En octubre de 1973, durante los primeros meses de la dictadura en Chile, varios carabineros de la Subcomisaría de La Granja participaron en la detención y asesinato de varias personas en esa comuna.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, uno de los casos más dolorosos fue el de un joven de menos de 18 años que fue arrestado por carabineros, llevado a la comisaría y, posteriormente, sacado y ejecutado en la vía pública.

Otro caso similar fue el de otro hombre, quien también fue detenido, trasladado a la misma comisaría y asesinado por disparos de los carabineros.

Estos crímenes fueron parte de una serie de operativos en los que las fuerzas de seguridad detenían a personas que consideraban opositores al régimen militar.

Los responsables de estos actos fueron llevados a juicio años después, buscando hacer justicia para las víctimas y sus familias.

Recientemente, la Corte Suprema confirmó las sentencias contra los carabineros involucrados en estos hechos.

En su fallo, la Corte rechazó cualquier intento de reducir las penas argumentando que estos crímenes, considerados de lesa humanidad, no pueden prescribir y deben ser castigados con todo el peso de la ley.

En el caso del joven menor de 18 años, el entonces capitán Héctor Fernando Osses Yáñez fue condenado a 10 años y un día de prisión por su participación directa en el asesinato.

Otro carabinero, Segundo Baldomero Llanos Amariles, recibió una condena de 3 años, aunque con el beneficio de cumplirla en libertad vigilada.

En el caso de Luis Enrique Otts Flores, Osses Yáñez fue condenado a 3 y 12 años de prisión por secuestro y homicidio.

Otro oficial, Aquiles Bustamante Oliva, fue absuelto de algunos cargos, pero se mantuvieron otras condenas en su contra.

La Corte Suprema dejó claro que la gravedad de estos crímenes justifica plenamente las penas impuestas y que los responsables, tanto los que cometieron los actos directamente como aquellos que los permitieron o instruyeron, deben ser castigados.