La escena sorprendió a muchos. En el primer día del juicio oral contra el ex carabinero Sebastián Zamora, diputados de la UDI y del Partido Republicanos arribaron hasta 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago para darle su apoyo al ex uniformado imputado por haber empujado a un menor de edad al Río Mapocho en el contexto de una protesta en 2020. 

Jorge Alessandri (UDI), Agustín Romero (Independiente) y Chiara Barchiesi (Republicanos) —todos de oposición— se hicieron presentes en la instancia judicial, junto a Claudio Crespo, acusado de haber cegado a Gustavo Gatica en el estallido social. 

La señal, dice Cristián Riego, es sumamente negativa ya que se genera una “presión” sobre los jueces que tienen que resolver el caso. “Ver a los parlamentarios haciéndose presente en el juicio habla de un oportunismo enorme, porque lo que están haciendo es tratar de conseguir visibilidad en los medios de comunicación, pero, desgraciadamente, lo están haciendo a costa de debilitar las instituciones”, sostiene el director del departamento de Clínicas Jurídicas.

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La situación, en todo caso, no es aislada. Desde hace meses, la oposición ha emprendido una arremetida no solo contra la fiscal Ximena Chong —que lleva el caso Pío Nono y otros emblemáticos del estallido social— sino que también contra el fiscal Xavier Armendáriz, fiscal regional Centro Norte. 

De hecho, el pasado 9 de abril un grupo de diputados de oposición y Jaime Araya (Ind. PPD) ingresaron un recurso para remover a Armendáriz, argumentando que el persecutor “ha incumplido sistemáticamente el estándar de objetividad e imparcialidad” y que ha investigado a funcionarios de Carabineros “con particular encono, subjetividad y parcialidad a funcionarios de Carabineros”.

Sobre esto, Riego —que representa a Armendáriz ante la Corte Suprema (donde fue ingresado el requerimiento)— es enfático en señalar que el escrito denota una “absoluta ignorancia” de los parlamentarios respecto al rol que cumplen los fiscales y del sistema de justicia chile, a la vez que apunta a que la acusación “no tienen ninguna seriedad”. 

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—¿Tiene sustento el requerimiento para remover al fiscal Armendáriz que ingresaron ciertos parlamentarios?

No tiene ningún sustento. Y ni siquiera es que no tenga sustento, lo que se le atribuye al fiscal Armendáriz no son cargos específicos de los cuales él se pueda defender. Son un conjunto de prejuicios, variedades y cosas que no tienen demasiada vinculación unas con otras. Yo diría que ni siquiera constituirían las causales establecidas en la Constitución para remover a un fiscal. Y eso se explica por el afán que tienen por figurar los parlamentarios que ingresaron el requerimiento. Pero lo que demuestran es un desconocimiento total de cómo funciona el sistema y de la trayectoria de las causas que lleva la fiscalía que lidera el fiscal Armendáriz.  

—¿Entonces cree que la Corte Suprema dará un espaldarazo al fiscal respecto al trabajo que está realizando?

Yo no iría tan lejos, porque no creo que el fiscal Armendáriz requiera un espaldarazo. Basta con que la Corte Suprema vea la acusación y se dé cuenta de que no tiene ninguna seriedad. No son hechos concretos de los cuales se pueda defender y decir que son falsos o son verdaderos. Como digo, son solo un conjunto de variedades que revela que no conocen cómo funciona la fiscalía. Por ejemplo, se dice que el fiscal Armendáriz habría tenido reticencia a investigar los delitos en los que fueron perjudicados los carabineros. Eso es totalmente falso. En la Fiscalía hay un equipo que está encargado de investigar los delitos. Han habido juicios orales, personas imputadas por agresiones contra carabineros y, de hecho, la semana pasada la Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria en el juicio contra quienes incendiaron la iglesia institucional de carabineros; la misma fiscalía del fiscal Armendáriz. Entonces, ¿de qué están hablando? 

—Se dice que el fiscal Armendáriz y Chong ha perseguido con “especial encono” a carabineros…

Cuando fue el estallido social, el fiscal Armendáriz organizó equipos de trabajo especializados. Uno de ellos, es el que está la fiscal Chong, destinada a conocer las denuncias que se ingresaron que, por lo demás, no inició él. Esas causas provienen de querellas. Y ese es el caso de, por ejemplo, la causa que se lleva adelante contra el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a quien se le interpusieron ocho querellas en su contra. Además, fue el fiscal nacional de esa época, Jorge Abbot, quien le encargó al fiscal Armendáriz armar equipos y él le entregó la responsabilidad de seguir las causas contra carabineros a la fiscal Chong quien llegó a la conclusión de formalizar en ciertos casos. Pero el fiscal Armendáriz no puede decirle a cada uno de los fiscales cuál es el resultado que tienen que obtener de las causas. El fiscal tiene que supervisar que los fiscales hagan bien su trabajo. Pero si una fiscal, como la fiscal Chong, llega a la conclusión de que aquí hay que imputar, el fiscal a cargo tiene que respetar lo que ese fiscal que conoce la causa ha realizado. Por eso repito: lo que refleja este requerimiento es una absoluta y frivolidad respecto al rol de la Fiscalía.

—Esta semana diputados de oposición acompañaron al ex carabinero Sebastián Zamora en el juicio por el caso Pío Nono, que lleva precisamente adelante la fiscal Chong ¿es una señal negativa para el Ministerio Público y en general por el poder judicial?

Es una señal muy negativa. No conozco el caso en detalle, pero pareciera que hay cierta controversia, pero que se solucionará de la forma que corresponde; a través de un juicio. Ver a los parlamentarios haciéndose presente en el juicio habla de un oportunismo enorme, porque lo que están haciendo es tratar de conseguir visibilidad en los medios de comunicación, pero, desgraciadamente, lo están haciendo a costa de debilitar las instituciones. Porque la señal que le dan a los jueces es que esperan ciertos resultados, lo que es muy negativo y además, lo tienen expresamente prohibido por la Constitución. 

—¿Lo ve como una medida de presión hacia la fiscal y los jueves?

Sin duda, pero son tan irresponsables que ni siquiera se dan cuenta. Lo que buscan es cámara, no creo que se hayan detenido a pensar mucho sobre las consecuencias de lo que están haciendo. 

—La diputada Barchiesi trató a Chong como “enemiga declarada de Carabineros”, ¿afecta a las instituciones ese tipo de declaraciones?

Es lo que decía hace un rato, es un signo de que parlamentarios, de manera muy irresponsable, están tratando de ponerse del lado de lo que sería la opinión mayoritaria de la población, en el sentido de apoyar a Carabineros frente a lo que, sienten, ha sido una injusticia. Pero ese criterio se basa en pura ignorancia. Porque la fiscal Chong lleva las causas contra efectivos de Carabineros porque le encargaron esa tarea. Hay otros fiscales que se les encargó lo contrario; investigar las causas de agresiones contra carabineros. Por lo tanto, atribuirle a ella una intención, habla de la proyección que hacen los políticos sobre su propio rol. La mayoría de los chilenos, los médicos, los fiscales, los abogados, suelen traicionar su rol profesional por sus orientaciones políticas que tampoco son tan radicales ni tan intensas como la de los políticos. 

—¿Cree que ha faltado que desde la política o del gobierno se defienda más el rol de los fiscales en este tipo de casos?

No, al revés. Yo me alegro de que no lo hayan hecho. Me parece muy bien que no aparezca ningún sector político, y ojalá que no aparezcan, a defender al fiscal Armendáriz y a ningún otro fiscal. Porque eso no haría otra cosa más que consolidar la percepción de que los fiscales o los jueces afectados pertenecen o de algún modo están vinculados a un sector político. Politizar la justicia sería una desgracia para el país. 

Yo he visto que la Asociación de Fiscales ha ejercido una defensa. Ojalá que otras personas del ambiente jurídico lo hicieran también. Pero más allá de eso, creo que lo realmente importante es que es un error permitir que un grupo tan pequeño de diputados pueda acusar a un fiscal. Me parece que eso podría revisarse el día de mañana. Si fuese una mayoría muy superior de diputados, tendría más sentido. Pero diez diputados acusando a un fiscal a mí me parece que es un exceso de facilidad. En todo caso, yo creo que también está el proceso en el que el fiscal se va a defender y en el cual yo no tengo ninguna duda de que el fiscal va a ser absuelto de la acusación. 

—¿Y el fiscal nacional no debería ejercer un rol más activo defendiendo el trabajo de los fiscales?

No, porque el fiscal nacional tiene su propia responsabilidad. Incluso, el fiscal nacional puede ser el acusador. Y, de hecho, lo ha sido en algunos casos. Por lo tanto, a mí me parece que no. La desgracia es que los políticos y la prensa, muchas veces, dan demasiada audiencia a este tipo de situaciones, lo que genera la impresión de una justicia politizada que no creo que exista en Chile. 

—En la tramitación de las RUF también se ha levantado como argumento esta supuesta persecución a carabineros por parte de fiscales para impulsar la reposición de ciertas facultades de la justicia militar, ¿qué le parece esta situación?

Cualquier persona que escucha ese argumento se da cuenta de que es una tontería. Que haya fiscales investigando a carabineros no depende sino del hecho de que hay antecedentes, datos, querellas, acusaciones que dan cuenta de que carabineros pueden haber cometido un abuso. Si existen esos antecedentes, a la justicia no le queda otra que investigarlos. Lo importante es que la justicia investigue esas acusaciones de una manera objetiva, neutral, profesional. El argumento debiera ser que los fiscales persiguen a los policías de un modo arbitrario y hasta ahora he visto ningún dato o evidencia que dé cuenta de que algún policía ha sido perseguido de modo arbitrario, con odiosidad, por algún fiscal. Lo que he visto es que hay fiscales que han escuchado ciertas querellas o ciertas acusaciones, las han parecido verosímiles y las han llevado a un juicio. La mayoría las han ganado y algunas las han perdido. Pero eso responde al normal funcionamiento de la justicia.

—¿Y en cuánto a la justicia militar, es o no acertado que se trate de reponer?

La justicia militar sería la peor solución de todas, porque funciona sobre la base de la dependencia del mando. La justicia militar no es realmente un sistema de justicia, sino que es una expresión del mando militar. El juez militar es el comandante del regimiento o de la unidad que corresponda y la consecuencia de eso es que la justicia militar siempre resuelve lo que el mando quiere que se resuelva. Y el problema de eso es que la justicia militar no tiene ninguna credibilidad. Eso no le sirve ni al carabinero, o a cualquier organización que sea, ni a los involucrados, ni a los imputados, ni a las víctimas. 

—¿Por qué no le convendría a Carabineros u otras instituciones policiales o militares?

Porque si el propio Ejército, por ejemplo, o Carabineros, salen auto absolviéndose, eso no tiene ninguna credibilidad. Entonces, el país va a pensar que esto es un arreglo, aunque pueda ser verdad que las personas son inocentes. Imaginémonos que el carabinero es inocente y el ejército sale y dice “mire, este carabinero va a ser absuelto” y eso lo dice el comandante. Eso, nadie lo va a creer. Y lo que va a haber es una percepción de impunidad, y la presión sobre el Ejército, sobre Carabineros, va a seguir siendo la misma que había antes. Las familias van a seguir reclamando.

—¿Y eso no pasa con el sistema de justicia actual?

Es muy diferente, incluso desde el punto de vista de que los carabineros pueden ser perjudicados. Supongamos que se lleva a la justicia a un carabinero. Yo entiendo que ese carabinero pueda estar incómodo de tener que ir a defenderse en la justicia civil. Pero imagínense ese carabinero teniendo que defenderse en la justicia militar donde prácticamente no hay derecho a la defensa. Donde no hay derecho a guardar silencio ni presunción de inocencia. Donde quien lo va a investigar es el mismo que lo va a condenar. Si la justicia militar decide que él es culpable del delito, ese carabinero no tiene defensa posible. Porque la justicia militar no le ofrece garantías básicas a los imputados, ni a las víctimas. Es más, yo diría que tampoco se las ofrece a la propia institución.

—¿Qué consecuencias traería que una medida así prosperara? 

Si la llegan a ejecutar, se van a arrepentir, y no los diputados, que yo creo que son bastante irresponsables al proponerlo. Sino los que se van a arrepentir son los propios uniformados.  Porque van a ver que las consecuencias de haber traspasado competencias a la justicia militar no van a ser positivas. Hoy día, en la justicia civil, probablemente los carabineros se sienten incómodos, porque es algo que no conocen. Se sienten probablemente amenazados y en muchos casos se sienten abandonados por su institución, lo cual es muy importante. Pero la justicia civil tiene garantías. Pueden defenderse, conocen las acusaciones, pueden contratar a un abogado y cuentan con un juez totalmente imparcial. En caso de que se aprobara la justicia militar, todo eso lo perderían. 

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