecho corporativo.

“Cuando hablamos de colusión aquí en Chile, lo que estamos diciendo en palabras sencillas, es que nos ponemos de acuerdo cuando la ley a nosotros nos impide ponernos de acuerdo”, explica el especialista.

Respecto de la argumentación de esta normativa, detalla que “si nos ponemos de acuerdo, estamos manejando el mercado y estamos perjudicando los intereses sociales, el bien común, la buena fe, y estamos dañando el sistema de libre mercado”.

Consultado respecto de los ilícitos en que habrían incurrido estas empresas, Carrasco asegura que “los delitos que involucran este tipo de acuerdo que tienen estas tres compañías, son principalmente dos: colusión, que está tipificado en el artículo tercero de la letra A del Decreto de Ley 211, (de) la ley anti monopolio que evita la concentración, y también el atentado de la libre competencia, del artículo 1 del Decreto Ley 211”.

Fiscalía pide multa altísima en la historia de Chile

“Respecto al prejuicio económico, si bien todavía no se ha podido cuantificar, porque es súper difícil poder cuantificar este tipo de perjuicio, se estima que podría ser significativo, por eso la Fiscalía Nacional Económica ha solicitado al Tribunal de la Libre Competencia que se imponga una multa que es altísima en la historia de Chile", recalca.

Especpificamente, detalla, "es de 151 millones de dólares, esto principalmente porque habría perjudicado a (los) municipios, al no recibir el ingreso por los conceptos del impuesto a los casinos".

Y, complementa, "también al Fisco por los millonarios ingresos por licencia de casino, ya que la colusión pudo haber reducido el monto de la oferta", un daño que además sería extensivo a "los consumidores, por haberse privado de una competencia real”.

En relación a cuál podría ser el resultado de la investigación, Carrasco asegura que, “en este caso, y suponiendo que la Fiscalía pide cárcel a los empresarios que estuvieron involucrados en esta colusión, la pena va desde los tres años y un día, hasta los 10 años de cárcel, lo cual se podría haber disminuido notoriamente a través de la relación compensada”.

“Ello, si es que permiten acreditar que hubo una cooperación de forma efectiva, y que aportaban elementos nuevos y fundamentales para la investigación, como pruebas directas de la coordinación anticompetitiva, correos, documentos, reuniones, etcétera”, complementa.

Nivel de cooperación, fundamental

“Entonces, va a ser muy importante determinar el nivel de cooperación en la investigación, para ver hasta cuánto se puede rebajar la condena, o bien evitarla, y también cuáles son los atenuantes que tengan los empresarios que se ven involucrados”, sostiene el experto.

Ahora, complementa, "respecto de las sociedades, está la multa en beneficio fiscal del 30% de las ventas de los productos o servicios involucrados, entonces por eso es que la estimación es que lo que habría perjudicado al mercado, habría sido cuantioso”.

“Respecto de la posibilidad de la revocación de las concesiones, es una medida que efectivamente se podría tomar, si se demuestra que el proceso de licitación fue manipulado a través de prácticas anticompetitivas, en ese sentido se podría accionar el término de la concesión", agrega.

Y, en consecuencia, "reabrir un proceso de licitación y que otros competidores puedan adjudicarse esa licitación”, agrega.

"Aún falta mayor capacidad de fiscalización"

Por otra parte, el experto comenta que, "si bien las reformas a la Ley de libre competencia han endurecido bastante las sanciones, incluyendo la posibilidad de cárcel, aún falta mayor capacidad de fiscalización y monitoreo en los mercados para detectar este tipo de colusión".

"También sería bueno considerar alguna legislación que pueda ser más disuasiva, incluyendo la posibilidad de cárcel efectiva mínima, en caso de que efectivamente fueran condenados por colusión algunos de lo ejecutivos involucrados", asevera.

"Siempre el elemento penal con cumplimiento de pena efectiva, es mucho más disuasivo", recalca.

Siguiendo con su análisis, Carrasco asegura que "esta práctica a lo largo de la historia del país, ha sido muy utilizada".

"Primero, por las sanciones, que por mucho tiempo fueron bajas a nivel de solamente ser una multa", dice al tiempo que asegura que además, "la delación compensada, casi que se metiera en un modelo financiero para determinarlo como un costo operacional".

Y ahora, que se han endurecido las penas, comenta, "sigue siendo casi una práctica de la cultura empresarial, pero que tiene su sentido también en la rentabilidad que le generan, sobre todo a este tipo de industrias que no están tan atomizadas, y que principalmente (para) los tres grandes actores que manejan el mercado, ponerse de acuerdo hace que puedan seguir manteniendo su posición dominante, por esta razón es que esta práctica es muy usual".