La diputada Maite Orsini (RD), perteneciente a las comisiones de Seguridad Ciudadana y Constitución de la Cámara de Diputados, tuvo una voz crítica en contra de la oposición, acusando a sus colegas legisladores de dilatar los plazos de votación respecto de las Reglas del Uso de la Fuerza de policías y Fuerzas Armadas.

"Llama la atención que justamente aquellos sectores políticos que más han presionado para avanzar en leyes que entreguen mayor seguridad a los ciudadanos, tengan entrampados este proyecto hace tanto tiempo", enfatizó.

Al mismo tiempo, acusa desórdenes en cuanto a diálogo con asesores parlamentarios y argumenta que gran parte del tiempo de las sesiones se gasta en discusiones previamente tratadas.

Entrevistada por El Desconcierto sobre los esfuerzos del oficialismo por avanzar con la discusión, la diputada Orsini afirma que "el poco progreso de las sesiones se debe a faltas de las bancadas oficialistas". 

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Eje legislativo de seguridad

-¿Qué implicancias tiene la demora de las RUF en el proceso que se necesita para avanzar en seguridad?

-Llama la atención que justamente aquellos sectores políticos que más han presionado para avanzar en leyes que entreguen mayor seguridad a los ciudadanos, tengan entrampados este proyecto hace tanto tiempo. Este proyecto lleva más de un año en tramitación legislativa y cuenta con urgencias que se renuevan semanalmente, pero lamentablemente, a pesar de haber tenido muchísimos espacios pre-legislativos, así como un acuerdo entre los asesores de todos los diputados planteando que estaban conformes con la propuesta de conciliación que presentó el Ejecutivo, luego en la tramitación buscan dilatar su votación.

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-¿Por qué cree que está ocurriendo?

-Yo creo que ellos esperan que la legislación regulatoria de las normas de uso de fuerza sea una legislación hecha a la medida de las policías y las Fuerzas Armadas, que en el fondo sea una ley que busque proteger a las fuerzas armadas de posibles denuncias (de Gatillo Fácil, por ejemplo). No quieren hacerse cargo de las posibles vulneraciones que las policías pueden hacer en contra de los ciudadanos. Entonces, nosotros queremos una legislación de consenso que sea útil tanto para proteger a policías como para proteger a la ciudadanía de posibles abusos de las policías.

Ese sector político, la oposición, lo que quiere es una legislación que solo proteja a las policías de las posibles denuncias, no a la ciudadanía de posibles abusos. Ahí es donde no nos vamos a encontrar.

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-Hoy se tomaron dos horas en aprobar un solo artículo. ¿Eso realmente es mucho para un tema tan sensible?

Es muchísimo... Quienes puedan seguir la discusión en la Comisión se va a dar cuenta de que se abren y reabren discusiones que ya fueron abordadas en otros momentos.

-¿Cuáles son las que se repiten?

-En la última, tuvimos toda una sesión para votar primero el objetivo de la ley, luego pasamos a las definiciones, donde se definía qué es el armamento, qué es el armamento letal, cuál es el armamento menos letal y cuál es el objetivo legítimo. Pidieron (la oposición) discusión separada, en vez del artículo completo y en cada una de las definiciones querían hacer modificaciones. Entonces, se cayó el armamento menos letal, solo quedó aprobado el armamento y el armamento letal.

Armamentos menos letales

-¿Cuáles son los armamentos menos letales?

-La misma luma es un armamento menos letal. Se cayó la definición, porque no les gustaba. Yo entiendo que no les puede gustar, pero el proyecto se presentó hace un año y el Ejecutivo ha ido generando nuevos espacios de trabajo pre-legislativo en el que todos los sectores pudieran manifestar sus ideas o sus resquemores y todo eso fue recogido en esta nueva indicación.

Llegamos a la Comisión y los mismos diputados desconocen los acuerdos que sus asesores tomaron en las instancias pre-legislativas y vuelven a reabrir debates que nosotros ya entendíamos como zanjados y van entrampando el avance. No pueden quedar las reglas de uso de la fuerza sin la definición de armas menos letales, porque podría entenderse que no pueden ocuparlas si no están descritas.

Hay algunas indicaciones que nosotros íbamos a retirar, porque ya estaban consideradas en la indicación que hace el Ejecutivo, pero ya no lo vamos a hacer, para ver la posibilidad de reabrir la discusión respecto de las armas menos letales para poder incorporarlas.

-¿Ese es uno de los puntos que más se ha entrampado?

-Como está recién empezando, lo único que hemos discutido hasta ahora es el artículo primero que es el objetivo de la ley y las definiciones, el artículo segundo que son las definiciones básicas, y fue ahí donde se cayó la definición de armas menos letales.

Ahora tenemos que ver cómo resolvemos que no queden fuera de la legislación las menos letales, o el Senado lo tendrá que resolver. Lo que es evidente, es que la legislación no puede salir sin ese aspecto.

-¿Cuáles son los puntos que usted considera fundamental abordar para así avanzar?

-Yo creo que hay un tema de formas, más que de fondo. Yo creo si es que seguimos así, vamos a estar dos años tramitando este proyecto.

Oficialismo ha cedido

-¿Qué ha decido el oficialismo para avanzar en este trámite?

-Yo, personalmente, y el sector político que represento, somos de la idea de que las normas de uso de regulación de uso de la fuerza tienen que establecerse en esta legislación solamente para Carabineros y policías, entendiendo que hay oportunidades en que la Constitución le permite a las Fuerzas Armadas hacer gestiones de orden público, cosa que también hay que regular en ese caso, pero en nuestra opinión, eso habría que regularlo en otra ley distinta, entendiendo que el contexto en el que las Fuerzas Armadas pueden hacer labores de orden público son casos excepcionales que se contemplan nuestra legislación y en esa instancia deben tener normas especializadas para ello.

La oposición quería que las reglas de uso de la fuerza fueran las mismas para las Fuerzas Armadas y las policías. En eso, un consenso al que llegamos en la mesa pre-legislativa es que esta ley lo regulara, pero en un capítulo diferenciado. Cedimos en que las Fuerzas Armadas entren en la ley, pero en un capítulo aparte.