El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a la pena de 3 años de cárcel a dos gendarmes por tormentos y apremios ilegítimos en contra de un preso residente del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, que quedó con insuficiencia renal.

Los hechos sucedieron en julio de 2016, cuando el teniente Álvaro López Barriga y el cabo Jorge Herrera Riquelme agredieron físicamente a un interno privado de libertad que había sido trasladado un día antes y "sin lesiones" dese Colina 1 hasta el recinto ubicado en calle Pedro Montt 1902.

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De acuerdo a lo contenido en el fallo de primera instancia (RIT N° 22-2023) ambos funcionarios de Gendarmería "lo obligaron a sacarse la ropa, quedando completamente desnudo y a hacer ejercicios físicos tipo flexiones de piernas, hasta quedar extenuado".

Sin importar el cansancio de la víctima, lo forzaron "a continuar por medio del uso de la fuerza, golpeándolo con un elemento contundente en distintas partes de su cuerpo". Posteriormente, los imputados lo rociaron con gas lacrimógeno. 

Finalmente, uno de los gendarmes "le dijo unos improperios, le tiró agua y el acusado firmó un libro y se fue", detalla el fallo.

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Debido a los golpes, la víctima debió ser trasladada a la Posta Central quedando con una insuficiencia renal aguda por la ruptura de un tejido muscular (rabdomiólisis), y un síndrome compartimental debiendo ser operada su pierna derecha.

Indica el fallo que de "no haber sido tratadas (las lesiones) podrían haberle causado la muerte o mutilación de una o ambas piernas". 

Por otro lado, el informe del Servicio Médico Legal acreditó que la víctima quedó con "sintomatología post traumática reactiva" por lo sucedido.

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El Ministerio Público expresó que "los hechos antes descritos son constitutivos del delito consumado tormentos y apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos", por lo tanto existe "un abuso de poder por parte de los imputados".

La Fiscalía pedía una pena de 4 años de presidio menor en su grado mínimo, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, solicitaron 10 años, y el Consejo de Defensa del Estado pidió 5.

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