Un grupo de 30 vendedores ambulantes de Chillán buscaba permisos del municipio para poder vender sus productos en las calles de la ciudad.

Según ellos, vender en la calle es su única manera de ganar dinero, y pidieron a la municipalidad que les permita establecer puestos fijos en el centro.

A pesar de un decreto municipal que fija un costo bajo para estos permisos, los vendedores enfrentaron una negativa del municipio, que no les otorgó los permisos solicitados.

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Los vendedores entonces llevaron su caso a la justicia, presentando un recurso de amparo económico, una herramienta legal destinada a proteger el derecho a trabajar y realizar actividades económicas libremente.

Sin embargo, la Municipalidad de Chillán respondió que no había registros de que los vendedores hubieran presentado formalmente sus solicitudes de permiso.

Además, el municipio argumentó que este tipo de disputa no debería resolverse mediante un recurso de amparo económico, sino más bien a través de un recurso de protección, dado que se relaciona más con el orden público económico.

La Corte de Chillán analizó el caso y decidió no darles la razón a los vendedores. En su fallo, mencionó que no había pruebas suficientes, como documentos que confirmaran que los vendedores realmente habían solicitado los permisos que decían haber pedido. La falta de estas pruebas fue crucial y resultó en que la solicitud de los vendedores no prosperara.

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Finalmente, la decisión de la Corte de Chillán fue llevada a la Corte Suprema, que confirmó el fallo anterior.

Esto significa que, según la Corte Suprema, los vendedores ambulantes no demostraron de manera adecuada que habían seguido los pasos necesarios para solicitar los permisos, y por eso, no se les otorgaron.

Los 30 vendedores ambulantes de Chillán ahora tendrán que buscar otras maneras de resolver su situación o asegurarse de cumplir con todos los requerimientos para una nueva solicitud de permisos.

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