Situada a un costado de la Avenida Costanera Sur en Cerro Navia se emplazó la “Toma 17 de Mayo”. En paralelo a su quinto aniversario, hace exactamente una semana, cerca de 136 familias fueron desalojadas por un alto contingente de Carabineros.

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Lacrimógenas, columnas de humo, niñas y niños angustiados y el cuestionamiento, transmitido en vivo por los canales de televisión, de las y los pobladores a las promesas de campaña del Presidente Boric.

La “Toma 17 de Mayo”, la cual se ubica en un terreno privado, estaba en la mira de la Corte Suprema, tras acoger los argumentos de la propietaria del predio María Hortensia Guzmán Nieto. Así, en su resolución (octubre, 2023) estableció un plazo de seis meses para ser desmantelada, -el cual expiraba el 23 de mayo del 2024-.

Por otro lado, el máximo tribunal instruyó a la Municipalidad de Cerro Navia, MINVU y MIDESO disponer de albergues provisionales. Los cuales, finalmente, fueron habilitados por dos fundaciones y no por los órganos del Estado.

Fue el propio Ministro Carlos Montes, que frente a este escenario, señaló que "nosotros le hemos hecho ver a la Corte de distintas maneras que esto es muy complejo; obligar a que haya este tipo de soluciones, es algo que puede generar fenómenos sociales muy duros”.

Pobladores pernoctando al aire libre para cuidar los enseres que quedaron en las calles que ellos mismos construyeron, muchos y muchas de ellas sin las herramientas para acceder al subsidio de arriendo por la precariedad de sus propias vidas, sin ahorros para pagar el mes de garantía y quién arrienda a quien siquiera tiene un contrato de trabajo.

Esto sucede mientras, según cifras del gobierno, el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) se encuentra en la mitad de su ejecución. Sin embargo, el déficit habitacional parece no detenerse y queda a la luz que no basta con solo construir viviendas en donde se requiere planificación urbana.

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La forma en que históricamente el Estado se ha vinculado con estos sectores ha sido principalmente desde la criminalización y hoy no fue diferente. Los distintos poderes, ya sea el Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben atender la situación que enfrenta el país en torno a la crisis habitacional y asumir las décadas de exclusión y abandono que han sufrido los sectores más pobres del país.

¿Por qué el negocio con el uso del suelo debería estar por sobre el derecho a la vivienda? Es una interrogante que a lo menos deberíamos hacernos los sectores progresistas. El predio en cuestión, es propiedad de María Hortensia Guzmán Nieto, su familia es dueña de más de 1.500.000 metros cuadrados en la Región Metropolitana. “La engordita” antes de convertirse en la “Toma 17 de mayo”, era un basural urbano que estuvo más de 15 años inutilizable, generando incivilidades en las y los vecinos del sector.

Antes de la pandemia el predio tenía una tasación de $600 millones, luego de su cambio en el uso de suelo se avalúo en en más $7.000 millones. Haciendo imposible la posibilidad de un proyecto habitacional para las familias que habitan el lugar.

El camino que comenzaban a construir las familias de la “Toma 17 de Mayo” con una población con pasajes, cancha, escuela, comedor comunitario y club deportivo, no es muy distinto al camino que recorrieron otros pobladores en el gran santiago a mediados del siglo pasado y que hoy familias recorren en distintos lugares del país.

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La ausencia de una política habitacional que busque hacer frente a la especulación del suelo y el negocio inmobiliario, hoy pone en riesgo el Plan de Emergencia Habitacional y las palabras del propio Presidente Boric. Nuestras familias no deben continuar hacinadas, en los patios traseros o tomas mientras un sector muy acotado del país se beneficia de las reglas heredadas de la ciudad neoliberal.