El viernes 15 de marzo la Fiscalía Metropolitana Oriente, junto al OS7 de Carabineros, allanaron la casa y la oficina del, ahora en prisión preventiva, exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz. Horas después, el abogado penalista de amplia experiencia en casos alta complejidad pública Juan Carlos Manríquez asumía su representación.

“Recién el día sábado en la tarde logré tener un contacto más estrecho con don Sergio Muñoz, trabajamos intensamente el fin de semana, también este domingo y me puse en contacto con la señora Lorena Parra, la fiscal jefa y el equipo de fiscales para manifestarle que había asumido la defensa del señor Muñoz, entregarle mi patrocinio y poder...”, aseguró Manríquez a La Tercera el domingo pasado.

Este martes en el Centro de Justicia de Santiago; de traje azul marino a rayas y lentes oscuros, se presentó frente a los periodistas que se agrupaban a la espera de la resolución de las medidas cautelares de su representado, donde aseguró que Sergio Muñoz "reconoce que se equivocó rotundamente, que no lo volvería a hacer jamás, que eso constituye una conducta impropia e indebida y así lo asume”, dando cuenta de la estrategia legal que iba llevar adelante para evitar la prisión preventiva de su representado.

Lo que finalmente no se llevaría a cabo, ya que la jueza Francis Fell Franco determinó que era un peligro para la sociedad y ponía en riesgo la seguridad de la investigación.

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Políticamente incorrecto

Egresado de la Universidad de Valparaíso en 1990, socio fundador de Manríquez Benavidez & Cía, miembro de la red internacional Privacy Rules y del Professional Standards Advisory Committee de la Barra de Abogados de la Corte Penal Internacional, Manríquez que se ha definido a sí mismo como “amante de lo políticamente incorrecto”, en entrevista para La Segunda en 2018, ha forjado una carrera legal marcada por su participación en casos de alta connotación pública en Chile.

Su reconocimiento se consolidó en 2019 cuando fue nombrado por el ranking estadounidense Best Lawyers como uno de los mejores abogados de Chile en el ámbito penalista.

Representados

Juan Carlos Manríquez ha estado en el centro de casos de alto perfil, defendiendo desde Karina Oliva imputadas por fraude y más recientemente, a la familia de Ronald Ojeda el exmilitar venezolano, secuestrado y asesinado, presuntamente por el Tren de Aragua.

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En el pasado representó al diputado Ignacio Urrutia del Partido Republicano frente a un intento de desafuero en 2018, a la exdiputada Marta Isasi en el caso Corpesca y a Marco Enríquez-Ominami en el caso SQM, a Pedro Arancibia Solar, un funcionario de la Armada condenado por la desaparición del militante socialista Jaime Aldoney Vargas en 1973, quien cumplió su condena en libertad.

Casos equidistantes de distintos miembros de la élite política que vuelven figura compleja a Manríquez, aunque asociado con el exministro José Antonio Gómez del Partido Radical, a quien defendió en el caso Ascar. Su influencia en los círculos de poder y su rigor jurídico es tal que, en 2015, inicio una candidatura a Fiscal Nacional a pesar de no ser parte del Ministerio Público.

Recientemente, Manríquez defendió al general (r) del Ejército, Ricardo Martínez, quien fue comandante en jefe del Ejército de Chile y enfrentó acusaciones en la Corte Marcial bajo la supervisión de la jueza Romy Rutherford. La exautoridad castrense estuvo implicada en investigaciones por presunto fraude al fisco.

Además, ha defendido a Karim Chahuán, concejal de La Calera de Renovación Nacional, quien fue acusado de organizar saqueos durante el estallido social y de tener vínculos con un narcotraficante local, juicio por el cual finalmente fue condenado por el delito de robo en lugar no habitado y quedó libre.

Aunque su experiencia no solo se limita a la sala de juicios, sino que también ha asesorado al Congreso Nacional y representado a congresistas y ministerios.

De esta forma Manríquez se ha posicionado como un jurista influyente con llegada en diversos círculos de poder de la élite chilena, cuya carrera ha estado marcada por casos que han tocado puntos neurálgicos de la justicia y la política del país. Una trayectoria refleja su capacidad para navegar en las complejidades del derecho penal, la política y la legislación.