A propósito de una pregunta -entre varias otras- que se formularon el ex ministro Sergio Bitar y el economista sueco Brundenius en cuanto a si “¿Es socialista la promoción de un ingreso básico universal…?” concepto luego replicado como insumo en el Manifiesto del socialismo democrático anunciado el pasado 7 de abril en el diario La Tercera y sobre el cual distintos actores del mundo socialista se han pronunciado a través de distintos medios (Pollarolo, Aguiló-Martner, Rivera y Escalona), acá entregaremos algunos elementos sobre su alcance.

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En efecto, la idea de una Renta Básica Universal -RBU- que se analiza en el mundo desde el siglo XVI hasta nuestros días, y que consiste en la entrega a las familias ‘target’ de un ingreso en dinero y sin condiciones, ha sido considerada en varios momentos de la historia por distintos sectores del arco ideológico y en diversas naciones. En nuestro país, como es sabido, también estuvo en el centro del debate durante la pandemia.

Así, por ejemplo, Richard Nixon, expresidente de EEUU y conocido precursor del golpismo en Chile, en respuesta a una solicitud escrita que le formularan 1.000 economistas, propuso como respuesta  proporcionar “dinero en efectivo directamente a las familias, sin condiciones, y aprobada dos veces por la Cámara de Representantes, pero rechazada por el Senado”(ver aquí).

Milton Friedman, poco amigo de los estados de bienestar, y más bien propulsor del capitalismo salvaje que se hizo hegemónico en Chile con la dictadura, siguiendo la misma publicación precitada, también “la defendió como una forma de impuesto negativo sobre la renta”. Por el contrario, desde el otro arco y movido por ideales de justicia social en las comunidades afrodescendientes de ese país del norte, la RBU fue parte de la lucha que impulsó la figura de Martin Luther King Jr.

En la mayoría de los casos dónde los gobiernos centrales o locales han decidido impulsar iniciativas en temáticas tan variadas como la cesantía, mejorar el bienestar social, la salud y la educación, o cómo la renta básica afecta a la seguridad financiera, mostraron que las personas, al recibir ingresos por este concepto, no dejan de trabajar. Por el contrario, en muchos casos asumen nuevos emprendimientos. Mientras que a nivel de las comunidades mejoran los resultados en educación y salud mental y disminuyen los índices de delincuencia.

A esas conclusiones han llegado experimentos ya realizados en diferentes partes del mundo así como otros actualmente en curso. Uno de ellos, es el experimento conocido como el Proyecto de Ingresos Garantizados de Manitoba, Canadá, en la década de los 70', en el que sus resultados mostraron mejoras en salud y educación y un aumento en participación laboral en algunos grupos. La iniciativa fue luego cancelada con la llegada de gobiernos conservadores. Caso idéntico al de 2017 en Ontario, con la subida del actual gobierno del mismo sector.

En Namibia (2008), un contexto social y económico radicalmente distinto al anterior, los resultados arrojaron mejoras en la nutrición, educación y el emprendimiento en las comunidades rurales en las que se implementó. En Finlandia, (2017-2018) se realizó un experimento en un grupo de cesantes, consiguiendo mejoras en la salud mental de los participantes. Otras ciudades del mundo (Barcelona, Berlín) o países (México, Brasil) en Latinoamérica, han considerado o consideran impulsar estos experimentos.

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Como se puede ver, las motivaciones alrededor de la idea de RBU pueden ser distintas y variadas. Mientras por un lado hay quienes la han acogido como una forma de bloquear el desarrollo de los estados de bienestar (Nixon, Friedman), por la vía de contener los excesos del capitalismo y evitar sus riesgos de implosión, o estallido social a la chilena, al mismo tiempo que se busca debilitar al Estado, o colocarlo al servicio del mercado; otros, como Luther King y muchos más a lo largo del tiempo, lo han hecho motivados por un genuino interés por redistribuir la riqueza y avanzar en algo en justicia social, o para paliar alguna crisis, como la ya casi olvidada pandemia.

De hecho, durante la pandemia tuvo el efecto de impulsar a los gobiernos a ir mucho más allá de sus programas habituales de ayuda a las familias, flexibilizando sus transferencias directas asemejándose mucho a formas de RBU. Es el escenario en el que surgió la PGU en Chile, que es necesario ampliar y extender, por ejemplo, a las mujeres trabajadoras quienes deben esperar a los 65 años, cinco más que los hombres para poder acceder a ella.

Existen además otros factores que próximamente pueden llegar a ser altamente disruptivos para las relaciones sociales y que ameritan ser consideradas para avanzar en soluciones del tipo RBU. Es el caso de la revolución tecnológica en curso, que ha venido a fortalecer otras tendencias hoy puestas en la retina pública: e-commerce, automatización de servicios y procesos productivos, inteligencia artificial o la robotización.

A la luz de estos procesos, las preguntas que surgen son, ¿cuántos puestos de trabajo podrían ser destruidos por la implementación de estas tecnologías al cabo de los próximos años? ¿Cómo podrán sobrevivir aquellos que no sean absorbidos por los mercados laborales que emerjan de estos procesos o que simplemente no logren readaptarse a estas nuevas realidades?

¿Seguiremos en Chile con los mismos programas sociales burocráticos de hiperfocalización, que al cabo de las décadas no han dado muestras de eficiencia para disminuir la pobreza y que, en cambio, hunden en ella a quien tuvo la desdicha de haber nacido pobre?

Estamos hablando de varios cambios simultáneos impulsados por la tecnología, la globalización y la hiperconcentración de la riqueza.

Se hace necesario entonces evitar que sea solo el mercado el que se haga responsable de estos fenómenos, especialmente considerando la realidad de un país como Chile, asfixiado por relaciones sociales y económicas hipermercantilizadas, que solo pueden contribuir a ahondar la profunda desigualdad que existe y regenerar escenarios altamente explosivos, como los ya vividos.

La RBU es un paso importante pero no es ninguna panacea. En realidad puede ser también utilizada para evitar que el Estado asuma su rol de garantizar la provisión de servicios sociales esenciales para la convivencia, tales como la salud pública oportuna y de calidad, educación y pensiones dignas y suficientes, para reemplazar su rol mediante un monto de dinero a través del cual las familias compren estas prestaciones en el mercado. La RBU no es un voucher para seguir haciendo más de lo mismo. Por cierto que, al igual que en todos los asuntos de la vida, la riqueza y el poder, las visiones de sociedad también están presentes acá.

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Por todo ello es que, ante la pregunta de si “es socialista la promoción de un ingreso básico universal” desde mi punto de vista ello es irrelevante, porque donde quiera que se hayan implementado, antes que en la ideología, han sido y son políticas públicas fundadas en la ética, algo muy extraviado en sectores de nuestra sociedad.