El pasado 27 de abril tres funcionarios de Carabineros fueron asesinados en la localidad de Antiquina, en la zona sur de Cañete, región del Bío Bío. El hecho fue calificado como el “peor atentado” contra funcionarios policiales en el contexto del conflicto de la llamada Macrozona Sur y provocó revuelo, no solo mediático, sino que también político. 

Aquella semana posterior del 29 de abril el Congreso estaba en receso debido a que a la semana distrital que correspondía en dicho mes. Sin embargo, los integrantes de las comisiones de Seguridad y Constitución de ambas Cámaras, a causa del atentado, decidieron suspender sus actividades regionales para sacar adelante tres proyectos que fueron catalogados como de vital importancia para hacer frente a la crisis de seguridad: las Reglas del Uso de la Fuerza, el nuevo Ministerio de Seguridad y la Ley Antiterrorista. 

A casi tres meses del hecho, ninguno de esos proyectos han sido despachados a ley. Por el contrario, a pesar de registrar ciertos avances, siguen en el Congreso esperando que se destraben las controversias que se generaron en el debate. 

Para acelerar la discusión, el gobierno acordó con el Congreso un “fast track” 2.0 en materia de seguridad que contempla estos tres proyectos y otros 29.

Ahora, con la ola de homicidios en la Región Metropolitana que se registró durante fines de la semana pasada y principios de esta, se reactivó la necesidad de avanzar en la agenda de seguridad. Por lo mismo, el Presidente Gabriel Boric anunció esta jornada que ingresará suma urgencia a dos proyectos comprometidos en el fast track, el Inteligencia Económica y el Sistema de Inteligencia del Estado. 

Pero, ¿en qué están los proyectos que se legislaron con premura en abril? Lo cierto es que muchos siguen estancados en controversias o no han comenzado su tramitación, pese a que se comprometió su despacho para junio, septiembre y principios de 2025. 

Fast track 2.0

El pasado 20 de mayo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, recibió en La Monda a los presidentes y vicepresidentes de la Cámara y el Senado. La intención de la reunión era ponerle urgencia a 29 proyectos de seguridad para que tuvieran rápida tramitación. 

Reincidencia, Ministerio de Seguridad, Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, Seguridad Municipal, Inteligencia, Fortalecimiento del Ministerio Público, Reglas del Uso de la Fuerza, Inteligencia Económica, especialización preferente de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, entre otros, fueron los proyectos acordados. 

Pero los avances, hasta el momento, han sido escasos.

El pasado 10 de julio, en la última sesión programada de la Comisión de Seguridad de la Cámara se iba a revisar el proyecto que perfecciona la tipificación y persecución penal de conductas terroristas. En la instancia iba a participar la ministra Tohá y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Pero finalmente la sesión se suspendió. 

El Senado, por su parte, registra avances en la ley de Inteligencia Económica y la creación del Ministerio de Seguridad. Pero tampoco con resultados a la vista. Según los registros de la Cámara Alta, el proyecto que divide las facultades de Interior y crea la cartera de Seguridad fue visto por última vez el pasado 19 de junio. La iniciativa, está en tercer trámite constitucional y si es que se llega a un acuerdo podría ser aprobada en Sala. Pero lo cierto es que en el acuerdo del gobierno y las Cámaras, este proyecto —según el cronograma— tuvo que haber sido despachado en junio. 

En todo caso, el debate del Ministerio de Seguridad sigue tenso debido a una indicación que ingresó el gobierno que otorga nuevas facultades al Ministerio del Interior como, por ejemplo, que el titular de la cartera sea el “jefe del gabinete” ministerial. Desde la oposición acusaron que el gobierno tenía la intención de reformar “de facto” el sistema político creando la figura de “vicepresidente”. 

Los plazos que restan

Según el acuerdo, en septiembre deberían despacharse el sistema de inteligencia del Estado, Inteligencia económica, Reglas del uso de la fuerza, Reforzamiento de la seguridad municipal, Acceso a la justicia y Defensoría de las Víctimas, el Fortalecimiento Ministerio Público, y el de Violencia en los estadios. 

Pero muchos de estos proyectos no están en tabla para discutirse o están estancados en medio de controversias. 

Por ejemplo, las RUF, que fueron objeto de debate en la sesión especial de la Cámara tras el asesinato de los tres carabineros, logró despacharse de la Cámara pero con una seria polémica: la inclusión de los tribunales militares. 

Chile Vamos en conjunto con el Partido Republicano y Amarillos ingresaron una indicación para reponer los tribunales militares en circunstancias en que las Fuerzas Armadas sean requeridas para labores de orden público. Y aunque la indicación fue rechazada cuando se votó en particular en la Sala de la Cámara, la oposición ya anunció que cuando se retome el debate en el Senado la propuesta se reactivará. 

Voces del oficialismo y Palacio aseguran que esto dilatará aún más la tramitación del proyecto al punto en que posiblemente se llegará a una comisión mixta, sobre todo considerando que la oposición tiene mayoría en el Senado. En este caso, las RUF no estarían listas para septiembre, plazo que se comprometió en el fast track. 

Otro proyecto que aún no ve la luz es la Defensoría de las Víctimas. El pasado 16 de junio se ingresaron nuevas indicaciones a la iniciativa y aunque el gobierno ha ingresado ya tres veces suma urgencia entre junio y julio al proyecto, este aún no se discute. 

En definitiva, para septiembre 10 proyectos deberían estar aprobados, pero solo el de reincidencia ha prosperado. Con todo, la fecha límite acordada entre el Ejecutivo y Legislativo fue que en mayo del próximo año los 32 proyectos estuviesen despachados.