Fue justo la semana posterior al asesinato de tres funcionarios de Carabineros en Cañete. El Congreso, tras conocerse la noticia, decidió suspender la semana distrital programa para apretar el acelerador en cuatro proyectos de ley calificados como “claves” para la agenda de seguridad. 

Uno de ellos, era la iniciativa que eleva a rango legal las reglas del uso de la fuerza que rigen para las Fuerzas de Órden y Seguridad. Y aunque el proyecto fue impulsado por el gobierno para complementar la ley de infraestructura crítica, la derecha asestó un duro golpe al incluir en la iniciativa una norma que reponía competencias a los tribunales militares. 

Para el oficialismo, el tema —desde el retorno a la democracia— siempre ha sido sensible. Esto, porque la justicia militar desestimó casos de violaciones a los derechos humanos como, por ejemplo, en el Caso Quemados. Y, además, costó varias décadas traspasar a la justicia ordinaria casos de violaciones a los DD.HH. en que estaba involucrado personal militar. 

Por su parte, la derecha ha insistido en que ante la crisis de seguridad, es necesario “darle garantías a las fuerzas militares” para que actúen en estados de excepción y protección de la infraestructura crítica. 

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Derecha insiste en justicia militar

Ahora, luego de que la Cámara rechazara la indicación que reponía las competencias de la justicia militar, la derecha en el Senado presentó nuevamente una indicación para incluir en las RUF la norma. 

Actualmente la legislación está siendo tramitada en la comisión unida de la Càmara Alta de Seguridad Pública y Defensa. En dicha instancia, los senadores Rojo Edwards (Ind.) y María José Gatica (RN) presentaron una indicación que repone facultades de la justicia militar. 

Sobre la norma, Gatica comentó que “hoy el estado de sitio lo declara el terrorismo. Estamos presos de los delincuentes. Si nuestras policías tuvieran el respaldo de los políticos viviríamos mejor, por eso reponer la justicia militar en la RUF es de vital importancia para que los chilenos vivamos mejor”.

La idea impulsada por la oposición propone restituir las competencias de los tribunales militares en cuatro contextos diferentes: en los estados de excepción, protección de infraestructura crítica, en actuaciones de militares es eventos eleccionarios y en la protección de la frontera.

Eso sí, en el Senado los votos para esta indicación no están asegurados. Esto, ya que Demócratas notificó a sus socios de Chile Vamos y del Partido Republicano que sólo apoyaría una medida así en proyecto aparte de las RUF.

Oficialismo apuesta a actora competencias de justicia militar

En la verdad contraria, el diagnóstico es totalmente contrario. El oficialismo no solo se ha opuesto a conceder nuevas atribuciones a la justicia militar, también apuesta por acotarla a propósito del caso del soldado conscripto que falleció en Putre. 

Esto, en consideración del proyecto de ley presentado por el diputado Matías Ramírez (PC) el cual propone “inhibir del conocimiento de la Justicia Militar, todo hecho susceptible de interés jurídico que involucre a soldados conscriptos y a jóvenes que se encuentren cumpliendo el servicio militar, y a su vez, otorgar conocimiento y competencia a tribunales ordinarios establecidos por ley”. 

“Ante la tragedia ocurrida en Putre, creemos que es una oportunidad importante para cumplir lo que las entidades internacionales, la excelentísima Corte Suprema de nuestro país e inclusive el Tribunal Constitucional, han determinado que es limitar el accionar de la justicia militar”, sostuvo Ramírez a la hora de presentar la iniciativa. 

En esa línea, agregó que el proyecto busca “modificar el Código de Justicia Militar para evitar que, en el caso de hechos que se vean involucrados soldados en formación, sean organismos independientes, con autonomía, quienes puedan llevar la causa, que es el caso del Ministerio Público, y sean los tribunales ordinarios quienes puedan sancionar estos hechos”.