En la mañana los efectivos del OS7 de Carabineros de Calama volvieron a la zona desértica cerca del poblado de Chiu Chiu en donde la madrugada anterior habían detenido a un ciudadano boliviano.

Es junio de 2020 y las suspicacias de los policías se basan en que la zona en que se toparon con el ciudadano boliviano, mientras realizaban un patrullaje preventivo, es conocida por ser ocupada por bandas para el acopio de droga bajo tierra, que luego desentierran y la bajan a la ciudad de Antofagasta o la internan al centro del país.

Si bien el ciudadano boliviano fue detenido por encontrarse de manera irregular en el país, los efectivos del OS7 sabían que nadie en su sano juicio y menos en una gélida noche de un pandémico 2020 deambularía en la madrugada por el desierto si es que no estuviese haciendo “algo”.

El olfato que les daba los años de experiencia no les falló. Al poco tiempo de recorrer el lugar hallaron un teléfono celular. Al interior de ese aparato estaba el número de teléfono de un contacto que sería la clave para que, cuatro años después, se lograra concretar una pena de más de 158 años de cárcel para una banda de narcotraficantes, condenados por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos, convirtiéndose en la mayor condena en toda la historia de la Reforma Procesal Penal en la región de Antofagasta.

Las dos mujeres que el radar de la policía no detectaba

La calle Alejandro Rodríguez está casi al terminar la urbanización de Calama y a más de 35 kilómetros del lugar en que los carabineros del OS7 encontraron el teléfono celular.

Pese a los kilómetros, ambos lugares estaban íntimamente relacionados, sin embargo, aún faltaban más de 20.000 escuchas telefónicas, agentes encubiertos, levantamiento de secreto bancario y una serie de trabajos investigativos de prácticamente la mitad de los recursos humanos  del equipo de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SAFIC) para identificar los nexos entre ambos lugares y que reveló una organización muy bien estructurada de venta de pasta base de cocaína al menudeo que reportaba millones de pesos al día.

Fueron las comunicaciones por teléfono de un taxista que se dedicaba al delivery de droga las que dieron las primeras pistas. El equipo liderado por el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, comenzaba a tirar del hilo de la madeja que dejaría al descubierto a un grupo que internaba droga desde Bolivia para venderla en las calles de la ciudad de Calama.

Si bien, el taxista al poco tiempo dejó de aparecer en las escuchas telefónicas que estaba realizando la policía, la información recabada en las conversaciones le permitió al equipo investigativo ir armando la estructura organizacional de “Las Tías”, banda integrada por una serie de vendedores -muchos de ellos adictos a la pasta base-, quienes vendían el producto en dos inmuebles ubicados en calle Alejandro Rodríguez.

Ambas casas fueron tomadas por la banda y pese a los más de 20 allanamientos realizados por Carabineros durante el tiempo que duró la investigación, siguió operando al punto de que después de la entrada y registro de los efectivos policiales, miembros de la organización llegaban al lugar para reparar puertas y todo lo que la policía había destruido durante los operativos.

Finalmente, el equipo liderado por el fiscal Castro Bekios permitió identificar a las líderes de la organización: Dennise González y Jenny Naranjo, quienes eran conocidas como “Las Tías”.

Por turnos y encerrados con llave

“Tenía miedo, había sufrido tortura”, fue parte de la confesión de un vendedor de droga de la organización que, el 22 de noviembre de 2021, llegó hasta el cuartel del OS7 de Carabineros de Calama dispuesto a delatar a los miembros de la banda.

Traía consigo 640 envoltorios con 246 gramos de pasta base, los que entregó en el acto a los policías. Este hecho, además de la información que entregó respecto a la estructura y la forma de operar de la banda, permitió confirmar muchas de las pesquisas que el grupo investigativo de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC) llevaba hasta ese momento.  

El soldado explicó que la venta de droga que se realizaba en las dos casas ubicadas en calle Alejandro Rodríguez, se llevaba a cabo todos los días de la semana, de 8:00 a 20:00 horas, divididos en turnos, donde los vendedores permanecían encerrados bajo llave sin posibilidad de abandonar el lugar.

El vendedor, quien además hacía funciones de protección y reparación de los inmuebles allanados, les reveló a los policías que sufrió episodios de violencia por parte de las líderes de la organización.

Luego de dos años de investigación, 20.000 escuchas telefónicas, levantamiento de secreto bancario más la utilización de agentes encubiertos y agentes reveladores, se logró identificar que los miembros de “Las Tías” actuaban de manera organizada en el seno de una estructura jerárquica, en la cual, cada uno de ellos cumplía funciones determinadas, dedicándose de manera sistemática y permanente al tráfico ilícito de pasta base de cocaína.

Dennise González y Jenny Naranjo, las líderes de “Las Tías”, se encargaban de contactar a los proveedores de la droga, repartirla entre sus mandos medios y tomar todas las decisiones relevantes para el funcionamiento de la organización.

Según la investigación de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC), las líderes no tenían ingresos declarados en el Servicio de Impuestos Internos (SII), tampoco retiros desde sus AFP que pudieran justificar los altos montos de dinero que poseían y que, según la investigación del Ministerio Público, en sus cuentas bancarias se identificaron movimientos cercanos a los $40 millones entre 2020 y 2022.

Condena histórica

Finalmente, el 8 de abril de 2022 se realizó la detención de los 13 miembros de la banda, incluidas las dos líderes. El pasado 6 de junio el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, los declaró culpables de los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

El 25 de junio el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a la banda a un total de 158 años de cárcel, donde Denisse González y Jenny Naranjo, las líderes de la organización, se les aplicó penas de 26 y 25 años de cárcel, respectivamente, por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos, además de multas por 280 UTM, unos 18 millones de pesos.

"Se trata de la condena más importante lograda por el Ministerio Público a nivel regional en toda su historia, tanto por la magnitud de las penas impuestas, como también por ser la primera vez que, en una misma causa, se logran condenas por los delitos tráfico de drogas, asociación ilícita para el tráfico de drogas y lavado de activos", señaló el fiscal de Antofagasta, Juan Castro Bekios.