Una movida —y compleja— semana tuvo el ministro de Justicia, Luis Cordero. Pese a que el secretario de Estado logró reunir los votos para sacar adelante los tres nombramientos que propuso el Presidente Gabriel Boric a la Corte Suprema, las dudas respecto a la transparencia del proceso fue uno de los puntos clave de la discusión, junto a la necesidad de reformar el sistema de nombramientos al Poder Judicial. 

Cordero, en un intento por adelantarse al debate, inició su presentación ante la Cámara Alta haciendo hincapié en la necesidad de otorgar “normalidad” al máximo tribunal del país que hoy está sumergido en una profunda crisis a propósito de las esquirlas del caso Hermosilla. 

“No es posible eludir que la votación que se realiza en este Senado respecto al candidato al fiscal judicial y las dos candidatas a las corte Suprema se realiza en un contexto especialmente difícil y complejo para el Poder Judicial. La votación de hoy no es pura y simplemente la nominación de tres jueces de impecable trayectoria judicial, es también en algún sentido —en opinión del Ejecutivo— una señal del normal funcionamiento del sistema judicial. La crisis que afecta al sistema es una cuestión inevitable de enfrentar, pero una de las maneras de enfrentarla es dotar de normalidad al funcionamiento de las instituciones”, dijo el ministro a los senadores que debían visar los nombramientos. 

Y es que en la previa de la votación no estaba claro si iban a estar los votos para ratificar en el cargo a Jéssica González y Mireya López, quienes optaban al cargo de ministras, y a Jorge Pizarro, quien postulaba al cargo de fiscal judicial de la Suprema. De hecho, Cordero junto al titular de la Segpres, el ministro Álvaro Elizalde, estuvieron hasta último momento en conversaciones con el comité UDI para asegurar su apoyo. 

De todas formas, pese a descuelgues puntuales, —como el de los dos senadores del PC respecto al nombramiento de López— se logró aprobar las tres designaciones por prácticamente una unanimidad de los senadores presentes en la sesión. 

Sin embargo, más allá de los nombramientos en particular, el debate se abocó a una tarea que tiene pendiente Cordero: reformar el sistema de nombramientos. 

Los plazos que maneja Cordero en medio de la crisis

Fue el mismo Cordero quien fijó el plazo para ingresar el proyecto de reforma al sistema de nombramientos de ministros. “El Ejecutivo ratifica su voluntad de ingresar el proyecto de reforma al sistema de nombramiento antes de la primera quincena del mes de octubre”, dijo el titular de Justicia el pasado mes de septiembre en medio del revuelo que causó la filtración de los chats de Hermosilla situación que dejó en entredicho a los ministros del máximo tribunal Jean Pierre Matus y Ángela Vivanco. 

Los dos ministros, junto a Sergio Muñoz, también integrante de la Suprema, hoy enfrentan sendas acusaciones constitucionales presentadas en la Cámara de Diputados. Eso, sumado al proceso de remoción que abrió el presidente del máximo tribunal Ricardo Blanco contra Vivanco tienen sumergido al Poder Judicial en una severa crisis. 

Cordero, en todo caso, poco puede hacer en el apartado de las acusaciones constitucionales. Más allá de ir siguiendo la tramitación de los libelos acusatorios, e ir comentando según la prensa lo requiera, el ministro ha fijado como estrategia no entrar en polémica con parlamentarios. Sobre todo, considerando que las acusaciones de Vivanco y Matus tienen una amplia base de apoyo en el oficialismo y la oposición. 

En cambio, la mirada de Cordero está puesta en la reforma que debería ingresar, a más tardar, la tercera semana de octubre. 

Entre los parlamentarios, no obstante, reina la incertidumbre. “Este gobierno nos tiene acostumbrados a comprometer fechas y después se hacen los desentendidos”, dice un parlamentario del Socialismo Democrático recordando otros proyectos como el que pone fin al CAE que fue fechado para septiembre y aún no se ingresa. 

Desde el Ministerio de Justicia aclaran que se está trabajando aún en los detalles de la iniciativa. Según dijo el mismo Cordero, se tienen en consideración “tres o cuatro propuestas” previas; entre ellas la realizada por el comité de expertos en el segundo proceso constitucional y la reforma que se presentó en el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera. 

Ambos coinciden en un punto clave: establecer un órgano autónomo que se encargue de las designaciones. 

Ese modelo, sin embargo, tiene detractores —principalmente en la derecha— que plantean que es indispensable mantener el control político en los nombramientos, aunque admiten la necesidad de incluir a académicos u otros actores en el entramado de las designaciones. 

Sea como sea, Cordero cuenta con una buena base de apoyo al estar instalado el consenso de la necesidad de la reforma. 

Cordero bajo la lupa

La votación de nombramientos, de igual forma, tuvo como coletazo una soterrada molestia contra Cordero quien decidió, pese a los cuestionamientos, seguir adelante con los nombramientos. 

En entrevista con El Desconcierto, la jefa de bancada de diputados PDD-Independientes, Camila Musante, criticó la decisión del secretario de Estado aludiendo a que se le solicitó detener los nombramientos que finalmente fueron aprobados. “No queremos más nombramientos con el sistema Hermosilla. Porque no son los ‘jugadores’, las reglas del juego son el problema Y si el Ejecutivo insiste y se producen estos nombramientos con el sistema Hermosilla, vamos a tener el mismo problema con otros nombres”, dijo la diputada previo a la votación que se realizó el miércoles de esta semana. 

La crítica, de todas formas, no es compartida por todos los sectores. Consultado por este medio, el jefe de bancada de diputados PS, Daniel Melo, sostiene que “el trabajo de nuestras instituciones como el Poder Judicial, no puede quedar suspendido por los problemas que conocemos. Es deber de las autoridades tomar decisiones y garantizar su correcto funcionamiento, entiendo que los nombramientos se dan en ese contexto y queda pendiente la reforma a dicho sistema”. 

En esa línea, el diputado apunta a que “se avance con urgencia para dar una señal clara de modernización y transparencia”.

Por su parte, la jefa de bancada de Demócratas, Joanna Pérez, afirma que no podemos darnos el lujo, en momentos donde la criminalidad es altísima, de tener menos ministros de la Corte Suprema”, aunque hace hincapié en que “el Gobierno y el Senado deben tener el decoro de evitar nombramientos de personas posiblemente corruptas o usar estos puestos para pago de favores”.

El senador Iván Flores (DC), quien dio sus votos para visar a los tres postulantes al máximo tribunal, señala a El Desconcierto que “el ministro Cordero pidió al Congreso Nacional que asuma una responsabilidad independientemente de lo que nosotros pensemos en esta oportunidad. Y eso fue lo que hice. Yo voté a favor de la propuesta del gobierno de los tres candidatos entendiendo esa coyuntura”. 

En todo caso, Flores advierte: “Pero de aquí para adelante no me pidan más apoyo. Porque lo que yo espero es que el gobierno ahora en octubre ingrese el proyecto de reforma del sistema de nombramiento del Poder Judicial. Y le pedí expresamente que también hiciéramos algo similar con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, porque es una ‘caja Pandora’ que nadie conoce con certeza y claridad”.