Las gestiones del gobierno y la arremetida del Congreso para sacar del negocio de la luz a Enel
Hasta las 18.00 horas de este miércoles 14 de agosto, 4.716 clientes se mantenían sin suministro eléctrico solo en la Región Metropolitana, según el registro de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
Además de suponer una problema importante para la población afectada, los cortes de luz devenidos del temporal registrado hace dos semanas se han transformado en un flanco político que ha abierto la discusión respecto al rol que cumplen las empresas privadas y la participación del Estado en el suministro eléctrico.
Esto en consideración del proceso de cancelación de la concesión a Enel que inició el gobierno luego de que la empresa no cumpliera con la reposición del suministro a clientes afectados por cortes en el contexto de la emergencia climática.
En respuesta a este escenario de cuestionamientos al rol de los privados, es que en el Congreso ya se han levantado distintas iniciativas legislativas que van desde avanzar en compensaciones directas a clientes afectados, hasta la creación de la Empresa Chilena de Electricidad. Mientras, el Ejecutivo, se mantiene analizando el avance de la reposición del suministro con el fin de determinar con certeza si Enel cumplió el “ultimátum” o si debe dar el siguiente paso en la cancelación del contrato con la empresa.
Enel y empresas de regiones en la mira
Este miércoles el ministro de Energía, Diego Pardow, y la superintendenta de Electricidad, Marta Cabeza Vargas, asistieron a la Comisión de Energía del Senado para dar cuenta de las medidas adoptadas por el gobierno ante la crisis por las interrupciones del suministro, y cambios al Régimen de Distribución en el país.
En la instancia, adicionalmente, se trató el proyecto proyecto que busca modificar la ley de sanciones y compensaciones en caso de corte de suministro eléctrico, iniciativa de autoría de la senadora María José Gatica (RN) y apoyado por los senadores Juan Luis Castro (PS), Loreto Carvajal (PPD) y Yasna Provoste (DC).
Sobre la iniciativa, Gatica comentó en la sesión que “si levantamos un proyecto como este es porque, por lo menos en la Región de los Ríos —región que representa— es un tema reiterativo. No es solo por este último temporal es que hemos tenido cortes que provocan que familias del sector rural han estado más de 10 días sin electricidad. Entonces, esto es una medida para apretar a las empresas eléctricas”.
Por su parte, Carvajal emplazó al ministro Pardow a revisar los contratos con las empresas eléctricas, no solo con Enel, sino que con aquellas que manejan el suministro en regiones.
“Para generar una petición concreta —le dijo la senadora a Pardow— se debe revisar y pensar en la caducidad de los contratos en regiones con los mismos tiempos y medidas que han ocurrido en la Región Metropolitana (Enel). No son las mismas dimensiones, pero en todas las regiones conocemos la falta de servicio y de atención al cliente (...) Ojalá que el ministro Pardow tome las mismas medidas y establezca las mismas condicionantes para visualizar la posibilidad de caducar contratos en regiones”, apuntó Carvajal.
Pardow, en su intervención, aclaró que su cartera sigue monitoreando la situación región por región, pero que el proceso de caducación de contrato solo está abierto en el caso de Enel. De todas formas, no descartó que se pueda avanzar en procesos sancionatorios a otras empresas a medida que se vaya fiscalizando cómo avanzan los diferentes procesos de reposición del servicio.
Tras la sesión, el líder de la cartera de Energía afirmó que aún no se avanza a la etapa “adversarial” con Enel, pese a que aún quedan hogares en la Metropolitana sin luz y que el plazo dado por el gobierno expiró ayer martes 13 de agosto.
“La caducidad de la concesión es un procedimiento administrativo que tiene distintas etapas. Actualmente estamos en la etapa de requerimiento. La siguiente etapa sería la etapa adversarial, si es que se determina que algunos de los requerimientos que se formularon fueron incumplidos. Pero no tenemos antecedentes suficientes ni para afirmarlo, ni para desmentir, hasta que termine la investigación”, aludió Parodw.
La arremetida parlamentaria
Sumado a la iniciativa que se tramita en el Senado para aumentar las multas y compensaciones por cortes, en la Cámara de Diputados se han levantado distintas propuestas para hacer frente a futuros cortes de gran magnitud como los que atraviesa ahora la RM y otras regiones del centro sur del país.
Una de estas medidas es avanzar en algo que Pardow ya había mencionado anteriormente: la creación de una empresa estatal que tenga participación en la distribución de electricidad, lo que sacaría del negocio a Enel, principal empresa suministradora de Santiago.
De autoría de la diputada Daniela Serrano, el proyecto propone “la creación de la Empresa Chilena de Energía Eléctrica como una entidad estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, con posibilidad de asociación con terceros. Esta empresa tendrá como misión la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, incluyendo la realización de obras y proyectos de inversión, la representación estatal en empresas del sector, y la cooperación con empresas privadas”.
El jefe de bancada de diputados PC y firmante del proyecto, Juan Luis Cuello, sostiene a El Desconcierto que el proyecto nace en respuesta a la “gestión desastrosa por parte de las empresas eléctricas y en particular de la empresa Enel”.
En ese sentido, Cuello sostiene que “la decisión del gobierno de iniciar el proceso de caducación de caducidad de la concesión fue una decisión política razonable y que también abre un debate —como lo planteó el ministro Pardo— sobre la presencia del Estado en un servicio público”.
“Acá lo principal es que estamos hablando de un servicio público, que es la electricidad ,que está entregado a privados y que en definitiva ellos privilegian la obtención de ganancias, que es lo lógico, pero que han descendido sus obligaciones como servicio público. Y por lo tanto, es importante que se abra un debate respecto del rol del Estado en la provisión de estos servicios”, sentencia.