La justicia debería ser un pilar fundamental de nuestra sociedad, símbolo de equidad y protección. Sin embargo, nuestro sistema judicial muestra una inquietante disparidad: la justicia parece estar reservada para unos pocos, mientras los más vulnerables sufren las consecuencias de una balanza desequilibrada.

La trágica historia de Bastian Arriagada, un joven de 22 años que vendía películas piratas en San Bernardo para ayudar a su familia y pagar sus estudios, quien fue condenado a 61 días de prisión y falleció en el incendio de la cárcel de San Miguel, ilustra dolorosamente cómo el sistema aplica el populismo punitivista a quienes históricamente han sido marginados por la sociedad.

Este contraste se vuelve más evidente al observar cómo personas poderosas, gracias a sus privilegios, evaden las consecuencias de sus actos. El empresario agrícola Eduardo Macaya, condenado a 6 años por abuso sexual infantil, cumple arresto domiciliario. Cathy Barriga (UDI), condenada por fraude al fisco de 31.000 millones de pesos y acusada de desviar fondos educativos para comprar collares Swarovski y financiar colegios privados, también está en arresto domiciliario. Su partido, en lugar de condenar el fraude, fue el primero en votar en contra de la ley anticorrupción.

Este sistema de privilegios judiciales plantea serias dudas sobre la justicia en nuestro país. ¿Cómo puede el sistema judicial pedir a las víctimas que confíen en él cuando las sentencias se ven modificadas y las medidas cautelares parecen favorecer a los poderosos? La decisión de la Corte de Rancagua de cambiar la medida cautelar de Macaya por arresto domiciliario, a pesar de la gravedad de sus delitos, pone en manifiesto una falta de coherencia en la aplicación de la justicia. ¿Cuál es el criterio para determinar quién representa un peligro para la sociedad?.

Necesitamos un Poder Judicial en el que no exista impunidad ni favoritismo, ya que estos elementos dañan la confianza en el sistema y perpetúan desigualdades e injusticias. Es urgente que el Poder Judicial adopte una perspectiva de género para eliminar los sesgos que impiden un acceso real a la justicia para las mujeres.

Esta perspectiva debe aplicarse en todo el proceso judicial, desde la declaración de las partes y la valoración de la prueba hasta el fallo. Asimismo, es imperativo que los medios de comunicación también adopten esta herramienta. Es inaceptable que los machos de la política defiendan a pederastas en televisión pública.

El senador Javier Macaya, quien hasta hace poco era presidente de la UDI, ha cuestionado a las víctimas y minimizado hechos probados. Recientemente, además, se reveló que declaró a favor de su padre en el juicio, descalificando a las víctimas y llamándolas “agrandadas” y “del pañuelo verde”, un claro reflejo de la tradición patriarcal de cuestionar a las víctimas. Este mismo senador votó en contra de la ley de imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra menores.

Sabemos que más del 48% de las víctimas tardan más de una década en denunciar, por lo que es fundamental garantizar el derecho al tiempo (Fuente: Fundación para la Confianza, Encuesta Nacional de Abuso Sexual y Adversidades en la Niñez 2022).

“Los niños primero” es un eslogan vacío y carente de intenciones reales para implementar medidas concretas destinadas a proteger a la infancia. La UDI no ha condenado públicamente las declaraciones de su ex presidente ni ha dirigido mensajes al pueblo chileno, mucho menos a las niñas, niños y adolescentes del país, quienes merecen líderes políticos comprometidos con la protección de sus derechos fundamentales. La derecha tradicional chilena y sus militantes han optado por mantener un pacto de silencio que los convierte en cómplices de la pederastia.

Hace un año, motivados por actitudes homofóbicas, se llevó a cabo una Acusación Constitucional contra Marco Ávila, quien en ese momento era Ministro de Educación. Sin embargo, no se presentaron pruebas contundentes de mal desempeño o violaciones constitucionales por su parte. El verdadero problema radica en que el ex ministro intentó implementar políticas de género destinadas a proteger a niños, niñas y adolescentes de abusos sexuales a través de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas. Esta herramienta es fundamental, necesaria e indispensable para la prevención y detección del abuso sexual infantil.

A través de un enfoque educativo, la ESI entrega herramientas para reconocer y enfrentar situaciones de riesgo desde una edad temprana. Hoy es claro que estos sectores políticos conservadores buscan obstruir la educación sexual integral en los colegios, ya que la ESI es crucial para que casos de abuso sexual, como el de Macaya, puedan ser reconocidos por sus víctimas y no permanezcan ocultos como secreto familiar.

Al finalizar la redacción de esta columna, la justicia ha revocado el arresto domiciliario y dictado prisión preventiva para Eduardo Macaya debido al riesgo de fuga. Espero que nuestro sistema judicial se mantenga firme en esta decisión para evitar la inseguridad jurídica. Me pregunto si esta medida se habría tomado sin la movilización social que expresó su rechazo a esta injusticia.

Aunque nunca lo sabremos con certeza, cada persona tendrá su propia respuesta. Por mi parte, agradezco a quienes salieron a manifestarse, especialmente a las del pañuelo verde, por siempre estar del lado de las niñas que, con toda la valentía del mundo, decidieron hacer justicia y alzar la voz por todas.

Crédito de la foto: Agencia Uno