El Instituto Europeo del Sueño, una clínica que se dedica a tratar problemas de sueño, fue acusado de cobrar al Estado por servicios médicos que nunca realizó.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, durante la pandemia, se descubrió que esta institución estaba facturando atenciones que en realidad no se habían llevado a cabo, presentando documentos falsos para obtener pagos de FONASA.

Este descubrimiento llevó a que el Ministerio de Salud investigara el caso y finalmente decidiera sancionar al instituto con una multa y la cancelación de su convenio con FONASA.

El Instituto intentó defenderse, argumentando que la pandemia había dificultado la supervisión interna y que esto había permitido que ocurrieran estos errores.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago no aceptó esta justificación y decidió confirmar la multa de 300 Unidades de Fomento (UF) impuesta por el Ministerio de Salud.

Además, la Corte ordenó que el Instituto devolviera más de 51 millones de pesos al Fondo de Ayuda Médica, dinero que había recibido de manera indebida.

La Corte, formada por tres jueces, revisó todos los detalles del caso y concluyó que el Instituto no había cumplido con sus obligaciones de manera adecuada.

A pesar de que el Instituto había intentado arreglar la situación después del escándalo, como colaborar con la investigación y hacer cambios internos, la Corte consideró que estos esfuerzos no eran suficientes para evitar la sanción.