“Nos dicen que Nueva Austria no existe, que nos vayamos porque van a seguir tumbando nuestra selva para hacer chacras de coca. Ellos andan con armas, por eso muchos vecinos se han ido”, dicen dos campesinos que viven en una zona colindante a la Reserva Comunal El Sira, un área protegida que resiste a los embates del narcotráfico y la minería ilegal en las golpeadas regiones de Ucayali, Huánuco y Pasco en Perú. De hecho, esta fotografía es la de muchas otras reservas y parques de la Amazonía de Perú y Colombia, dos países que pierden miles de hectáreas de bosques protegidos por la expansión de cultivos ilícitos de coca y la extracción ilegal de oro.

Para entender la magnitud de este problema en Perú y Colombia, un equipo periodístico de Mongabay Latam construyó una base de datos con información de los mapas anuales de cobertura y uso de la tierra del Proyecto Mapbiomas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) para analizar el impacto de la minería y cultivos ilegales en las áreas protegidas amazónicas, sus zonas de amortiguamiento y espacios aledaños. El resultado de este análisis geoespacial es abrumador: 30 reservas y parques de Colombia y Perú han perdido al menos 51 mil hectáreas dentro y alrededor. El equivalente a casi la extensión de la ciudad de Cali o más de 50 veces el distrito limeño de Miraflores. Un punto importante es que la minería que impacta estas áreas protegidas es tanto legal como ilegal, una devastación que amenaza con transformarlas en islas acorraladas por la ilegalidad.

El procurador ambiental de Colombia, Gustavo Guerrero, explica que es preocupante la conexión entre el narcotráfico, la expansión de la minería ilegal y el acaparamiento de tierras asociado a la ganadería. Los grupos armados ilegales, comenta, se mueven entre esas actividades básicamente motivados por el precio más alto. Y el impacto se puede ver dentro de los parques y reservas.

“Los cambios en las dinámicas ilegales en los parques como Cahuinarí, Río Puré y Apaporis están relacionados con los cambios en los factores determinantes de la deforestación, esto por la disminución en el precio de la coca y la demanda de compra”. La minería ilegal de oro, el coltán y la ganadería, señala el procurador, son factores de deforestación preocupantes que han ganado terreno en la actualidad. Además añade que la minería, a diferencia de la ganadería, genera una deforestación que está asociada también a “problemas sociales y ambientales importantes como la contaminación de los cuerpos de agua y desplazamientos de comunidades indígenas”.

En Perú, esta dinámica tiene otras particularidades. Julio César Guzmán, procurador público del Ministerio del Ambiente de Perú, señala que aunque la minería y los cultivos ilícitos coexisten, generalmente se trata de grupos delictivos distintos. “Pueden compartir espacios por temas de necesidad, como maquinarias y logística, pero el narcotráfico, la siembra de cultivos ilícitos, puede ser más difícil de detectar que la minería, así que no se mezclan para no ser visibles en el mapa”, explica. Para Guzmán, hay que poner la mira en la deforestación que está ocurriendo alrededor de las áreas protegidas, donde crece la agricultura migratoria, así como la siembra de hoja de coca que impulsa el narcotráfico.  “La micro deforestación puede ser de cinco o seis hectáreas, pero al no combatirlas va a permitir que se pierdan las características de bosque y no hay cómo retroceder, porque ya habrá personas cuya economía depende de esa actividad”

Para comprender mejor las presiones que muestran las cifras y las dinámicas que describen los procuradores, cuatro equipos periodísticos viajaron a las reservas Tambopata y El Sira en Perú, y al Parque Alto Fragua y la Reserva Nukak en Colombia. Los periodistas conversaron con decenas de fuentes, entre comunidades indígenas y locales, funcionarios, guardaparques y científicos. La reportería permitió reconstruir cuatro de los casos más críticos detectados en el análisis geoespacial y confirmar que tres problemas se repiten: la presencia de grupos armados ilegales, la ausencia del Estado y las amenazas contra los que defienden las áreas protegidas.

La invasión de la minería

Esta actividad ha arrasado con 33 113 hectáreas dentro y alrededor de 16 áreas protegidas de Colombia y Perú hasta el 2022. El equivalente a más de 41 mil canchas de fútbol. El análisis detectó, específicamente, 680 hectáreas perdidas dentro de parques y reservas, y 32 433 hectáreas en las zonas de amortiguamiento y espacios aledaños. En estos espacios, además, se identificaron un total 1157 puntos de extracción ilegal de oro, gracias a los datos de la  Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) : 201 en Colombia y 956 en Perú. Los datos muestran con claridad cómo el círculo de devastación se va estrechando y penetrando los espacios protegidos.

En Perú, la minería ilegal arrasó hasta el 2022 con los bosques de cinco áreas naturales protegidas: la Reserva Nacional Tambopata (525 hectáreas), el Parque Nacional Bahuaja Sonene (31 hectáreas), las Reservas Comunales El Sira (7,8 hectáreas) y Amarakaeri (5,4 hectáreas), y la Reserva Nacional Alpahuayo Mishana (5 hectáreas). Mientras que en Colombia, la devastación se puede observar a gran escala en los límites de la Reserva Nacional Puinawai (93 hectáreas) y el Parque Nacional Natural Río Puré (13 hectáreas).

Para tener una idea del poder de esta actividad ilícita, basta ver el caso de Perú. La minería ilegal dentro de las áreas protegidas de la Amazonía, esos espacios que se supone deberían ser intocables, es casi 40 veces mayor que la que se registraba a principios del 2000: de 15 hectáreas (2003) pasó a 574 hectáreas (2022). Y el problema se dispara al mirar el impacto en las zonas de amortiguamiento y espacios aledaños a las áreas protegidas. La pérdida es comparable en extensión al Santuario histórico de Machu Picchu, considerando que se trata de una superficie que bordea las 32 120 hectáreas. El análisis detectó que son 11 los parques y reservas amenazados que están perdiendo su cinturón de protección, entre los que destacan la Reserva Comunal Amarakaeri (15 104 ha), seguida de la Reserva Nacional Tambopata (10 077 ha) y el Parque Nacional Bahuaja Sonene (6594 ha).

Lo crítico es que esta destrucción viene acompañada de una ola de violencia que parece imparable. Los equipos en campo registraron letreros intimidatorios con mensajes que dicen: “Muerte a los soplones”, como ocurrió en los alrededores de la reserva El Sira, donde la minería se ha convertido en un problema. De hecho, el análisis detectó 49 hectáreas afectadas en 10 kilómetros a la redonda, lo que guarda relación con los testimonios recogidos en territorio. El exjefe de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Huánuco, José Mendoza, le dijo a Mongabay Latam que “los mineros están como hormigas, especialmente en Tahuantinsuyo. Las máquinas están destruyendo esa zona de la reserva”.

Las intimidaciones se repiten en la Reserva Nacional Tambopata. Un video registrado en octubre de 2023 muestra a un grupo de hombres armados con machetes y a uno de ellos que grita: “hay que quemar a la fiscal”, en alusión a la funcionaria de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) que lideraba entonces un operativo por la invasión de concesiones forestales en la zona de amortiguamiento del área protegida. A ello se suma que hace tres meses, Victorio Dariquebe Gerawairey, líder indígena harakbut, fue asesinado en Madre de Dios, región a la pertenecen las reservas Tambopata y Amarakaeri, ambas golpeadas por la minería ilegal y el narcotráfico. Dariquebe era guardaparque de la última.

César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental en Perú, explica que el aumento de la minería obedece a múltiples causas. “Junto con el precio internacional del oro también está la pandemia del Covid-19, que dejó una situación de crisis económica y falta de oportunidades. También han contribuido las crisis políticas o institucionales del país”. Ipenza destaca, además, los vínculos entre las mafias y la política. “Hay representantes de grupos criminales del narcotráfico y la minería ilegal en el poder ejecutivo y en el Congreso. Facilitan estas actividades y flexibilizan los marcos jurídicos o evitan los operativos de control que permiten el incremento del cultivo de hoja de coca y la minería ilegal”.

La exfiscal e investigadora de la organización ambiental Sociedad Zoológica de Frankfurt, Karina Garay, concuerda en que la minería está fortalecida “porque existen alianzas organizadas donde prima la corrupción de funcionarios”.

En el Congreso de la República de Perú hay sectores, liderados por parlamentarios como Eduardo Salhuana del partido Alianza para el Progreso, y único representante de Madre de Dios, que han realizado varias propuestas de ley que afectarían directamente la lucha contra la minería ilegal, asegura Ipenza. “Parece ser que los mineros tienen una propia bancada multipartidaria”.

Dentro de los proyectos que impulsó Salhuana, y que fueron aprobados en el Pleno, se encuentra la  Ley 31989 que debilita el Decreto Legislativo 1607 —cuyo objetivo era combatir la minería ilegal— e impide a la policía intervenir a los mineros que sean hallados con explosivos y que se encuentren suspendidos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Una segunda iniciativa de Salhuana que se convirtió en ley fue el proyecto 2715-2021-CR, que limita la capacidad para intervenir de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, la Policía Nacional del Perú y la Marina de Guerra. El Observatorio de Minería Ilegal se ha pronunciado con preocupación por la posible elección del congresista Salhuana como presidente del Congreso peruano, un cargo que se elegirá en los próximos días.

El caso de Colombia también es preocupante. La deforestación por minería ilegal dentro de las áreas protegidas pasó de 0.7 hectáreas (2003) a 106 hectáreas (2022), mientras que la pérdida alrededor alcanzó las 313 hectáreas, una extensión comparable con 18 veces el estadio El Campín, en Bogotá. Básicamente, las zonas de amortiguamiento, ese anillo de protección que debería contener la devastación, está cediendo. El análisis satelital muestra que cuatro parques nacionales en Colombia están rodeados por la minería: Serranías de los Churumbelos – Auka Wasi (269 ha), Yaigojé Apaporis (29 ha), La Paya (9 ha) y Río Puré (6 ha).

Nicola Clerici, doctor en Ecología, investigador y profesor de la Universidad del Rosario en Colombia, explica que una de las consecuencias de esta presión en los parques y reservas es que pueden convertirse a futuro en islas rodeadas por la ilegalidad. “Si la cobertura del suelo cambia de ecosistemas naturales a terreno productivo (…) se dificulta el movimiento de la fauna y afecta el intercambio genético entre poblaciones establecidas dentro —y fuera— de las áreas protegidas, lo que finalmente afecta el mantenimiento de la biodiversidad”.

Los equipos periodísticos pudieron constatar en territorio este fenómeno. En las veredas del municipio San José de Fragua, en un punto intermedio entre los parques Serranía de los Churumbelos y Alto Fragua Indi Wasi, algunos de los entrevistados narraron la dinámica de la ilegalidad en esta área intermedia entre las dos áreas protegidas. De hecho, Andrés*, un líder comunitario de la zona, dijo que las dragas llegaron en 2016, pero que su auge se dio tras la caída del precio de la coca.

“[La minería] se hace en riachuelos, pero luego todo va a dar a ríos grandes como el Yurayaco y el San Pedro. Cerca del municipio de Curillo ya hay una laguna grande de lodo”, cuenta con impotencia, pues dice que una comunidad ha denunciado la presencia de 15 dragas en el río Caquetá sin que nadie les haga caso. Esto confirma que la minería ilegal avanza en un área colindante a dos parques colombianos.

El exministro de Ambiente de Colombia, Manuel Rodríguez, se muestra escéptico frente a las acciones de fiscalización del Estado. Precisa que en Colombia, “los grupos armados ilegales han tomado un creciente control del territorio” y protegen a la minería porque los beneficia “mediante la explotación directa o cobrando una participación”. Y añade que esta ilegalidad en el país se puede extrapolar además a otras naciones del bioma. “Todos los países de la cuenca amazónica han fracasado en controlar la minería ilegal, no solo Colombia”, dice Rodríguez y añade que en un área con tan poco control estatal como lo es la Amazonía, lo que ocurre es que “terminan imponiéndose los intereses económicos ilegales”.

El narcotráfico avanza sin reservas 

Cinco veces el tamaño del Centro Histórico de Lima o veinte veces la localidad bogotana de Chapinero pueden ser tomadas como referencia para imaginar la cantidad de cultivos ilegales de coca que hay dentro y alrededor de 21 áreas protegidas de Perú y Colombia. La cifra detectada asciende a 18 283 hectáreas, de las cuales 5217 están dentro de los parques y reservas, y 13 066 alrededor.

Estas son las cifras más recientes, considerando datos de deforestación por cultivos ilícitos de coca hasta el 2022 para Colombia y 2023 para Perú.

La presencia de cultivos ilegales cerca de las áreas protegidas de Perú va en aumento. El verde claro de los sembríos de coca ha tomado 8068 hectáreas dentro y alrededor de 14 reservas y parques amazónicos. Al interior se registran 410 hectáreas y 7658 circundando las áreas intangibles. Si se mira al interior de los santuarios naturales, tres casos saltan a la vista: el Parque Nacional Bahuaja Sonene (288 ha) entre las regiones de Madre de Dios y Puno; la Reserva El Sira (70 ha) entre las regiones Ucayali, Huánuco y Pasco, y el Bosque de protección San Matías – San Carlos (15 ha) en Pasco.

La situación se agrava si se analiza el problema alrededor, considerando unos 10 km a la redonda. En este ranking, lidera la lista el parque Bahuaja Sonene (2189 ha), seguido del parque Cordillera Azul (1362 ha), el Bosque de protección San Matías – San Carlos (898 ha) y la Reserva Comunal Huimeki (667 ha).

Para constatar esta situación, un equipo de Mongabay Latam recorrió dos comunidades indígenas presionadas por la ilegalidad, ubicadas en la zona de amortiguamiento de la reserva El Sira. Los territorios de Nuevo Unidos Tahuantinsuyo y Nueva Austria del Sira son afectados por la minería ilegal, la invasión de tierras, el narcotráfico y las amenazas contra los pueblos indígenas y guardaparques. “En el lado del distrito de Yuyapichis, sobre todo, hemos identificado grandes extensiones de cultivos ilícitos y campos de aterrizaje [ilegales]”, dice un funcionario que es testigo del impacto del narcotráfico en el cinturón de protección de la reserva El Sira.

Lo mismo constataron los periodistas que recorrieron las zonas aledañas a la reserva Tambopata. De hecho, el último monitoreo de cultivos de coca en Perú, realizado por Devida  en 2023, contabilizó tres hectáreas de coca en la zona de amortiguamiento del área protegida, históricamente afectada por la minería ilegal de oro. El equipo periodístico registró la presencia de estos cultivos ilícitos alrededor de la reserva —algo que hasta antes de la pandemia era mínimo—, y la Dirección Antidrogas (Dirandro) detectó, en noviembre de 2023, laboratorios de producción de Pasta Básica de Cocaína (PBC) y cocaína en la zona de amortiguamiento.

Para el procurador del Ministerio del Ambiente de Perú, Julio Guzmán, es necesario atacar el problema por el lado punitivo. Actualmente, la ley indica que si una persona resiembra en un mismo territorio cultivos ilícitos de coca es castigado con 5 a 7 años de cárcel. ¿Es suficiente? “Si se tiene una hectárea de coca y llega la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú, no me puede procesar, solo quemar la hoja de coca e ingresar a la persona a programas de apoyo para sembrar cacao u otros cultivos alternativos. Entonces, esta persona vuelve a abrir el bosque y sembrar otra hectárea [en otro lugar] y no es castigado, porque no se sanciona si es la primera vez que la tierra es usada para la coca. El castigo entonces debe ser la resiembra tanto territorial como personal”, comenta Guzmán, resaltando la importancia de sancionar también a aquellas personas que reinciden en la resiembra.

En el caso de Colombia, siete áreas protegidas están inundadas por 10 227 hectáreas de cultivos ilegales: 4807 ha dentro y 5408 ha fuera. Los casos más críticos son tres: Parque La Paya (1840 ha), Reserva Nukak (1622 ha) y Parque Sierra de la Macarena (1284 ha). Todos esos santuarios han sido penetrados por el narcotráfico y la tendencia va en aumento. Las mediciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur indican que la presencia de cultivos de coca dentro las áreas protegidas de la Amazonía colombiana es la más alta de los últimos cinco años. De 3934 hectáreas en el 2018 pasó a 4807 en 2022.

Si vemos la situación en las afueras de las áreas protegidas, llaman la atención los casos de La Paya (1513 ha), Alto Fragua – Indi Wasi (1207 ha), Serranía de los Churumbelos – Auka Wasi (1114 ha) y la reserva Nukak (1105 ha).

Esta vasta extensión de cultivos ilegales, sin embargo, no está asociada necesariamente a una bonanza económica. Por el contrario, en la visita a campo, los reporteros de Mongabay Latam y Rutas del Conflicto se toparon con una crisis social. Si bien los cultivos de coca se mantienen, la baja en la compra ha llevado a los habitantes de la zona a diversificar sus ingresos y considerar a la minería. En los municipios de Curillo y San José del Fragua, relativamente cerca del Parque Alto Fragua Indi Wasi, al sur de Colombia, un líder señala que la minería se ha convertido hoy en una mejor opción económica para los jóvenes.

Mientras que en Guanapalo, cerca de la reserva y resguardo Nukak Makú, al oriente de Colombia, algunas comunidades están cambiando la coca por la ganadería. “Yo no seguí [trabajando la coca] porque no deja nada, ni para la comida de uno ni para la remesa de los trabajadores”, le dijo un colono de la zona a uno de los reporteros que visitó el área. Sin embargo, precisó que los cultivos se mantienen, porque todavía hay quienes pueden seguir  apostando por la coca: “Los que se siguen arriesgando, manteniendo los cultivos, es porque tienen capital, pero cada vez se meten más adentro de la montaña”.

Candice Welsch, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur, dice que “los grupos ilegales sacan ventaja de las reglas que hay en las zonas de manejo especial (como las áreas protegidas), donde el principal interés es la protección ambiental y donde hay restricciones para atacar los cultivos, como ocurrió en su momento con la aspersión aérea”. Welsch agrega que “probablemente son los mismos grupos ilegales que están haciendo exactamente la misma actividad en ambos lados de la frontera (Colombia y Perú) y usan el río para facilitar el tráfico, pasándolo por Ecuador hasta llegar a los puertos”.

Mafias detrás de los negocios ilegales

Las organizaciones de crimen organizado controlan los territorios y se encargan de amenazar, asesinar y desplazar a quienes se oponen. Los puestos de control dentro de las áreas protegidas van quedando abandonados, sin guardaparques que defiendan los ecosistemas.

La situación de violencia en las áreas protegidas de Colombia es grave. La organización Indepaz mapeó la presencia de grupos armados ilegales por municipio y esa información la superpusimos con la ubicación de los parques y reservas de la Amazonía de Colombia. Ese ejercicio nos permitió establecer que los actores al margen de la ley están presentes en 35 de los 39 municipios que albergan a los santuarios naturales amazónicos del país. De hecho, en 33 municipios hay presencia de las disidencias de las FARC, que además ordenaron la salida de los guardaparques y los amenazaron.

“Los grupos armados y economías ilícitas que impulsan y patrocinan la deforestación permanecen en el territorio, lo que pone en riesgo al personal. Hay un riesgo de ser asesinados tal cual se señala en los comunicados de grupos armados y en las conversaciones que se tienen con actores locales”, le dijo Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) a Mongabay Latam a fines de 2023.

Además, en las áreas protegidas amazónicas de Colombia se han incautado 2.4 toneladas de cocaína, entre 2017 y 2022, en manos de esos grupos armados, según cifras entregadas por el Ministerio de Defensa a Mongabay Latam tras una solicitud de información.

El control territorial que estos grupos armados ilegales ejercen fue constatado en la reportería en la zona de la Reserva Nukak y del Parque Alto Fragua. “Es muy delicado [el contexto], porque toda esa economía está cooptada por actores armados ilegales y hay mucho temor de denunciar en la zona”, cuenta una pobladora del municipio de Curillo. Los entrevistados tienen miedo de hablar, por eso piden que protejamos sus nombres, que los mantengamos en el anonimato. Pero en cuanto se sienten seguros, empiezan a mencionar loss reclutamientos forzados de menores y confinamientos impuestos por los combates entre dos disidencias de las FARC.

“Nosotros no podemos transitar por el río y hay mucho temor. Los más damnificados con todo esto son las poblaciones indígenas que viven hacia abajo”, dice un concejal de Solano, municipio al que pertenece el Parque Nacional Chiribiquete.

En Guanapalo, vereda del municipio de San José del Guaviare, ubicada en las inmediaciones del resguardo Nukak y a 34 km de la reserva Nukak, todo cultivo de coca, actividad de deforestación o de ganadería debe contar con la aprobación de las disidencias de las FARC, que además prohíben la llegada de programas ambientales del Estado. “Cuando les contamos de qué se trataba el proyecto (ambiental) —relata un presidente de una junta en El Retorno—, el comandante nos dijo que tenían que hablar con ellos”, es decir, para que les paguen un soborno o comisión. En la zona también se han presentado amenazas y desplazamientos históricos contra los indígenas Nukak Makú.

Los crímenes contra defensores ambientales y líderes indígenas en Perú marcaron el inicio de una etapa más violenta en la Amazonía del país. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha contabilizado que al menos 24 de estos defensores y líderes han desaparecido o han sido asesinados desde 2020. Esta arremetida evidenció un cambio crítico, pues básicamente las amenazas empezaron a cumplirse.

En la reserva El Sira, la violencia empezó con el asesinato del líder asháninka Mario Marcos López en 2022 y luego siguió escalando. El equipo periodístico que visitó Nueva Austria, comunidad aledaña a la reserva, recogió historias de intimidaciones y de miedo tras confirmar que el  terror ya no se queda en mensajes o llamadas amenazantes.

César Ipenza explica que “la selva de Huánuco, donde está parte de la Reserva El Sira, se ha convertido en el mayor epicentro de minería ilegal y narcotráfico, actividades que trabajan en simbiosis. La corrupción también les facilita el transporte de insumos y que realicen sus actividades sin mayor control, lamentablemente”. Sobre Madre de Dios, comenta que allí “ha aumentado el cultivo de coca e incluso han destruido pistas clandestinas que permitían sacar la droga hacia Bolivia”, lo que demuestra porque estas dos áreas protegidas son estratégicas para los actores ilegales.

En la Reserva Tambopata, en Madre Dios, las amenazas contra las comunidades locales son constantes. Los testimonios recogidos señalan que los mineros ilegales y quienes defienden los cultivos ilícitos de coca se sienten intocables.

De hecho, una de las operaciones de interdicción más importantes contra la minería ilegal en la región de Madre Dios, conocida como Mercurio, quedó en el recuerdo. La que inició con ímpetu en 2019 con 1200 policías, 300 militares, 70 fiscales y logró resultados iniciales, simplemente llevó a que los mineros se trasladaran a otros sectores como Barranco Chico y Mangote, a las cuencas de los ríos Punkiri y Pariamanu, y a las zonas de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri y del Parque Nacional Bahuaja Sonene. Tras la operación Mercurio, vino el Plan Restauración, pero la falta de operativos por la pandemia facilitó que los mineros mantuvieran sus nuevas zonas de explotación y retornaran a La Pampa, una de las zonas más devastadas por la minería ilegal en la zona de amortiguamiento de la reserva Tambopata.

Rodolfo Mancilla Gonzáles, fiscal adjunto provincial del Quinto Despacho de la FEMA de Madre de Dios, le dijo a Mongabay Latam que cuando van a intervenir les lanzan piedras y que a ello se suman otras situaciones más violentas. Además, fuentes entrevistadas mencionan que hay grupos armados que son el brazo de seguridad de los mineros y de quienes introducen los cultivos ilícitos. Visten chalecos antibalas, cargan con teléfonos satelitales y son quienes alertan sobre la presencia de extraños en la zona. El sicariato y la extorsión son parte del paisaje, y la trata de personas en La Pampa ha perfeccionado sus métodos de explotación sexual.

El coronel EP Roger Carpio Mirafuerte, investigador en temas de narcotráfico y de la presencia de las disidencias de las FARC en Perú, señala que la mayor dificultad para controlar las economías ilegales en las áreas protegidas está en que los guardaparques y funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) “no cuentan con presencia ni hay patrullaje policial ni militar”. Además, explica, que al tratarse de áreas remotas que cuentan con pocos funcionarios para vigilar extensiones gigantes, las áreas de conservación son “la cubierta perfecta para que organizaciones de narcotraficantes, con crímenes conexos como la minería y la tala ilegal, realicen esas actividades”.

El procurador Guzmán señala que un riesgo que se suma a la lucha contra los delitos ambientales es la ley aprobada por el Congreso de la República de Perú que modifica la definición de crimen organizado, ya que se excluyen más de 50 delitos como la tala ilegal. “El problema es que nuestras denuncias ya no irán a las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, sino a las comunes. Esperamos que el Poder Ejecutivo observe esta ley”, señala.

Un Estado ausente

Al cóctel de economías ilegales y grupos armados hay que sumarle la manera en la que el Estado ha actuado en estos territorios. Por un lado está la falta de funcionarios para resguardar los parques y reservas. En Colombia, por ejemplo, no hay presencia permanente de guardaparques en 14 áreas protegidas amazónicas, debido a las amenazas de las disidencias de las FARC. En estas zonas, estos grupos quemaron y saquearon cinco puestos de control en los últimos cinco años. “Básicamente, hoy los parques nacionales amazónicos de Colombia tienen una alta dificultad para ser manejados debido al contexto de seguridad. Los grupos armados ilegales están ejerciendo un control”, dice Clara Solano, directora de la Fundación Natura y presidenta del Consejo Directivo de la organización ambiental Parques Cómo Vamos.

A lo que el biólogo colombiano e investigador de la Universidad de Berna en Suiza, Pablo Negret, añade que “las economías ilegales como los cultivos ilícitos y la del acaparamiento de tierras, que estimulan la deforestación y son protegidas por grupos armados, hacen muy difícil la gobernanza de las áreas protegidas” y “la entidad Parques Nacionales no puede resolver todo, necesita apoyo del resto del Estado”.

La subdirectiva amazónica del sindicato Sintrambiente Parques Nacionales afirmó que el presupuesto asignado a las áreas protegidas de Colombia no les alcanza y que es insuficiente el número de funcionarios ambientales. “En el país la relación ya pasó de ser de 1 Guardaparque por cada 40 000 hectáreas, cuando el promedio internacional es de 1 Guardaparque por cada 6000 hectáreas”, comunicaron en una carta a este medio.

En Perú, hay 792 guardaparques para vigilar las más de 29 millones de hectáreas de áreas protegidas en todo el país. Las comunidades locales en la zona de la Reserva El Sira también denuncian que las autoridades cada vez van menos, debido a las amenazas. “Las autoridades no quieren venir, nadie ha llegado”, añade un campesino.

El procurador Julio Guzmán precisa que el Sernanp debe implementar un protocolo para proteger a los guardaparques de amenazas. Mientras que el ex viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, añade la necesidad de que se apruebe el reglamento de la Ley 31991 del Cuerpo de Guardaparques del Perú. “Necesitamos que tengan mejores condiciones laborales y que tengan mejor seguridad para desarrollar su trabajo”, indica.

Pero no es que los funcionarios no quieran actuar, solo que la minería y el narcotráfico son dinámicas que involucran a actores poderosos y violentos. “Las Fuerzas Armadas y la Fiscalía no se dan abasto. En realidad estamos peleando con un monstruo gigante. Deberíamos repensar el poder de intervención del Plan Restauración. No está resultando”, dice Erick Zamalloa, jefe de la Reserva Nacional Tambopata.

Mientras tanto, la exfiscal ambiental Karina Garay señala que la solución en Perú pasa por promover leyes que desenmascaren a los mineros ilegales que se registran como informales o artesanales, junto con una estrategia de presencia y control de las Fuerzas Armadas, Parques Nacionales y el Ministerio Público, ya que actualmente “los mineros y narcotraficantes saben que el Estado no está y que carece de capacidad para enfrentarlos”. Mariano Castro, especialista de la FCDS, añade que lo que está sucediendo en el Perú “es que existe una convergencia de daños, una convergencia de delitos y una disminución de la capacidad de resiliencia del Estado y de la misma sociedad que se encarga de hacerle frente a estas amenazas”.

Foto: Hugo Alejos.

Este es un artículo original de Mongabay Latam, publicado en colaboración con El Desconcierto.