Caso Hermosilla es crimen organizado según definición de la Convención de Palermo

Caso Hermosilla es crimen organizado según definición de la Convención de Palermo

Por: Canal Cero | 11.06.2024
La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, más conocida como la Convención de Palermo, define al crimen organizado como “un grupo de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material". “Esto también es criminalidad organizada”, señaló en su momento el exfiscal Carlos Gajardo.

“Para venta exclusiva en el Paraguay”, se lee en la parte inferior de una cajetilla “Eight Convert”, una de las tantas marcas de cigarrillos que se pueden comprar en el comercio informal en Santiago.

Hace 15 años Paraguay ya era considerado el “Duty Free” del contrabando de cigarrillos al ser uno de los mayores productores mundiales de este tipo de “commodities”, los que son sacados del país de manera ilegal gracias a la Triple Frontera que comparte con Brasil y Argentina cerca de las cataratas del Iguazú.

Este tipo de delitos, aunque no tienen el mismo impacto que los secuestros u homicidios por encargo, también son parte de los negocios con que lucra el crimen organizado, al que hay que entenderlo como un holding que, si bien transa productos ilegales, utiliza las herramientas de libre mercado para lucrar con bienes y servicios que van desde el arriendo de piezas a migrantes en tomas y campamentos en la región de Antofagasta, hasta la venta ilegal de cigarrillos de contrabando en las calles de Santiago.

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Este lunes 3 de mayo, el Fiscal Regional de Antofagasta Juan Castro Bekios “le puso el cascabel al gato” al contrabando de cigarrillos al formalizar de “asociación criminal” a seis individuos que fueron sorprendidos internando desde Bolivia casi 70 mil cajetillas de cigarrillos, cargamento avaluado en $200 millones.

[caption id="attachment_925106" align="alignnone" width="900"] Incautación de cigarillos avaluados en $500 millones /Agencia Uno[/caption]

El contrabando de cigarrillos, -negocio tanto o más lucrativo que el tráfico de drogas-, es sólo un eslabón de la cadena en el crimen organizado.

“Tú también eres parte de esa cadena. En la medida que eres consumidor de ese producto, eres parte de la cadena y por lo tanto no eres una víctima, sino que eres parte de esa cadena”, dice Dante Castillo, sociólogo y director del Centro de Estudio e Investigación (CEIEF) de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago.

Mientras en un extremo está el contrabando de cigarrillos, en el otro están los delitos de “cuello y corbata”, eufemismo que se utiliza para referirse al delito financiero, otra de las actividades ilícitas del crimen organizado, el cual, al ser silencioso, no genera tanto impacto en la opinión pública como los homicidios o el tráfico de drogas, pero de igual manera socavan y debilitan las instituciones.

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Caso Audios

“Esto también es criminalidad organizada”, señaló el exfiscal Carlos Gajardo respecto a los audios que CIPER reveló en noviembre de 2023 y en los que el abogado Luis Hermosilla habla de pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) para obtener información privilegiada que beneficien al empresario Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, ambas empresas bajo la lupa de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por operaciones irregulares.

“Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra. Y esa caja negra… porque parte importante de esta huevá se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre (…) Es controlar toda la información que salga del Servicio: cuándo, cómo, cuánta información, qué errores lleva, qué huevá, etc. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos”, dice el abogado Luis Hermosilla en la conversación que fue grabada por Leonarda Villalobos, una de las tres personas que participaron de esa reunión.

La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, más conocida como la Convención de Palermo, define al crimen organizado como “un grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material".

Según la Convención de Palermo, uno de los aspectos para que un delito pueda entrar en la definición de crimen organizado es que debe ser un grupo que “existe durante cierto tiempo”.

Según lo registrado en el audio revelado por CIPER, no era primera vez que le pagaban a funcionarios del SII y de la CMF. “Yo conozco los precios de mercado de estas huevá…”, dice Hermosilla.

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“Nosotros en los últimos tres años, de nuestra parte cuatro años, han salido chorros para allá. Somos un buen cliente. Con mis huevás, los huevones se llevaron gamba”, complementa Daniel Sauer.

En el mismo audio, Hermosilla hace referencia a un episodio anterior en el que comprometió dinero al funcionario del Servicio de Impuestos Internos, específicamente dinero que le deben desde el mes de abril.

[caption id="attachment_925104" align="alignnone" width="900"] Agencia Uno[/caption]

“Porque a ese huevón lo que yo le quiero pedir es lo siguiente, una cuestión que es súper simple: ‘Compadre, quiero que me des lo máximo que me puedas dar’. Y él puso como condición, ‘no me hueveen, pónganme primero las 10 lucas que me deben de abril’. Listo. Perfecto. Ahora están puestas. Quiero que me diga lo máximo. Cuatro ucranianas, tres polacas, dos argentinas y todas en pelota y todas haciendo no sé qué. La raja. Pero además me ponís un yate, me ponís langosta, me ponís… ‘Sí, también, por supuesto, va incluido’. Ya, esto, listo. Antes de hablar de los números”, se escucha a Hermosilla en el audio.

El soborno es, según el Ministerio Público, un delito que “comete un particular que le ofrece o consiente dar a un empleado público un beneficio económico indebido para que éste ejecute un acto de su cargo, lo omita, infrinja sus deberes, ejerza influencia o cometa un delito funcionario”.

Respecto a la delincuencia organizada, la Política Nacional Contra el Crimen Organizado, señala que "se refiere a distintas actividades que se llevan a cabo por estructuras organizacionales y que actúan con el propósito de cometer delitos".

"El crimen organizado penetra en todas las esferas, promueve la corrupción y la violencia y tiene un fuerte impacto en la seguridad, en la estabilidad democrática, en la economía y en la vida de las personas", se lee en el documento.

No autopercibirse como criminales

Según el Decreto 369, publicado en junio de 2023 y que aprueba la Política Nacional Contra el Crimen Organizado, la delincuencia organizada es "toda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas o las propiedades, importa un delito que existe por el solo hecho de organizarse".

“Dicha organización, y el lugar (físico, virtual, presencial o distante) donde se realice, son un elemento fundamental que se debe tener presente al momento de investigar las redes de distribución y operación de la criminalidad organizada”, señala.

“Yo encuentro que este país ya se volvió cualquier huevada”, se escucha decir en el audio a la abogada Leonarda Villalobos respecto a un asalto que habría sufrido antes de llegar a la reunión con Hermosilla y Sauer.

“¿Me podí explicar cómo chucha a la única persona que deberían haber cuidado y van y le hicieron factura? ¿Me podí explicar eso?”, dice luego respecto a facturas ideológicamente falsas que habrían emitido.

[caption id="attachment_925099" align="alignnone" width="900"] Agencia Uno[/caption]

“Eres una psicópata bien orientada. Hay huevones psicópatas mal orientados que andan asaltando gente. Tú eres psicópata bien orientada que hace estas pegas”, le dice Hermosilla a Villalobos en una parte del audio revelado por CIPER.

Según Dante Castillo, sociólogo de la Universidad de Santiago, en la criminalidad de cuello y corbata hay una autopercepción de que no se está haciendo algo malo, donde se activan dispositivos mentales, compensaciones para poder justificar los actos.

“Aquellos mecanismos normalizados y legitimados de conducta, cuando uno los traspasa tienen mecanismos como ‘oye, si todos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Tendría que ser súper tonto’”, ejemplifica Castillo.

Uno de los aspectos que causó preocupación en el caso de Hermosilla tiene relación con su presunta influencia en el nombramiento de jueces en el Poder Judicial.

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En ese sentido, el presidente de la UDI, Javier Macaya, señaló en su momento que puede ser poco ético, pero no necesariamente ilegal, en respuesta a los dichos de la vocera de gobierno, Camila Vallejo sobre que “hay indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata”.

“En el segundo piso no se ocupa de cuello y corbata, pero bueno, era el abogado también del segundo piso. Hay que irse con cuidado en este tema. Ese es el mensaje que le paso al Ejecutivo”, señaló Macaya en entrevista en Tolerancia Cero aludiendo a Miguel Crispi.

Sin embargo, actualmente se está indagando si hubo tráfico de influencias no sólo en la designación de jueces, sino que también en la de autoridades en las fuerzas policiales, como es el caso del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz.

El jueves 6 de mayo, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, sostuvo que sí hubo tráfico de influencias en la designación de Muñoz.

[caption id="attachment_925100" align="alignnone" width="640"] Comisión investigadora de la Cámara de Diputados / Agencia Uno[/caption]

“Esta comisión investigadora (…) pudo evidenciar las falencias que existen actualmente en nuestro sistema político y judicial, especialmente en la designación de altos cargos públicos que el Sr. Hermosilla hábilmente utilizó a su conveniencia, generando verdaderas redes de corrupción y tráfico de influencias”, dijo el informe en sus conclusiones.

El 20 de diciembre de 2004, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se promulgó el Decreto 342 en el que el Estado de Chile se hace parte de la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada.

En la letra C del decreto se señala que “por ‘grupo estructurado’ se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada”.