La diputada e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Lorena Fries (Frente Amplio), habla con El Desconcierto sobre la crisis de seguridad que atraviesa el país, la cual, a su juicio, se debe a diferentes factores que el Estado no ha logrado abarcar: el control efectivo de armas, mejor preparación de carabineros, una política carcelaria robusta y programas de reinserción que cumplan su objetivo.

Sobre las críticas de la oposición al Presidente Boric y emplazamiento para que “asuma el liderazgo” del enfrentamiento al crimen, Fries asegura que “no son más que un intento de aprovechar políticamente la situación”. 

—¿Estamos atravesando una crisis de seguridad?

Creo que la crisis tiene nombre y apellido y se llama crimen organizado. Eso es lo que estamos enfrentando con todo lo que implica que tiene que ver con la cultura de la muerte y de las armas. A mi parecer esa violencia empieza a extenderse en los distintos territorios, especialmente en los más vulnerables. En ese sentido, entiendo que existe una crisis de seguridad en relación a las nuevas dinámicas criminales que estamos viviendo.

—En este gobierno se ha aprobado la mayor cantidad de leyes en materia de seguridad, se ha aumentado el presupuesto de las policías y se han implementado políticas como el plan Calles sin Violencia, pero aún así los crímenes violentos no han disminuido significativamente ¿por donde pasa el problema de inseguridad?

El objetivo de lo que estamos enfrentando es bajar la tasa de homicidio. ¿Por qué motivo? Porque es la tasa que se usa para medir el grado de violencia que existe en una sociedad. Ante ese panorama, tenemos que tomar una decisión respecto de las armas, porque tanto las legales como las ilegales han aumentado. Y eso, en cualquier sociedad, es síntoma de que van a aumentar los delitos. Debemos avanzar en mayor fiscalización de las armas inscritas, que es bastante deplorable, y por otro lado, mucho más control sobre la internación de armas que se hace a través de las fronteras.

Por otro lado, me parece que Carabineros no tiene la formación y la especialización que se requiere para enfrentar esta nueva dinámica criminal. Y la solución a eso obviamente no es para mañana, pero hay que empezar a hacerlo desde ya. Porque no basta con entregar equipamiento. Hay que entender la dinámica criminal. Tenemos que ser capaces de prevenir el crimen organizado. Y eso solo se logra con una inteligencia que hoy día no tenemos en las policías.

—Desde el progresismo siempre se ha planteado como puntal para el combate al crimen la labor del Estado en prevención desde la juventud, ¿cómo se avanza en ese camino?

Cuando hablamos de prevención vemos que hoy mueren muchos jóvenes y que son los jóvenes los que están siendo atraídos por las bandas criminales. Al crimen organizado le da lo mismo quien se muere porque lo reponen por otro. Ahora, pensando en una solución, puedo decir que donde ha dado resultado bajar los niveles de adhesión al crimen organizado ha sido en aquellos países en que hay programas dirigidos a los jóvenes para darles oportunidades y que sientan que tienen un futuro. 

—El presidente recientemente anunció la creación de un nuevo penal de máxima seguridad, ¿cuál cree que es el camino en materia carcelaria?

El tema de las cárceles también es fundamental porque si algo hemos visto en América Latina es que las cárceles ya son una escuela de delitos donde se organiza el crimen organizado. Y lo que vemos en países como Ecuador o Brasil es que desde las cárceles se constituye crimen organizado que luego opera fuera de la cárcel. Por lo tanto, también requerimos repensar el modelo penitenciario.

—¿Hay que endurecer, por ejemplo, el régimen interno en los penales?

Esa es una parte, pero también debe existir una posibilidad real de reinserción para quienes son primerizos, para quienes no están contaminados con el crimen dentro de la cárcel, de manera de que no terminemos como en Estados Unidos que tiene una alta densidad de población carcelaria que no se traduce en disminución del crimen. Al mencionar que se debe robustecer la política penitenciaria estoy pensando cosas como que, por ejemplo, la gran cantidad de mujeres que hay hoy día está en la cárcel por microtráfico sin haber cometido delitos violentos puedan cumplir de otra manera sus penas.

—¿Pero están los programas funcionando para que se genere esa reinserción? 

Eso sólo se hace con más presupuesto y el problema es que a nadie le interesa poner presupuesto en las cárceles. Si queremos tener programas de reinserción que efectivamente funcionen tenemos que poner plata. El gobierno ha dicho que están trabajando en una nueva política penitenciaria, pero a la hora del debate parlamentario sobre el presupuesto, en el apartado de reinserción no aumenta el término presupuestario. 

—¿Ve alguna cuota de responsabilidad del gobierno en la actual situación?  La oposición ha criticado el rol del presidente Boric y lo han llamado a adoptar un rol de liderazgo en el combate al crimen organizado.

Estamos en un momento político donde todo se utiliza para descalificar e impedir algún avance del otro. Y lo digo por lado y lado. Me parece que es tremendamente injusto lo que se hace, porque obviamente el presidente Boric es el líder en el país. Sin embargo, no puede asumir todas las tareas. Si fuera él el único, esto sería una especie de autocracia. Y delega en sus personas más cercanas. En este caso es la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien es la encargada de liderar los temas de seguridad. Y eso no quiere decir que él está ausente de eso, por ningún motivo. Él es el que ha dado el vamos a las políticas que se han implementado desde el gobierno. Por lo tanto, las críticas que se hacen al mandatario no son más que un intento de aprovechar políticamente la situación.

—Usted integra la Comisión de Seguridad, donde están alojados varios proyectos en torno a la materia incluidos los que se acordaron en el Fast Track 2.0. Desde el Ejecutivo y parlamentarios han planteado que no se ha avanzado con la rapidez suficiente. ¿A qué se debe esta situación?

Creo que hay varias razones. El gobierno ha hecho lo suyo en el sentido de presentar proyectos, pero todavía tenemos un tren de proyectos que se demoran más de lo previsto en ser despachados. Ahora, yo no soy crítica a que se demore más, porque eso quiere decir que los estamos debatiendo más y mejor.

Hay proyectos que estamos viendo hoy día, como por ejemplo la ley antiterrorista, que es parte del Fast Track, que es una ley sumamente compleja y que tiene grandes implicancias y por lo tanto, requiere de un debate profundo. Y si no hacemos esos debates, si no ponemos la evidencia sobre la mesa, vamos a terminar legislando para los titulares que es lo que yo le critico fundamentalmente a la derecha. 

—Se están tramitando los proyectos de infraestructura crítica y las RUF que permiten el actuar de militares en labor de orden pública ¿ve con buenos ojos que las FF.AA. se hagan parte del combate a la delincuencia?

Lo que pasa es que son proyectos distintos. El de infraestructura es justamente para proteger infraestructura, no a personas. Por lo tanto, otra cosa es combatir el crimen organizado y para eso las fuerzas armadas no están habilitadas. Entonces, yo no mezclaría las cosas. El de infraestructura crítica es frente a situaciones graves que pueden afectar a la población. Pero el crimen organizado es materia de las policías, del Ministerio Público, y para eso las Reglas de Uso de las Fuerzas sí tienen sentido porque permite que Carabineros tenga la certeza del modo de actuar para que no sean responsabilizados

Por eventuales abusos. Estos dos proyectos están trabados en el Senado porque no hay acuerdo porque la derecha pretende cosas con las que el resto no estamos de acuerdo.

Ni siquiera el gobierno. Por lo tanto, es difícil avanzar para un proyecto que finalmente no va a salir como debiera salir.

—Reponer los tribunales militares, por ejemplo…

Exactamente. Activar eso hoy día significa que volvemos a la justicia militar. Y aquí nosotros tenemos sentencias de la justicia interamericana que nos señalan que hay que reducir al máximo dicho mecanismo y sólo para delitos en contexto de guerra.

—Pero en torno a la participación de militares para labores de seguridad, ¿no lo ve como algo positivo para hacer frente a la crisis?

Yo no lo veo como positivo. Por eso digo que en infraestructura crítica las fuerzas armadas no se van a involucrar en el crimen organizado. Se van a involucrar en cuidar infraestructura cuando sea necesario.

—Pero en el tema de las Reglas del Uso de las Fuerza también se piensa en incluir a las FF.AA.

En las Reglas del Uso de las Fuerzas yo no soy partidaria y tampoco lo son las fuerzas armadas.

—Desde el Ejército dijeron que no estaban preparados para el control del orden público…

Exactamente, y por lo mismo las reglas del uso de las fuerzas son muy acotadas en el proyecto. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con que ellos participen en el combate directo al crimen organizado. Otra cosa es que presten apoyo tecnológico a carabineros, por ejemplo. Hay formas de apoyo, pero no con intervención directa de las Fuerzas Armadas.

— ¿Cómo evalúa el aporte de ese sector a contener la crisis y a generar este clima de unidad que siempre se habla para poder abarcar esta situación?

Yo lo que he visto es que el gobierno procura llegar a acuerdos, incluso dando pasos que finalmente le abren la puerta a la oposición, pero veo una oposición que se siente mayoría y que por lo tanto no acepta nada sino aquello que ellos proponen. Por lo menos en la Comisión de Seguridad hemos tenido proyectos muy mal elaborados, como por ejemplo el que sube de 40 años la pena por homicidio y otros delitos a 50 años, que no tienen ninguna base en términos de ser disuasivos a partir de la pena que se imputa y son 50 años sin beneficio, sin acceso a nada. La verdad es que con 40 años basta y sobra, lo demás es para titulares. Porque se crean más y más delitos, tenemos un problema de hacinamiento en las cárceles. Entonces, eso a mi juicio, es legislar para los titulares.