Casos como el de los futbolistas y árbitros vinculados a las apuestas deportivas, Cathy Barriga y el del exsacerdote condenado por abuso sexual, John O'Reilly, son algunas de las investigaciones que ha llevado adelante la fiscal Lorena Parra y que ahora es la encargada de formalizar a Luis Hermosilla y compañía.

La audiencia de formalización de Hermosilla junto a la abogada Leonarda Villalobos Mütter por delitos tributarios, lavado de activos y soborno, continuará el próximo lunes 26 de agosto en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

La exposición de los antecedentes, que se ha extendido más de lo presupuestado, buscará demostrar la culpabilidad de Hermosilla, Villalobos, su esposo y los otros dos imputados del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR) en delitos tributarios, lavado de activos y soborno o cohecho.

Allí, la jefa de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente lidera las indagatorias del Ministerio Público en un proceso judicial de alta connotación pública dada la extensa red que podría desvelarse en el marco de las relaciones laborales y de amistad que han tejido los abogados formalizados en este caso y altas personalidades de influencia política y económica del país.

La condena del exsacerdote O'Reilly

En un hecho que podría sentar un precedente, la abogada litigante logró una condena en la bullada causa del excura irlandés de los Legionarios de Cristo, John O'Reilly, aún cuando el religioso fue sentenciado con cuatro años de libertad vigilada.

El exsacerdote desvinculado por el Supremo Tribunal Apostólico del Vaticano era defendido a ultranza por los apoderados del Colegio Cumbres (políticos, empresarios y clanes de la élite criolla) no solo en términos mediáticos sino también económicos, dada la amplia estratagema de poder que O'Reilly había desarrollado como recaudador de su congregación en Chile.

Desde que fue designada en 2021 por el exfiscal nacional, Jorge Abott, la persecutora ha comandado las diligencias en el Ministerio Público de la zona oriente de la capital con una reestructuración de la unidad de Alta Complejidad hacia el crimen organizado e instaurando la primera repartición en Chile para perseguir delitos con perspectiva de género.