El diputado PC, Luis Cuello, se encuentra por estos días impulsando la creación de una comisión investigadora respecto a los antecedentes que han surgido sobre las supuestas presiones que habría incurrido el equipo del exministro de Vivienda, Felipe Ward, para favorecer un proyecto inmobiliario el Grupo Patio a petición de Luis Hermosilla. 

Pero más allá del caso específico del exsecretario de Estado, Cuello apunta a los vínculos del gobierno del expresidente Sebastián Piñera con el abogado penalista que hoy se encuentra en prisión preventiva por delitos de corrupción. 

“Hermosilla era una persona con acceso a la alta esfera del poder, él trabajó con el ministro Chadwick, era parte de su gabinete, y por lo tanto, al menos la gran parte de las operaciones conocidas hasta ahora tenían relación con intereses del gobierno del expresidente Sebastián Piñera”, dice el diputado. 

—¿Qué se busca obtener o determinar con esta comisión investigadora?

Este hecho se desprende de una de las aristas de este gigantesco escándalo de corrupción que protagoniza Luis Hermosilla y en que fue mencionado el exministro de la UDI Felipe Ward. Y la gravedad de esto radica en que, y esto está comprobado por la Seremi de Vivienda de la RM, que existieron presiones desde el gabinete del exministro Wards para acelerar una certificación que otorgaba el Ministerio de Vivienda y que permite obtener permisos para un proyecto inmobiliario determinado. Ante estos antecedentes, nos parece indispensable reunir toda la información que dispone el Estado a través de esta comisión investigadora para la cual estamos reuniendo firmas. 

—El Ministerio Público también anunció una investigación por esta arista y el ministro Montes sostuvo que remitirá los antecedentes a Fiscalía ¿por qué avanzar en una comisión paralela en el Congreso?

Son ámbitos de responsabilidad diferentes. Por un lado está la arista penal, por otra parte está la investigación administrativa, lo que puede ser la Contraloría. Pero es muy importante que el Congreso no quede impávido, que no observe pasivamente cómo van surgiendo situaciones cada vez más preocupantes que dañan profundamente las instituciones. Por eso es indispensable que podamos constituir cuanto antes esta comisión investigadora.

—Hasta el momento la oposición ha blindado a las figuras del sector que han salido a la palestra respecto al Caso Hermosilla ¿no será está una instancia más de confrontación política que una que pueda determinar ciertas cuestiones importantes para mejorar la institucionalidad?

Creo que una comisión investigadora siempre puede hacer contribuciones. Es relevante que nosotros, a través de las facultades de investigación que tenemos, logremos hacer llegar a la Cámara la documentación correspondiente para contribuir a dejar un testimonio sobre los hechos indagados. El informe y las conclusiones a las que pueda llegar la comisión puede aportar a la dilucidar ciertas cuestiones de este caso. Y en definitiva el Congreso tiene un papel que jugar y cumplir, porque no es aceptable que observe esta situación sin tomar acciones.

—Más allá del caso particular de Ward, ¿cómo impacta a la política y en general a las instituciones el Caso Hermosilla y las diferentes aristas que se han desprendido?

Lo más preocupante es la profundidad de esta red de corrupción que aún no sabemos por completo hasta dónde se extiende. Esto está brotando gota a gota desde el teléfono de Hermosilla. Pero lo que hay que tener en cuenta es que no estamos hablando de un hecho que incluía únicamente a un abogado de un grupo económico. Hermosilla era una persona con acceso a la alta esfera del poder, él trabajó con el ministro Chadwick, era parte de su gabinete, y por lo tanto, al menos la gran parte de las operaciones conocidas hasta ahora tenían relación con intereses del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. 

—Desde la oposición han acusado que las redes de Hermosilla no alcanzan exclusivamente a la derecha, sino que a todo el arco político recordando que el abogado representó a Crispi. De hecho hoy la senadora Rincón endosó los costos políticos tanto a la derecha como a la izquierda, ¿cuál es su visión respecto a esto?

Si uno observa la evidencia, lo que se ha ido publicando, creo que el argumento de que esto es transversal es bastante débil. Si nos fijamos a quienes se nombran o el mismo hecho de la participación de Hermosilla en el gobierno anterior, las relaciones oscuras, espurias y las operaciones ilegales, muchas de ellas involucran a personeros del gobierno del ex presidente Piñera y en particular a la UDI. Pero no observo ningún hecho concreto que me permita decir que esto es transversal y afecta a todos por igual. Todo lo contrario, la evidencia da cuenta de un estrecho vínculo entre las actividades de Hermosilla y el gobierno de Piñera. Por lo tanto, creo que las declaraciones de quienes quieren endosar una responsabilidad política transversal son más bien manotazos de ahogados. 

—El martes se vio una escena particular en que parlamentarios de oposición se mantenían fuera de la sala mientras se llevaba a cabo la sesión especial, Más allá de la crítica política, ¿cuál cree que es la señal que se da de cara a la ciudadanía con este tipo de acciones?

La señal que da la UDI es de arrinconamiento. Aparte de la defensa corporativa, y todo lo que pasó en esta sesión especial, nosotros solicitamos que fuera invitado el exministro Chadwick y lo cierto es que la oposición no solo se negó, sino que bloqueó esta posibilidad. Pero de todas formas, me parece que han salido muy perjudicados con esta acción, puesto que todo el mundo hoy día conoce que parlamentarios de la UDI están escondidos detrás de una puerta para que no para que no se realizara esta sesión especial a propósito de las repercusiones políticas del Caso Hermosilla. Por lo tanto lo que le cabe a la UDI hoy día es que entreguen los antecedentes que tengan a disposición y que no esperen a que esto se vaya sabiendo gota a gota. 

—¿Han estado a la altura las instituciones en la respuesta?

Esto es una noticia de desarrollo. Pero hasta ahora el Ministerio Público ha actuado correctamente en el sentido de que se ha dado la señal que no sólo los delitos menores son perseguidos, sino que también los que son llevados a cabo por los poderosos. Ahora bien, esperamos que el Poder Judicial también aplique las sanciones que correspondan a la ministra Vivanco. Y, por cierto, el Congreso debe pronunciarse respecto a esta situación mediante la acusación constitucional que se va a presentar. En ese sentido, lo que sí es importante tener en consideración es que la ciudadanía no va a tolerar una resolución amañada, simulada, o clases de ética como lo vimos en el pasado. Acá se requieren sanciones ejemplares, porque de otra forma vamos a tener un problema severo de crisis de legitimidad en nuestras instituciones.

—A propósito de la acusación constitucional que usted menciona, ¿la bancada del PC apoyará estas dos mociones de remoción que se van a presentar contra los supremos Matus y Vivanco?

Por supuesto. En el caso de la ministra Vivanco, creo que es muy claro que se configura la causal de notar el abandono de deberes que está en la Constitución. No solamente por la designación, sino también por los vínculos que ella tenía con la Hermosilla y la información que le facilitaba. En el caso del ministro Matus, claramente él faltó a la verdad, incurrió en versiones contradictorias respecto al rol que Hermosilla jugó en su designación. Ante esos antecedentes, y considerando que no se inhabilitó en causas en que estuviera involucrado Hermosilla, es razonable apoyar ambas acusaciones.