La multitudinaria convocatoria que tuvo este miércoles en Argentina una jornada de clases abiertas en defensa de la educación pública, y el temor a que la “Marcha Federal Universitaria”prevista para el martes 23 -a la que adhirió la poderosa CGT- tenga una magnitud inédita, hizo recular al gobierno de Javier Milei, que sacó de la galera una propuesta de aumento de fondos asignados al sector, sobre la cual sin embargo persisten dudas y no fue aún aceptada por la contraparte.

El latiguillo “no hay plata” con que el libertario acostumbraba responder las demandas sectoriales se diluyó anoche, mientras se multiplicaban en todo el país las adhesiones a la marcha prevista para este martes.

El mega ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Petovello -que incluye la cartera de Educación- anunció que la partida destinada a gastos de funcionamiento de las universidades “se duplicará” en Mayo.

"De acuerdo a lo previsto por el Gobierno Nacional se dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales y otro 70% en el mes de mayo alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales", señalo la funcionaria.

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El contexto

En medio de una inflación interanual cercana al 300%, las universidades nacionales argentinas iniciaron este año con un presupuesto idéntico al de 2023, lo que determinó que la caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria fue más pronunciada que en el promedio del gasto público nacional.

La institución universitaria más grande del país, la Universidad de Buenos Aires (UBA) que luce entre sus egresados cinco premios Nobel, y recibe actualmente a unos 350.000 alumnos (entre ellos 5.727 chilenos, 4773 en universidades públicas y 956 en privadas), se declaró en emergencia económica y está en riesgo el funcionamiento de sus facultades y hospitales.

“Nunca vi un ajuste como el que se está haciendo ahora. La situación es muy angustiante”, declaró el vicerrector de la prestigiosa casa de estudios, Emiliano Yacobitti, quien subrayó que “El presupuesto para gastos de funcionamiento asignado actualmente constituye un recorte en términos reales del 80 %. Es decir, por cada 10 pesos que contaba la UBA en marzo de 2023, hoy tiene dos”.

Para muestra un botón

Un primer indicio de la contundencia que puede llegar a tener la convocatoria la dio una jornada de clases abiertas el pasado miércoles que incluyó múltiples “acciones de visibilización”, en contra del ajuste a la educación, con asambleas, abrazos simbólicos y clases públicas, profusamente informadas en redes sociales y en un sector de la prensa argentina.

Además de la Capital Federal, se produjeron masivas actividades en las principales ciudades argentinas, como Rosario, Córdoba, San Luis, Entre Ríos, Cuyo, Santa Rosa de la Pampa, y varias más, mientras en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad local fue sede de una multitudinaria asamblea para definir las acciones de cara a la marcha del 23, que incluso recibió el apoyo de universidades privadas, entre ellas la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), además de organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, políticas y gremiales y cámaras empresariales.

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Acuerdos, no acordados

El gobierno acusó el golpe, vislumbró una movilización de proporciones inconvenientes y apuró un informe sobre un incremento en el presupuesto universitario, pero que solo abarca los gastos de funcionamiento, por lo que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) señaló que aunque celebra que el Ejecutivo admite el ajuste, considera “insuficiente a propuesta”, por lo que mantiene la movilización de la semana próxima.

Según el gobierno el anuncio surgió de un consenso alcanzado con los rectores de las universidades nacionales y anticipó un encuentro para avanzar en alcanzar "una educación universitaria de calidad", pero los representantes de la educación opinan diferente.

“Nos parece bien que reconozcan que existe el ajuste, porque hasta hace poco lo negaban. Queremos sentarnos a dialogar, pero la propuesta sigue siendo insuficiente", señalaron.

El CIN señaló que el diálogo convocado "es sin dudas el camino para lograr acuerdos duraderos que den la previsibilidad que el sistema universitario y científico necesita las en materia presupuestaria", pero dejaron claro que aún están "a la espera de la invitación formal” de la reunión en la que anuncie con toda claridad las medidas.

Se trata, aseguraron sectores gremiales, de un artificio utilizado por el gobierno que cuando vislumbra el conflicto, primero rechaza su existencia, luego ataca al sector convocante, y cuando la crisis se torna inevitable lanza una oferta o, vía redes sociales y con la ayuda de su granja de trolls, difunde una solución que no es tal, como operó el pasado 14 de marzo cuando intentó sin éxito de frenar la huelga nacional de los docentes universitarios.

Hace dos décadas

En marzo de 2001, durante el gobierno de Fernando De La Rúa, y en plena crisis económica, el ministro de Economía, Ricardo López Murphy (actual diputado nacional e integrante de la conservadora banca “Hacemos Coalición Federal”), anunció un ajuste brutal de la economía que incluía achicar el presupuesto universitario en $361 millones en 2001 y $541 millones en 2002, lo que implicaba un virtual arancelamiento y el fin de la histórica universidad pública argentina.

Una histórica marcha estudiantil que paralizó la capital obligó a López Murphy a abandonar el gobierno tan solo 15 días después de haber asumido su puesto.

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