Juntas de regantes, agricultores, empresas sanitarias y autoridades locales están en una carrera contra el tiempo para acordar la redistribución del agua potable y evitar cortes de agua, ante la crisis hídrica que azota a la región de Coquimbo y que tiene algunos embalses en límites críticos.

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Es el caso del embalse La Paloma que abastece a comunas como Ovalle o Monte Patria, y que cuenta con solo 6% de su capacidad en agua embalsada. Ahora, la Dirección General de Aguas (DGA) aprobó un acuerdo de distribución que prioriza el consumo humano por sobre el riego agrícola para el agua de dicho embalse.

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Según el acuerdo, la Junta de Vigilancia del Río Limarí deberá garantizar un caudal mínimo de agua para la empresa sanitaria para evitar que se deban tomar medidas de racionamiento hídrico o cortes de agua en las comunas aledañas.

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Desde la junta de regantes, que abastece casi exclusivamente a la actividad agrícola de distintos tamaños en la provincia de Limarí, declararon ante la prensa local que el hecho de racionar el agua para riego y no para consumo humano está dejando a los agricultores “secos” y que solicitan diálogo con las autoridades para analizar alternativas.

La resolución de la DGA también obliga a la empresa sanitaria a elaborar y presentar un plan de acción con obras de emergencia para resguardar el abastecimiento de agua para la población.

Desaladoras contra sequía

La medida principal propuesta por el Gobierno para enfrentar la crisis hídrica de la región, fue aprobar una ley corta que permite al Ministerio de Obras Públicas construir plantas desaladoras.

Tras la aprobación de la ley, desde el Gobierno anunciaron en enero de este año que se licitaría durante el segundo semestre de 2024 la construcción de una desaladora en el sector de Panul de la comuna de Coquimbo, para abastecer a la conurbación de Coquimbo y La Serena, y enviar agua a Ovalle.

La aprobación de la ley generó alerta entre ambientalistas, que ven con preocupación la posible flexibilización en los requisitos para aprobar plantas desaladoras, que tienen impactos ambientales y no cuentan con una normativa específica para regularlos.

“Cualquier solución express para el problema de la sequía debe ser analizada con mucha precaución. Actualmente existen una infinidad de actividades industriales desarrollándose en la zona costera, y no hay un ordenamiento claro ni una evaluación adecuada de los impactos ambientales que estas actividades -a las que se sumaría la desalinización de agua de mar- producen al actuar todas juntas”, advierte Elizabeth Soto, bióloga marina e investigadora de Fundación