Nuestro país, de tradición conservadora y renuente a cambios estructurales profundos, ha tenido durante su aún breve historia una lucha que ha incluido a generaciones y generaciones de mujeres en una búsqueda permanente por lograr avanzar en derechos fundamentales, pero que esconde una serie de barreras precisamente estructurales que han hecho que cada avance, cada cambio, cada paso hacia adelante cueste, y cueste mucho más de lo deseado.

Es precisamente esa historia, esa lucha de nuestras abuelas, madres, la que hoy hace que cada avance que se logra en materia de género, no sea sólo trascendental en el presente y hacia el futuro de las niñas y mujeres de nuestro país, sino también un logro que precisamente es transgeneracional.

Cuando hemos mencionado que durante este periodo presidencial hemos tenido avances históricos y significativos en materia de género no lo hacemos desde una mirada subjetiva. Lo hacemos en base a hechos concretos e hitos que me parece importante recordar, en especial entendiendo que dichos hitos también poseen una significación especial para la vida de las mujeres de nuestro país, toda vez que, cada uno de esos logros, corresponde a luchas que han sido sostenidas por generaciones, con barreras estructurales de índole político, económico y cultural y que también les sitúa en su justa dimensión y relevancia.

Cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de la invisibilidad de los cuidados, cuando hablamos de la práctica sostenida y permanente del no pago de alimentos, hablamos precisamente de esas realidades calladas, escondidas y que tanto daño han hecho.

La implementación de la Ley integral de reparación a las víctimas de femicidio; la implementación de la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, junto con la implementación del registro nacional de deudores; la reciente aprobación de la Ley de Violencia Integral contra las Mujeres, ha demostrado no sólo una gestión resaltable desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, sino que también ha visibilizado la importancia de este tipo de normativas y políticas públicas.

Estas acciones no sólo vienen a cumplir con responsabilidades del Estado históricamente postergadas, sino que además permiten en la vida cotidiana a mujeres de todos los estratos sociales, de sectores urbanos y rurales, y con diversas miradas, contar con una estructura pública que las protege, que reconoce problemáticas y necesidades que jamás fueron abordadas en profundidad y que garantizan mínimos civilizatorios tan relevantes como el derecho a una vida libre de violencia y a ser protegidas.

Miramos el futuro con esperanza, con desafíos en materia de cuidados –materia donde hemos ya logrado avances sustantivos– en la disminución de brechas laborales y salariales, en el garantizar el acceso a salas cunas, entre muchos otros temas. Lo miramos con esperanza pues hemos visto ese compromiso de gobierno tanto de nuestro Presidente Gabriel Boric como de nuestra Ministra Antonia Orellana plasmado como un pilar esencial del desarrollo del programa de gobierno y de la mirada país que queremos como sociedad construir.

La labor y la agenda desarrollada en materia de género es histórica, no sólo por la cantidad significativa de avances, políticas e iniciativas que tardaron años o décadas en llegar, sino también por la capacidad de llevar adelante esa misma agenda de género sin miedos, sin vacilaciones y, por sobre todo, con la convicción de que el momento para avanzar decididas es hoy.

Y precisamente hoy podemos decir que seguimos construyendo y avanzando por un Chile para todas.

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