Estos problemas tienen su origen en el marco regulatorio detrás de los recursos hídricos, siendo su base el Código de Aguas establecido en 1981. Este marco legal introdujo el concepto de derechos de agua transferibles y otorgó la propiedad privada de los recursos hídricos. Una de las principales consecuencias de esto ha sido la inequidad en la distribución del agua, ya que grandes empresas agrícolas y mineras acaparan la mayoría de los derechos de agua.

Obviamente la crisis hídrica posee múltiples factores, sin embargo, en Chile el mayor consumidor de agua es el sector agrícola, utilizando un 73% del agua disponible. El DGA complementa esta cifra al mostrar que las actividades agrícolas y ganaderas representan un 82% de las extracciones consuntivas a nivel nacional; algo más grave aún, la extracción consuntiva se diferencia de un uso sustentable ya que la gran mayoría del agua utilizada no regresa al cuerpo de agua original.

Este es un problema estructural de Chile. Elizabeth Garrido, directora de la Escuela de Ciencias Ambientales y Sustentabilidad de la Andrés Bello, señalaba que en Chile se pierde entre el 30 y 40% del agua que se distribuye, y la mayoría de esta es agua dulce, agua potable. Este manejo ineficiente del agua se debe en parte a la multiplicidad de actores que participan en la gestión del agua, el Banco Mundial identificó 43 actores diferentes, no solo hablamos de múltiples actores, sino que también debemos entender que hay diversos organismos públicos desde los cuales se desprenden estas partes involucradas.

Por ejemplo, en el proceso de inscripción y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas, intervienen organismos públicos como la DGA, los Conservadores de Bienes Raíces y los propios tenientes de los derechos. Al no existir coordinación, los roles se superponen o rivalizan, incluso en unidades dependientes del mismo organismo.

También existen proyectos que no realizan una coordinación territorial en el lugar donde utilizarán agua, el mismo acuerdo de Codelco-SQM para la explotación del Salar de Atacama; no se consideraron múltiples recomendaciones de comunidades indígenas del sector, quienes preocupados por el mal uso del agua se tomaron el acceso al salar, desencadenando un conflicto.

Esta preocupación no es exclusiva, actualmente el 67% de la superficie de salares en Chile queda disponible para albergar proyectos de explotación de litio, suscitando cuestionamientos sobre si estas se realizarán sustentablemente. Mucha agua se contamina si esto no se realiza de forma eficiente, debemos fiscalizar estos procesos.

Obviamente no es viable detener toda actividad que necesite grandes cantidades de agua, tanto por las consecuencias económicas como humanas que conllevaría, detener su producción de un día para otro sería un desbalance que no podemos permitirnos. Sin embargo, existen mecanismos y políticas que pueden generar una transición a una utilización de los recursos hídricos de forma más sustentable en el tiempo.

Por ejemplo, una medida importante la realizó el actual gobierno, creando la Comisión Nacional de Riego (CNR) para promover la eficiencia en el uso del agua en la agricultura, entregando apoyos económicos que permitan un uso sustentable de los recursos hídricos.

También es importante destacar la introducción de proyectos de ley para reformar el Código de Aguas y garantizar una distribución más equitativa del recurso. Otra importante iniciativa fue la recién anunciada por el Gobierno Regional de Santiago, “la llave eres tú”, la cual busca implementar Estrategias Hídricas Locales en 30 comunas de la región, a través de participación ciudadana y colaboración comunitaria.

Como vemos las medidas existen, eso es innegable. En Chile el agua es una problemática importante y está en la opinión pública. El problema es que mientras avanzan proyectos como los mencionados, también existen otras áreas en las que falta trabajar.

Por lo mismo, se requieren medidas urgentes y coordinadas a nivel nacional. Esto incluye una mejor gestión y conservación de los recursos hídricos, promoviendo prácticas agrícolas más sostenibles, implementando tecnologías de riego más eficientes y fomentando la reutilización y reciclaje del agua. Además, es fundamental fortalecer la gobernanza del agua y garantizar una distribución equitativa y justa del recurso entre todos los sectores de la sociedad, por lo que modificar el Código de Aguas y fortalecer estrategías hídricas locales serían pasos importantes.

Debemos cambiar la estrategia, no más priorización de la actividad económica, ahora debemos priorizar la sustentabilidad del recurso más importante del país, el agua.