La Corte Suprema tomó una decisión respecto a la expulsión de dos miembros de la masonería chilena. Todo comenzó cuando un profesor y un ingeniero, con años de experiencia en la masonería, se encontraron en medio de un conflicto.

Ambos ocupaban roles de liderazgo en una escuela vinculada a la Gran Logia de Chile. Sin embargo, la situación se volvió tensa cuando surgieron problemas en el colegio y los miembros de la comunidad educativa expresaron preocupación por las instalaciones deficientes.

En lugar de renunciar a sus cargos directivos, como se les sugirió, decidieron mantenerse en sus puestos. Esto llevó a que fueran denunciados ante el Gran Maestro de la Logia, quien, después de un proceso interno que los recurrentes consideraron injusto, decidió expulsarlos de la masonería, argumentando que habían incumplido su "deber masónico".

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Los afectados no estaban de acuerdo con esta decisión y decidieron recurrir a la justicia. Interpusieron un recurso de protección y argumentaron que la expulsión violaba sus derechos constitucionales, como la igualdad ante la ley, el derecho al debido proceso y su honor.

Por otro lado, quienes los expulsaron defendieron su decisión, argumentando que la Gran Logia tiene autoridad para tomar medidas disciplinarias contra sus miembros.

Además, señalaron que los recurrentes no mostraron la actitud esperada al no renunciar a sus cargos en un momento de crisis en la escuela.

Inicialmente, la Corte de Chillán respaldó la expulsión, diciendo que se ajustaba a las reglas de la Gran Logia a la que los afectados se habían unido voluntariamente. Sin embargo, la Corte Suprema tomó una postura diferente.

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La máxima instancia judicial del país consideró que la expulsión fue injusta y carecía de una justificación clara. Argumentaron que se había violado el derecho a la igualdad ante la ley y ordenaron que la situación de los afectados se resolviera de acuerdo con un proceso justo.

Esta decisión de la Corte Suprema es importante porque establece que, incluso dentro de organizaciones privadas como la masonería, los derechos de los individuos deben ser respetados y protegidos. Además, recalca la importancia de un proceso justo y transparente en cualquier situación disciplinaria.

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