La reciente publicación de la ley que consagra el Internet como Servicio Público en Chile, marca un hito crucial para el país, pero, esencialmente, para aquellos lugares en los cuales el Internet simplemente no llega, ya sea en zonas alejadas del radio urbano o que, estando en la ciudad, por ABC motivo no tiene acceso o tienen en baja calidad a esta herramienta básica para el desarrollo de las personas.

Este avance no solo reconoce la conectividad digital como un derecho básico, sino que también es un paso más para acortar la brecha digital que históricamente ha segregado a una parte de la población, privándola del desarrollo que se puede obtener a través de las herramientas que nos entrega el Internet como tecnología.

Justamente es esto lo que viene a garantizar la ley: equiparar las posibilidades en cuanto a conectarse a Internet y establecer la obligación a las empresas de proveer Internet dentro de su “zona de servicio”.

En concreto, esto significa que en la zona urbana, si una empresa llega a una zona censal, por ejemplo en Cerro Navia, debe entregar el servicio no solo a sectores específicos, sino a toda aquella zona censal.

En el caso de la ruralidad, la zona de servicio estará determinada por la delimitación que establezca el Instituto Nacional de Estadística (INE) de la llamada “entidad censal”.

Lo mencionado es revolucionario y novedoso en cuanto a reducir las llamadas “zonas rojas”. Solo por dar un ejemplo de la magnitud del problema en términos internacionales, en Londres existen más de 300 puntos de no conexión o de muy baja calidad de banda ancha, siendo no solamente un problema de la ruralidad, sino que increíblemente también en zonas urbanas.

Además, la ley habilita al Estado para subsidiar el acceso a Internet a aquellas personas que tengan dificultades económicas; esto es muy similar al subsidio del agua que actualmente existe. Lo que es crucial para asegurar que todas las familias puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece Internet, sin verse limitadas por barreras económicas.

A su vez, la ley permite que grupos u organizaciones comunitarias puedan crear sus propias cooperativas de Internet para autoabastecerse de conectividad. Esto contribuye fuertemente a que existan alternativas en la oferta de servicios.

Por otro lado, la ley establece nuevas facultades de fiscalización a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, lo que es un acto decisivo para que la letra de la ley se transforme en realidad y no sea solo poesía.

Un ejemplo de esto es que las prestaciones que entregan los operadores de servicios móviles e Internet fijo puedan ser monitoreadas en línea; esto permitirá tener información clara y actualizada sobre el estado de las redes.

Todas estas acciones promueven la inclusión digital y estimulan el desarrollo económico al facilitar el acceso a herramientas digitales que son fundamentales en la vida moderna. El acceso equitativo a Internet transformará radicalmente las oportunidades disponibles, sobre todo considerando que las escuelas podrán integrar estas tecnologías y permitir que los estudiantes accedan a recursos educativos globales y mejoren sus habilidades digitales, ya que no es solo tener esta herramienta, sino que también poder utilizarla.

Con esta ley, Chile se posiciona como líder en la región en materia de equidad digital, dando un paso firme hacia un futuro donde todos, sin importar su ubicación o situación económica, puedan acceder a los beneficios que ofrece la conectividad.

Por supuesto, la brecha digital y los desafíos no se terminan con un 94% de conectividad, porque aún nos falta por avanzar, pero sí son el cimiento del futuro prometedor que nos espera.

Autor de la columna: Rodrigo Valladares, seremi RM de Transportes y Telecomunicaciones

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