Durante los últimos días de junio, la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos graves contra la inmobiliaria Pocuro Sur Spa, determinando que construyó ilegalmente un proyecto de 7 edificios sobre un humedal urbano en el sector Valle Volcanes de Puerto Montt, por no contar con evaluación ambiental.

La inmobiliaria tiene 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y arriesga una multa de hasta $3.946 millones. Mientras se formulaban los cargos, el mismo humedal era intervenido por otra inmobiliaria que se encuentra despejando el bosque nativo con maquinaria para construir un proyecto sin los permisos correspondientes.

Así lo denuncian desde la Agrupación Gayi que trabaja por la protección de los humedales en la ciudad. “Presentamos una denuncia en la Municipalidad de Puerto Montt el pasado 17 de junio. El 24 de junio nos respondieron que dichas faenas no cuentan con los permisos necesarios de la Dirección de Obras Municipales, por lo que se emitió una orden de detención de obras con subsecuente citación al 1er Juzgado de Policía Local”, relatan desde la organización.

Sin embargo, afirman que dicha detención no se habría realizado, ya que el 27 de junio registraron en video cómo la maquinaria pesada continuaba arrancando el bosque nativo de la zona alrededor del humedal.

Esta misma agrupación es una de las once que denunciaron las obras ilegales que iniciaron el proceso sancionatorio contra la inmobiliaria Pocuro Sur. Dos situaciones en un mismo humedal dejan a la vista una situación que ha sido largamente denunciada desde el ambientalismo, cuando las multas, sanciones y normas no logran disuadir a las empresas de incumplirlas.

Humedales y rellenos

A inicios de 2024, se dio un caso similar en otros humedales del mismo sector, al norte del Valle Volcanes: el Tribunal Ambiental de Valdivia decretó que la inmobiliaria Alto Volcanes comenzó a construir de forma ilegal un proyecto de 2.045 viviendas sin la evaluación ambiental correspondiente.

El proyecto estaba paralizado desde 2022 a raíz de las fiscalizaciones que afectaban los humedales urbanos Alto la Paloma y Humedal La Güiña. Además se concluyó que la empresa taló ilegalmente árboles nativos como lumas, canelos y ulmos, además de un ejemplar de Alerce, especie protegida como monumento natural.

El proceso judicial llegó a una conciliación, en que la inmobiliaria transformó el diseño de su proyecto para afectar lo menos posible los humedales y el bosque nativo, y formuló un estudio para someterse al proceso de evaluación ambiental.

Casos similares han ocurrido en lugares tan variados como Valdivia o Batuco, donde son las comunidades las que han debido denunciar las construcciones ilegales para activar procesos judiciales o sancionatorios.

Se trata de una problemática que ocurre en un contexto de lluvias intensas que han dejado miles de hogares anegados y zonas inundadas, y donde crece el cuerpo de evidencia que muestra cómo los humedales urbanos cumplen el rol de mitigar inundaciones, capturando el agua e infiltrándola a los acuíferos para tiempos de sequía y evitando que se acumule en la superficie.

Foto: Agencia Uno.