Por orden del Cuarto Juzgado Civil de la comuna, el municipio de Antofagasta deberá pagar al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la región una indemnización de $458.305.984, luego de que en 2020 funcionarios públicos paralizaran obras en Avenida Ejército, más conocida como Costanera, pidiendo un permiso de urbanización improcedente.

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La millonaria indemnización cae sobre la comuna como consecuencia de los costos que el servicio estatal tuvo que desembolsar tras la paralización de la obra “Mejoramiento Avenida Ejército entre H. Ávila y Ruta 28, Antofagasta”.

Esta obra vial considerada estructural para el flujo vehicular para el sector sur de la ciudad consistía en una mejora de "aproximadamente en 3,5 kilómetros, considerando en ella la nivelación altimétrica entre la calzada oriente y poniente, en todos aquellos tramos con un desnivel superior a 0.40 m".

Argumentando que los funcionarios municipales intervinieron en etapas de diseño y ejecución de la obra, el fallo de la magistrada Susana Tobar Bravo señala que “iniciada la ejecución de las obras, funcionarios de la municipalidad de Antofagasta paralizaron estas, exigiendo requisitos a Serviu y empresa constructora, en contravención a las normas legales vigentes y a sus actos propios, lo que no puede sino ser calificado como una conducta negligente, o constitutiva de falta de servicio”.

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Al mismo tiempo, se responsabilizó a los trabajadores de la municipalidad de atrasar la obra, traduciéndose la insistencia por el permiso en gastos monetarios.

“La reprogramación de obras y aumento de plazos, con las consecuencias económicas asociadas, esto es, la generación de gastos generales, que legalmente y conforme a lo pactado, se encuentra obligado pagar Serviu Antofagasta a la empresa constructora del proyecto de autos, fueron consecuencia de la postura persistente de funcionarios de la municipalidad demandada consistente en exigir un permiso de urbanización improcedente y desconocer las autorizaciones de proyectos de especialidades aprobados previamente”, dice el falo judicial.

“La circunstancia que los perfiles del proyecto no cumplían con el instrumento de planificación territorial vigente, debía haber sido advertida y corregida al momento en que se invitó a la municipalidad a participar en el diseño del proyecto, en el transcurso de los años 2015, 2016 y 2017 (…) por el contrario, aprobó con fecha 15 de diciembre de 2016 el proyecto de paisajismo”, enfatiza la resolución.