Una nueva dificultad enfrentan aquellos padres morosos que se encuentran en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y que aspiran a presentarse a un puesto de elección popular.

Y es que además de verse impedidos de renovar licencia de conducir, pasaporte y de entrar a estadios y lugares de apuestas, el Gobierno optará a que no puedan presentarse como candidatos en votaciones para los diversos cargos que existen en el país.

Esto ya se había materializado cuando, hace unos días, el Servicio Electoral (Servel) confirmó que bajaron más de 190 candidaturas para los comicios de alcaldes, concejales, gobernadores y cores por figurar como morosos en los juzgados de familia.

En esa línea, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género anunció que buscarán, con la ayuda del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, aplicar la causal de rechazo de la inscripción a las parlamentarias cuando se tenga una deuda vigente en el registro de deudores.

La ministra de la cartera, Antonia Orellana, recordó que "desde mayo del 2023, a partir de la acción de nuestro ministerio, se abrió la posibilidad para que los deudores de pensiones de alimentos que estuvieran en el registro pudieran salir. ¿Cómo se sale? Pagando o llegando a acuerdos".

"Por lo tanto, quienes aspiraban a ser candidatos y estaban en esa situación tuvieron meses para poder llegar a un acuerdo o pagar y, por lo tanto, salir del registro. Lo que corresponde es lo que ya hizo el Servicio Electoral como servicio público que está enrolado el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, junto a otras 2.300 instituciones, que es impugnar esas candidaturas", explicó la secretaria de Estado.

Asimismo, detalló que "tal como nos comprometimos durante la tramitación de nuestra Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimento, hemos definido, junto al ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, que vamos a presentar el proyecto que homologa esta condición hacia los parlamentarios".

"Actualmente se pueden inscribir candidatos a las parlamentarias que tengan pensiones de alimentos con registro vigente, pero no así para alcaldes concejales, consejeros regionales y gobiernos regionales, lo cual evidentemente no se entiende", argumentó la autoridad ministerial.

Orellana además planteó que "no nos parece que sea muy congruente que para unas candidaturas sí y para otras no, así que pronto vamos a ingresar el patrocinio. Nos vamos a reunir con muchos parlamentarios de distintos sectores que han estado impulsando esto, y creemos que esto fortalece lo que hemos ido señalando".

"El no pago reiterado de pensiones de alimentos es una vulneración de los derechos de los niños, es una forma de violencia económica y que por lo tanto, infringe la probidad administrativa que cualquier representante que aspire a ser electo debe cumplir", concluyó.