Hace unos días, en una actividad en el Congreso Fundación Iguales, Movilh, MUMS, OTD, Acción gay y diversos parlamentarios, firmaron un compromiso para trabajar en la mejora y avance de la reforma a la Ley antidiscriminación, Ley de educación sexual integral y una mejora de la Ley de convivencia escolar.

Fue en este contexto que la directora ejecutiva de Iguales, María José Cumplido, conversó con El Desconcierto y nos comentó cuáles es la expectativa de la entidad que lidera respecto de la agenda legislativa.

“Nuestra expectativa principal como Fundación Iguales, es que el compromiso que firman tanto organizaciones de la sociedad civil como parlamentarios, se traduzca en acciones concretas y urgentes”, sostuvo.

Paralelamente, Cumplido comentó que resulta “imperativo avanzar en la reforma a la Ley Antidiscriminación, la Ley de convivencia escolar y la Ley de educación sexual integral”.

De esta manera, detalló que la reforma a la Ley antidiscriminación “es esencial para asegurar que las protecciones legales sean efectivas, y que las víctimas de discriminación puedan acceder a la justicia de manera ágil y eficaz”.

Urge que escuelas sean espacios seguros

Actualmente, planteó, “la ley presenta limitaciones en términos de aplicabilidad y alcance, lo que dificulta la protección real de las personas LGBTI+”.

Por lo que, atendiendo a la realidad que transparenta, “la reforma debe garantizar mecanismos más expeditos y una mayor claridad en la tipificación de actos discriminatorios”.

Respecto de la Ley de convivencia escolar, asegura que “es urgente que nuestras escuelas sean espacios seguros e inclusivos para todos los estudiantes, sin importar su orientación sexual o identidad de género”.

“La implementación de una Ley de convivencia escolar, que incorpore explícitamente la protección de estudiantes LGBTI+ es crucial para prevenir el bullying y otras formas de violencia que afectan su bienestar y desarrollo”, destaca.

En su desglose de pendientes legislativos, Cumplido también menciona la Ley de educación sexual integral, destacando que “la educación es la base para construir una sociedad más inclusiva y respetuosa”.

“Una Ley de educación sexual integral, que aborde la diversidad sexual y de género desde edades tempranas, no solo contribuye a la formación de ciudadanos más conscientes y empáticos, sino que también es una herramienta fundamental para prevenir la discriminación y la violencia”, enfatiza.

Comunidad LGBTI+, en particular vulnerabilidad

En virtud de todas las urgencias país que estamos teniendo en Chile, desde el ámbito de la seguridad y la crisis que estamos viviendo, ¿cuáles son las situaciones de mayor riesgo a la que está expuesta la comunidad LGBTI+?, es otra consulta que le planteamos a Cumplido, quien releva que “en medio de las múltiples crisis que enfrenta Chile, como la de seguridad, la comunidad LGBTI+ se encuentra en una situación de particular vulnerabilidad”.

“Estas personas son más propensas a enfrentar violencia física y psicológica, discriminación en el acceso a servicios y empleo, y exclusión social”, explica a renglón seguido, destacando además que “la precarización de las condiciones de vida, incrementa el riesgo de que miembros de la comunidad LGBTI+ sean objeto de crímenes de odio y otros actos violentos”.

Lo que, comenta “refuerza la necesidad de fortalecer su protección a través de la legislación y políticas públicas efectivas”.

Cuando le preguntamos desde qué lugar podría trabajar el Estado y los gobiernos locales a fin de avanzar en una agenda más inclusiva, más allá de lo legislativo propiamente tal, Cumplido es clara en detallar el trabajo que se puede hacer desde este sector.

“El Estado y los gobiernos locales tienen un rol crucial que desempeñar en la promoción de una agenda más inclusiva”, dice.

"Falta más compromiso de algunas autoridades"

Porque, según su convicción, “más allá de lo legislativo, es fundamental impulsar campañas de sensibilización y educación sobre diversidad y derechos humanos, capacitar a funcionarios públicos y fuerzas de seguridad en temas de inclusión y no discriminación, y fomentar la creación de programas de apoyo para personas LGBTI+ en situación de vulnerabilidad”.

“También es importante asegurar la implementación efectiva de las leyes existentes mediante el monitoreo y evaluación continua, así como el fortalecimiento de las redes de apoyo comunitario”, dice Cumplido.

Por último, consultada si desde Iguales sienten que en Chile existe un interés real del Estado en general, por avanzar en materias de protección de los derechos y garantías de la comunidad LGBTI+, Cumplido comenta que en nuestro país todavía hay muchas materias en las cuales trabajar.

“Si bien ha habido avances significativos en el reconocimiento de derechos para la comunidad LGBTI+ en Chile, aún queda mucho camino por recorrer”, destaca.

“Desde Fundación Iguales, percibimos que falta más compromiso por parte de algunas autoridades en avanzar en la protección de estos derechos”, dice antes de destacar que “este interés debe traducirse en compromisos claros y sostenidos a lo largo del tiempo, que incluyan tanto la creación de nuevas leyes como la implementación efectiva de las ya existentes”.

En consecuencia, asevera, “la voluntad política es clave para asegurar que el Estado chileno cumpla con su deber de proteger y garantizar los derechos de todas las personas, sin excepción”.

Crédito foto referencial: Agencia Uno