Desde que es un “papelón" a que el diputado Sergio Bobadilla “no tiene ningún pudor ni asco”.

Esas han sido algunas de las declaraciones de parlamentarios respecto al paquete con indicaciones presentado por los diputados Sergio Bobadilla (UDI), Bernardo Berger (IND-RN) y Cristian Moreira (UDI) en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados, el cual tiene 211 indicaciones copiadas de un informe técnico jurídico de Sonapesca.

Cabe mencionar que esta gremial agrupa a 11 asociaciones pesqueras a lo largo del país, la cual encargó la preparación de ese análisis a la consultora Acuiestudios, planteando indicaciones y cambios a la mayoría de los artículos de la propuesta de la nueva Ley de Pesca que La Moneda ingresó a fines del año pasado.

El hecho que dio a conocer Ciper Chile, obligó a suspender la discusión de la iniciativa legislativa, la que se reanudará en la semana del 1 de julio.

Lo revelado esta semana trae a la memoria lo ocurrido hace una década con la llamada “Ley Longueira” y que precisamente esta propuesta legislativa tiene como objetivo dejar atrás.

“Hay indicios de que la industria sigue siendo no sólo de captura de peces sino que eventualmente captura de diputados”, dice Eduardo Saavedra, Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado y quien en 2012, en medio de la cuestionada Ley Longueira, publicó en el Centro de Estudios Públicos (CEP), un estudio en el que cuestionaba la asignación inicial de las cuotas individuales de pesca mediante subasta, debido a una asimetría de información, además del Teorema de Coase.

Saavedra toca un punto que ha quedado en el aire y que dice relación con la opaca relación entre la gran industria pesquera y parlamentarios, y cuáles son sus verdaderos intereses.

“Lo que me preocupa a mí es que de nuevo la industria es oscura con muchos grupos de interés y no se revelan cuáles son los intereses”, señala.

De las indicaciones presentadas por los parlamentarios de oposición, hay dos en particular que llaman la atención y que podría ir en beneficio de la gran industria y en desmedro de la pesca artesanal. 

Penas del infierno para la pesca artesanal

“En caso de configurarse la infracción por exceso de captura, respecto de la cuota asignada y si por disolución de la organización de pescadores artesanales titular de la asignación o por cualquier otra causa, no sea posible perseguir la responsabilidad, serán individual y solidariamente responsables los pescadores artesanales que hayan integrado la organización en el periodo en que se produjo la infracción”, señala la indicación para incluirla en el Artículo N° 115 de la nueva ley de pesca.

Esta indicación podría, por ejemplo, inhibir que los pescadores artesanales se sindicalicen, una de las propuestas de la nueva ley y que busca mejorar las condiciones laborales y de seguridad social de los pequeños pescadores.

“Tratar de criminalizar la pesca artesanal nos parece un error. Lo que nosotros proponemos es que la actividad pesquera vaya dinamizándose, es decir, cuando hay, a propósito de la crisis climática, pesquerías que son incidentales hay escasez de recursos nuevos que activamente estaban en una zona y aparecen otros recursos nuevos y que eso no sea sancionado”, dice Cristian Arancibia, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío (FEREPA).

En el contexto de crisis climática, la que ha reducido el volumen de recursos marinos, desde FEREPA plantean cambiar la mirada extractivista depredadora para pescar menos y transformar en un producto de mejor calidad.

“Si seguimos con este afán de reductores, es decir, pesca para transformar en harina o en aceite de pescado, vamos a terminar acabando los ecosistemas marinos”, agrega Arancibia.

La segunda indicación propuesta por los parlamentarios de oposición tiene relación con la eliminación del Artículo N°312, que castiga con presidio menor la reincidencia de la extracción de productos en veda.

“Artículo 312.- Reincidencia. En el caso de reincidencia en las infracciones a que se refiere el literal h) del artículo 280, las personas que resulten responsables serán sancionadas con la pena de presidio menor en su grado mínimo y las sanciones pecuniarias se duplicarán”.

“Ellos están promoviendo el máximo rigor de la ley a los humildes pescadores artesanales y para ellos impunidad total”, dice el diputado Jorge Brito, presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados.

A modo de ejemplo, Brito trae a colación el caso del grupo Errázuriz. “Salió impune de una causa que la fiscalía levantó por $3.000 millones por pesca ilegal y procesamiento en una de sus plantas de procesos”.

“Ellos quedan contentos con impunidad para las siete familias y las penas del infierno para los artesanales”, agrega.

“El traje a rayas le da miedo a todo el mundo. Las multas al final se pagan y son tan pequeñas en Chile que no te afectan la rentabilidad y además la probabilidad de detección es muy baja”, complementa Saavedra. 

Trabar la discusión para que no avance

Debido a la opacidad que existe entre la gran industria pesquera y parlamentarios, el presidente de la Comisión de Pesca hizo un llamado al diputado Bobadilla para que abra su cuenta bancaria y sus correos electrónicos.

“Con total respeto. Le hemos pedido al diputado Bobadilla que abra su cuenta bancaria y los correos electrónicos. Tiene coincidencia en un 91% de sus indicaciones con la minuta pública de Sonapesca”, señaló este viernes.

Sin embargo, el senador Fidel Espinoza (PS), quien es presidente de la Comisión de Pesca del Senado, dijo que el daño ya está hecho, respecto al trabajo que se estaba llevando a cabo en la discusión de la nueva ley, por lo que considera que el proceso ya está viciado y hay que partir de cero.

“Aquí debemos volver a foja cero. Esta ley manchada con estos hechos, declararla nula, de nulidad absoluta, una vez más interferida por la industria”, señaló Espinoza.

En esa línea, la cantidad de indicaciones presentadas puede ser interpretada como una manera de trabar la discusión y que la nueva normativa nunca vea la luz.

“Presentan muchas indicaciones, que están en su derecho, pero a veces uno piensa que un exceso de indicaciones para entraban una discusión de las cuales un 70% provienen casi textual de indicaciones o de propuestas que estaban en una minuta de los propios pesqueros industriales”, señala Eduardo Saavedra.

En esa línea, desde la Federación de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío, acusan una asimetría respecto a los recursos con que cuenta la gran industria para contar con expertos que elaboren informes que son presentados en el Congreso, versus la realidad de la pesca artesanal.

“Creo que hay una desventaja enorme. Sonapesca pagó un informe a un grupo tremendo de abogados y nosotros tratamos con los pocos recursos que tenemos desde la pesca artesanal para argumentar las indicaciones sin la fortaleza que tienen los grandes bloques económicos. Entonces ahí también tenemos una desventaja enorme en este tipo de situaciones”, afirma Arancibia.