Actualmente, de los casos de fraude que investiga la justicia y que involucran a autoridades municipales, representantes de Chile Vamos están involucrados en 30 de los 35 casos con montos más altos, es decir, más del 75% de los casos.

Los primeros lugares de la lista los ocupan las ex alcaldesas Virginia Reginato (Viña del Mar), Cathy Barriga (Maipú), Nora Cuevas (San Bernardo), Graciela Ortúzar (Lampa), los ex alcaldes Raúl Torrealba (RN) y Rodrigo Delgado (Estación Central), Luis Berwart (San Fernando), y los actuales ediles Daniela Peñaloza (Las Condes), y Juan Galdames (Rinconada).

Por su parte, el único diputado para el cual el Ministerio Público ha solicitado el desafuero por fraude al fisco en el llamado "caso convenios", es el ahora ex Republicano, Mauricio Ojeda.

La derecha le había hecho creer a la ciudadanía que entre sus filas defraudar al fisco era algo desconocido o inusual. "No necesitan robar", como diría el chileno de a pie, porque ya lo tienen todo.

El problema es que las conductas delictuales en la función pública no parecen estar asociadas a la necesidad, sino al desprecio por el Estado de derecho y la democracia. Unidas, además, a un ejercicio de la autoridad que se cree más allá de la rendición de cuentas y el alcance de la justicia, a través de un alta discrecionalidad y monopolio en la toma de decisiones.

Cada vez que una autoridad hace mal uso de los recursos públicos o directamente se enriquece de manera ilícita desviando fondos de las arcas municipales, impide que el municipio cumpla con sus obligaciones frente a sus vecinos. Al final, las personas que habitan las comunas son quienes resultan más afectadas, y la corrupción está resultando ser una de las tres mayores preocupaciones de los habitantes, según el estudio de percepción sobre la gestión municipal del Instituto UNAB de Políticas Públicas (agosto de 2024).

Al respecto, cabe recordar que en el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, Chile cayó del puesto 27 al 29, entre 180 países, aunque sigue estando en las primeras posiciones de menor corrupción percibida en Latinoamérica, antecedido por Uruguay (14 en el ranking).

Aunque la justicia avanza en algunos casos, lo cierto es que en lo inmediato alguien más tiene que hacerse cargo del daño causado. Basta ver las condiciones en que las actuales autoridades de Maipú y Viña del Mar recibieron esos municipios, y el trabajo que ha requerido reparar el déficit producto de malas gestiones unidas a conductas delictuales.

Resulta evidente que hay un sector que ha descansado en una confianza inmerecida, y que además cree que las comunas son un tablero en el cual puede poner y sacar candidatos sin importar su relación con quienes viven en ellas. Sin duda, esto último facilita desentenderse, en vez de dar la cara ante quienes votaron por ellos en base a una falsa garantía de probidad y eficiencia. 

Estas conductas perjudican también la confianza en las instituciones públicas y debilitan la democracia, porque los votantes se sienten instrumentalizados por intereses que nada tienen que ver con sus problemas locales y las funciones de quienes fueron elegidos.

Por eso, es importante que los gobiernos locales cuenten con Concejos municipales capaces de fiscalizar la función alcaldicia, desde distintas veredas políticas, reforzando el compromiso con la probidad como pilar de la función pública.

Sólo así contribuimos a proteger la democracia que está siendo asediada por dirigencias y autoridades que la ven únicamente como un medio para retener el poder local al servicio de su propio beneficio.

Crédito de la fotografía: Agencia Uno