La Corte Suprema ha dejado sin efecto una sentencia previa de la Corte de Valparaíso que había disminuido significativamente la multa a una empresa acusada de comercializar merluza sin acreditar su origen legal.

La controversia comenzó cuando el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) detectó que la empresa, cuyo nombre no ha sido revelado, poseía más de 50 toneladas de merluza común en sus instalaciones, sin los documentos que verificaran la legalidad de este stock.

La ley exige estrictamente que todos los productos del mar sean debidamente rastreados para evitar la sobreexplotación de recursos marinos y la venta ilegal.

En un primer momento, el tribunal de instancia había impuesto una sanción de 1.029 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a $67.812.129 a la empresa por esta infracción.

Sin embargo, esta decisión fue parcialmente revocada por la Corte de Valparaíso, que redujo la multa a solo 3 UTM, citando inconsistencias en el cálculo de la cantidad exacta de merluza incautada.

Insatisfecho con esta reducción, Sernapesca recurrió a la Corte Suprema, argumentando que el fallo de Valparaíso había cometido errores en la interpretación de las leyes aplicables.

En particular, el servicio gubernamental sostuvo que el cálculo de la multa estaba adecuadamente justificado y que las evidencias presentadas no fueron adecuadamente consideradas en el fallo anterior.

La Corte Suprema, al revisar el caso, acordó con Sernapesca y criticó la sentencia de Valparaíso por no considerar adecuadamente la gravedad de la infracción y las pruebas aportadas.

El máximo tribunal del país enfatizó la importancia de mantener un control riguroso sobre la trazabilidad de los recursos pesqueros, fundamentales para la sostenibilidad del sector y la protección del ecosistema marino.

Finalmente, la Corte Suprema restituyó la multa original de 1.029 UTM ($67.812.129), subrayando la necesidad de adherirse estrictamente a las normas que regulan la pesca y acuicultura en Chile.